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Léon Crémieux
El jueves 16, tras el rechazo (por 18 votos) de la moción de censura de LFI (La France Insoumise] contra el renombrado gobierno del primer ministro Lecornu, Macron logró formar, por el momento, un nuevo Gobierno cuya base es aún más débil que la de los dos últimos gobierno (de Barnier y Bayrou), que han gestionado los asuntos desde las elecciones legislativas de junio de 2024 y que solo duraron unos meses.
En las últimas semanas, entre el 8 de septiembre y el 15 de octubre, una sucesión de nombramientos y dimisiones de Sébastien Lecornu, un fiel seguidor de Macron, ha dado lugar finalmente a un Gobierno que solo cuenta con el apoyo real del propio presidente. Incluso los grupos que forman parte del bloque del centro (Renaissance, Horizons y Modem) están mostrando su distanciamiento de Macron y su Gobierno de fin de mandato 1. Edouard Philippe (Horizons), antiguo primer ministro de Macron, pide abiertamente y con insistencia la dimisión de este último y la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas. Gabriel Attal (Renaissance), también ex primer ministro de Macron, solo se manifiesta para marcar sus distancias con él. Por último, el partido de la derecha tradicional, Les Republicans (LR), que apoyó los dos gobiernos anteriores, ha decidido no participar en el gobierno de Lecornu, para no verse contaminados por la radioactividad de Macron y sus últimos fieles. En definitiva, asistimos al fin de un reinado y a la desintegración del macronismo, reflejo de la relación de fuerzas sociales en el país y del rechazo masivo a su política y a sus responsables políticos. Este rechazo va acompañado en gran medida de una exasperación que se centra en los superbeneficios de las grandes empresas y en la riqueza cada vez más arrogante de los superricos (el 15 de octubre, en un solo día, gracias a una subida en bolsa de las acciones de LVMH, Bernard Arnaud vio como su fortuna —la primera de Francia y la séptima a nivel mundial— aumentaba en 16 000 millones , hasta alcanzar los 164 000 millones de euros), la afirmación creciente de la necesidad de una justicia social y fiscal. Esta afirmación se reflejó en las movilizaciones sociales de las últimas semanas, en particular los días 10 y 18 de septiembre.
Este creciente aislamiento, incluso dentro de la mayoría presidencial, llevó a Lecornu a renunciar a formar gobierno el pasado 6 de octubre, tras perder el apoyo de LR de Bruno Retailleau. El mayor riesgo era un fracaso total que condujera a la disolución de la Asamblea Nacional y a nuevas elecciones legislativas 16 meses después de las anteriores. La mayoría de las encuestas predicen en este caso una debacle para los partidos políticos del bando presidencial (Renaissance, MODEM, Horizons y UDI), que perderían un tercio de sus votos y la mitad de los escaños (162 de los 577 actuales). Sea cual sea el valor de esta previsión, hoy en día la mayoría de la población rechaza al presidente y dos tercios quieren su salida.
El mismo día de su dimisión, el 6 de octubre, Macron volvió a encargar de nuevo a Lecornu que formara Gobierno y que, sobre todo, fuera capaz de evitar la disolución y lograr aprobar un presupuesto para 2026, retomando, a grandes rasgos, las mismas orientaciones que los dos Gobiernos anteriores, pero sin ser derrocado inmediatamente. Dada las relación de fuerzas parlamentarias, la única salida era obtener la benevolencia del Partido Socialista, para evitar que una nueva moción de censura obtuviera la mayoría en la Asamblea Nacional. La France Insoumise (LFI) había pedido en cualquier caso que se censurara cualquier nuevo gobierno. El PCF y los Verdes hicieron lo mismo, tras dos entrevistas con Lecornu que les habían quitado toda ilusión sobre un cambio de orientación. Como Rassemblement National (RN, extrema derecha) también anunció que votaría inmediatamente a favor de la moción de censura, la única posibilidad era hacer un gesto para obtener el respaldo del PS sin poner en tela de juicio la política global de austeridad favorable al empresariado y sin ofender demasiado a los grupos políticos del bando neoliberal.
Más allá de las exigencias políticas, existe sobre todo un temor y una exigencia por parte de las empresas y los grandes grupos capitalistas. El temor es que el descontento social desemboque en una explosión social, o al menos en una fuerte movilización prolongada como la que vivió Francia en 1995 o 2023, una situación que, dada la debilidad de los partidos de centro y derecha, como mínimo pondría en tela de juicio todas las reformas liberales de la política de oferta realizadas en beneficio de los capitalistas desde 2012 y la presidencia de Hollande. La exigencia vino de la patronal. Sintiendo la debilidad política del poder, la MEDEF (equivalente a la CEOE en el Estado español) anuncio una gran concentración nacional el 13 de octubre [finalmente desconvocada], en la que convocaba a todos los empresarios a acudir a París para oponerse explícitamente a cualquier presión fiscal adicional —en definitiva, para mantener sus privilegios fiscales— y a cualquier política que pusiera en tela de juicio los cerca de 200 000 millones de ayudas y desgravaciones fiscales concedidas a las empresas, así como a cualquier política fiscal que afectara a las grandes fortunas y a su patrimonio. Un ejemplo de estos privilegios fiscales es la ley Dutreil, que permite eximir de la mayor parte de los derechos de sucesión, de la fiscalidad común sobre las herencias, las donaciones o las herencias relativas a participaciones o acciones de sociedades industriales o de holding animatrice (una sociedad matriz). Esta exención de clase cuesta 4000 millones al año.
Así pues, por el momento, Macron ha logrado así salir del punto muerto en el que se encontraba.
En lo que respecta al PS, éste ha debilitado deliberadamente el frente político de rechazo a Macron, así como el caótico pero real avance hacia un enfrentamiento social expresado en las movilizaciones de septiembre, ayudando al mismo tiempo a que la mayoría de las direcciones sindicales (CFDT, CGC, CFDT y FO) dieran por concluida la dinámica de movilización iniciada a principios de septiembre. Para ello, Macron ha tenido que hacer una gran concesión simbólica: prometer una pausa en el aumento de la edad de jubilación y de la duración de las cotizaciones para obtener una pensión completa [lo que se conoce como la suspension de la reforma de las pensiones que provocó las grandes movilizaciones en el 2023]. En concreto, la congelación a los 62 años y 9 meses como edad de jubilación con pensión completa (con la condición de haber cotizado durante 170 trimestres), hasta 2027, es decir, hasta las próximas elecciones presidenciales. Sin esta congelación, cada año se necesitarían 3 meses más (en edad y en duración de cotización) para jubilarse con pensión completa. Dado que la cuestión de las pensiones ha sido el principal conflicto social y político desde 2023, este anuncio de la congelación ha podido aparecer, al menos simbólicamente, como una importante marcha atrás en la reforma por parte del gobierno. En teoría, unos 3 000 000 personas podrían jubilarse tres meses antes en 2026 y 2027 [ver este análisis de urgencia de Michaël Zemmour]. Esto podría parecer un estímulo, un retroceso de las políticas patronales ante el movimiento social, un retroceso que daría lugar a otros. Pero el PS prefirió venderse por un plato de lentejas, y Macron logró realizar su jugada: un pequeño sacrificio que le permite esperar evitar la catástrofe inmediata. Por ahora, salva lo esencial, en particular la poca credibilidad que le queda ante los grupos capitalistas.
En todo caso, la prometida suspensión no es más que un compromiso verbal de Lecornu que no figura en el proyecto de presupuesto presentado en la Asamblea Nacional y que debería adoptar la forma de una enmienda a la ley de financiación de la Seguridad Social (LFSS), que se debatirá y votará en noviembre/diciembre. Por lo tanto, las promesas solo comprometen a quienes creen en ellas. Pero, sobre todo, toda la estructura financiera de los proyectos de presupuesto del Estado y de la Seguridad Social prevé más de 30 000 millones de ahorros, esencialmente en detrimento de las clases populares, las y los asalariados y la gente jubilada: congelación del importe de las pensiones, de los salarios del personal funcionario y de las prestaciones sociales. Congelación también de la escala impositiva, lo que conduce mecánicamente a un aumento de los impuestos. Aumento de los impuestos a casi dos millones de personas jubiladas y recortes en el reembolso de medicamentos y prestaciones por enfermedad. Recorte de los presupuestos públicos y supresión de 3000 puestos de funcionarios… Por otro lado, no se cuestionan los 91 000 millones de euros de exención de cotizaciones sociales de las que se benefician las empresas, ni una nueva reducción de más de 1000 millones de euros en los impuestos sobre la producción. Desde 2021, la reducción del conjunto de estos impuestos sobre la producción (CVAE y CFE) es de 10 000 millones al año.
En cuanto a la justicia fiscal, la línea roja de Lecornu es la misma que la de los gobiernos anteriores: ni hablar de tocar la fiscalidad de las empresas ni la de los ingresos procedentes de las empresas. El impuesto Zucman, que propone un gravamen del 2 % sobre el patrimonio, es rechazado al unísono por la extrema derecha, la derecha y los macronistas, con el argumento de que socava los fundamentos de la inversión y pone en peligro a las empresas. Sin embargo, al afectar a los 1800 hogares con mayor renta fiscal (patrimonios superiores a 100 millones de euros), podría reportar, según Gabriel Zucman, 25 000 millones de euros al año. En la práctica, esto no tendría como efecto reducir el patrimonio de estos grandes privilegiados, sino disminuir el crecimiento de su fortuna, lo que ya es un delito para los defensores del sistema. Entre 2003 y 2023, los 500 mayores propietarios de empresas de Francia han visto multiplicarse su fortuna por 9,3, hasta alcanzar los 1,2 billones de euros en 2021 (124 000 millones en 2003). Es decir, el impuesto no sería más que una pequeña corrección en este aumento de la riqueza a costa de las clases populares. Pero ni Macron (ni LR ni el RN) se plantean cuestionar los pilares del capitalismo, los bienes profesionales.
Para intentar evitar los peligros de una movilización social, el Gobierno también ha anunciado una nueva conferencia social sobre las pensiones y el trabajo, volviendo a poner en marcha la transición de un sistema de pensiones de reparto a uno de capitalización, con la promesa de una gestión paritaria entre sindicatos y patronal y, como en muchos países, la puerta abierta a la gestión de grupos bancarios y aseguradoras. El problema es que, como a principios de 2025, cuando Bayrou impuso con mano dura un cónclave sobre las pensiones, la mayoría de las direcciones sindicales (CFDT, CFTC, CGC y FO) caen en esta nueva trampa cuyo único objetivo es dividir y frenar las movilizaciones frontal contra la política de austeridad de este gobierno y de este frágil presidente.
De ahí que, en estos últimos días, el reto ha cambiado. Ahora el objetivo es contrarrestar estos puntos de división abierta y de trabajar por la unidad y la movilización en torno a las exigencias de justicia social, presupuestaria y fiscal, siguiendo las líneas que ya se planteaban en el programa del NFP.
La dirección del PS espera sacar provecho electoral de los restos del macronismo presentándose de nuevo con una imagen de gestor compatible con el neoliberalismo. Sin embargo, fue precisamente esta orientación la que hundió al PS con la presidencia de François Hollande, y muchos militantes socialistas no lo han olvidado. Muchos de los dirigentes de los partidos de izquierda centran toda su atención en las vicisitudes parlamentarias o en la preparación de las elecciones municipales de 2026. Sin embargo, la atención debería centrarse en la organización unitaria de la respuesta social y política a las políticas patronales.
Los presupuestos han de votarse en los próximos dos meses. Semana tras semana se irán revelando los ataques que contienen y la propia derecha se empeñará en reforzar los ataques sociales. Como hace un año, al PS le costará mantener la posición benévola que ha mostrado no votando la moción de censura del día 15 hacia un Gobierno aún más débil que sus dos predecesores y empeñado en sacar adelante unos presupuestos infumables. Esto hace que sea aún más importante que el movimiento social encuentre la fuerza para desarticular este tándem reaccionario.
1. Macron concluye su mandato en el 2027
