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Fernando Berrocal
Cualquier análisis de SOLUCIONES, debe partir de un punto concreto y realista que es público y conocido: el presidente Rodrigo Chaves y su ministro de Hacienda, Nogui Acosta, han decidido por razones fiscales NO dotar del presupuesto necesario que necesita el Ministerio de Seguridad Pública, ni trasladarle los recursos que por ley le corresponden del impuesto a las exportaciones de banano, los casinos, las sociedades anónimas y los derechos migratorios. Esa es la posición OFICIAL. Una decisión que puede causar una auténtica catástrofe nacional que, a toda costa, el país tienen que evitar.
Este es un gravísimo error del Poder Ejecutivo, pero esa es la equivocada tesitura de quienes nos gobiernan en el presente y lamentarse no es suficiente.
Más allá de la justificada indignación y crítica a dicha decisión política, hay que ponderar y debatir algunas alternativas pragmáticas y viables para encontrar SOLUCIONES a esta gravísima crisis por la que atraviesa Costa Rica y que, podrían implementarse, generando en el país algunas SINERGIAS posibles que mitiguen, de alguna forma, esta gravísima crisis nacional y signifiquen un intento viable y pragmático de una política de Estado para enfrentar la inseguridad nacional y ciudadana que vivimos a estas alturas del año 2023.
Primero una definición de concepto que NO se entiende ni acepta la Administración Chaves Robles: el enfoque de la seguridad debe ser integral. No es solo un problema y una responsabilidad de la Fuerza Pública y no se trata, por más importante que esto sea, sólo de aumentar el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública y que el Ministerio de Hacienda cumpla con las leyes y le transfiera los impuestos que le corresponden. Es mucho más que eso. No estamos solo ante un problema gravísimo de falta de efectivos policiales, equipos, tecnología y mejores niveles de capacitación de nuestra Fuerza Pública y de otros Cuerpos de Policía. Se trata de atacar con políticas públicas del Estado Costarricense, como un todo, esta crisis de inseguridad desde una perspectiva paralela e integral e incluir, con mucha determinación y firmeza, acciones de contención y prevención en el ámbito de la enorme crisis económica y social que atravesamos como país y que es el caldo de cultivo de los grandes males en seguridad que aquejan a nuestra sociedad, así como acciones efectivas en salud pública y en las escuelas y colegios del territorio nacional. No es solo un asunto POLICIAL. Es un tema de naturaleza integral.
Otro punto fundamental: Costa Rica no puede sola. El tema es estructural y es regional. Se necesitan acciones de política internacional y de seguridad conjunta y colectiva, porque el narcotráfico que es el principal factor y el acelerador de la crisis que estamos atravesando, es un delito y una poderosa fuerza criminal transnacional y nuestro país, objetivamente, es uno de los eslabones más débiles de una criminal cadena de transmisión que va desde los cultivos en Colombia, Ecuador y Bolivia hasta los grandes centros de consumo en México, los Estados Unidos y Europa. El enfoque y la solución pasa, necesariamente, por una política regional conjunta y por programas efectivos y sostenibles de cooperación en muchos extremos que son urgentes y necesarios. Para Costa Rica, en particular, esa cooperación regional es indispensable en materia de inteligencia policial oportuna y confiable, así como en el refuerzo de nuestra capacidad operativa policial, especialmente en la Sección de Guardacostas y en la Sección Aérea de nuestra Fuerza Pública. Sin lanchas patrulleras y sin suficientes helicópteros, es imposible defender la soberanía del país y brindar protección y seguridad en el territorio nacional.
A pesar de todo ello, como ex ministro de Seguridad Público, soy el primero en reconocer el trabajo abnegado, valiente y el gran valor estratégico de los golpes que, nuestras Fuerza Pública, la PCD y el Organismo de Investigación Judicial, constantemente le han venido propinando a las mafias del narcotráfico en Limón, Puntarenas, Guanacaste, el Pacífico Central, el Gran Área Metropolitana y otras zonas del territorio nacional. Nuestros Cuerpos de Policía, por ese enorme esfuerzo, merecen el reconocimiento de todos los costarricenses.
Pero no es suficiente. Es obvio que estamos perdiendo una batalla crucial para nuestra sociedad. Es por ello que, asumiendo la posición cerrada y negativa del Poder Ejecutivo en materia presupuestaria, propongo algunas SINERGIAS y acciones pragmáticas y viables, en la esperanza que este tema presupuestario tarde o temprano se resolverá y podremos entonces contar, por lo menos, con recursos suficientes para tener en funciones unos 20 o 25.000 efectivos policiales, equipos y capacidad efectiva de movilidad, nuevas tecnologías y suficientes y nuevas Delegaciones de la Fuerza Pública que necesitamos en puntos estratégicos del territorio nacional y una Escuela Nacional de Policía trabajando a toda su capacidad instalada y, como resultado de ello, un país más seguro, sin miedo a los delincuentes y trabajando en paz para un mejor futuro para todos y alcanzar así el “bienestar del mayor número”, como razón de ser de nuestro Estado Social de Derecho.
1.- EL NUMERO DE POLICIAS:
En Costa Rica, para decir las cosas como son en el presente, en función de proteger la vida y los bienes de más de cinco millones de habitantes y hacerse cargo de la seguridad del territorio nacional desde la frontera con Nicaragua hasta la frontera con Panamá, del río San Juan hasta el río Sixaola y del Océano Pacífico al Mar Caribe, en total y sumando todas las fuerzas disponibles, tenemos si acaso unos 15.000 policías, a los cuales debemos restar los administrativos, los que están de vacaciones y los enfermos o los sancionados administrativamente. En los hechos y por turno policial, si acaso contamos con unos 2.500 policías en las calles y, de ese número bajísimo, no todos esos efectivos han realizado practicas de tiro o han asistido a capacitaciones en los últimos tiempos. Esto es una solemne irresponsabilidad nacional.
A la vez, tenemos más de 4.000 escuelas y colegios en todo el territorio nacional. En cada una de ellas y con cargo al presupuesto del ministerio de Educación Pública, se cuenta con guardas de vigilancia para proteger esas instalaciones físicas y evitar robos de materiales o más daño en las instalaciones.
PROPUESTA No. 1: ¿Por qué no se estructura un programa de cuatro semanas de capacitación policial y de instrucción cívica, en la Escuela Nacional de Policía para esos guardias de vigilancia, se les da el rango simbólico de “auxiliares de policía” y se articula un programa de relaciones activas con la Delegación más próxima de la Fuerza Pública o con la Policía Municipal, para bajar las incidencias de venta de droga en esos centros educativos? En poco tiempo habríamos aumentado el número de efectivos y habríamos mejorado significativamente la capacidad de inteligencia policial, prevención y acción en una gran cantidad de puntos estratégicos del territorio nacional, sin aumentar el PRESUPUESTO NACIONAL y solo a base de cooperación y estrategia policial.
2.- CAPACITACION EN ESCUELAS Y COLEGIOS:
Revivir el programa DARE y enviar a los Alfas-Limas (policías abogados) a dar capacitación en las escuelas y colegios sobre la gravedad y el impacto del consumo de drogas desde temprana edad y los efectos que las adicciones producen en los seres humanos, así como las dimensiones destructivas del narcotráfico en la sociedad costarricense y a nivel familiar y personal.
PROPUESTA No. 2: Trabajar y solicitar asistencia y cooperación financiera de Fundaciones Privadas, la Embajada de los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países amigos, para financiar, como se hacia antes, este programa fundamental, en activa colaboración con el Ministerio de Educación Pública y la sociedad civil. Las capacitaciones deberían complementarse con clases de educación cívica en todo el Sistema Educativo Costarricense.
3.- SEGURIDAD COMUNITARIA:
Asimismo, en el país, hay más de 3.000 Asociaciones de Desarrollo Comunal y distintos grupos cantonales de relación y vinculación con la Fuerza Pública y las Delegaciones Policiales, para la vigilancia activa ciudadana en los barrios y zonas conflictivas en los 84 cantones de la República. Ese trabajo de gran valor, importancia y activa y responsable participación ciudadana, desde las bases de nuestra sociedad y en temas de seguridad, está prácticamente abandonado, pero es fundamental, necesario y democrático y así debe ser en Costa Rica.
PROPUESTA No. 3: Fortalezcamos la Dirección de Seguridad Comunitaria y, desde el Ministerio de Seguridad Pública y DINADECO empeñemos los mayores esfuerzos posibles en revivir y activar este entramado de importantes relaciones entre la Fuerza Pública y los ciudadanos organizados y pongamos, a la vez, a trabajar con empeño a las Municipalidades y, en especial, a los 35 cantones que cuentan con una Policía Municipal, en un renovado programa integral de SEGURIDAD COMUNITARIA, incorporando incluso la colaboración económica de empresas privadas industriales, comerciales y agrícolas o de servicios, localizadas en esos cantones y que, estoy seguro gustosas, colaborarían con los mismos y que son, también, de seguridad y beneficio propio y cuyos aporte, a la vez, serían descontables de los impuestos que deben pagarle al Estado Costarricense. Hagamos de la seguridad ciudadana una causa común entre muchos actores a nivel nacional, regional y cantonal.
4. LA RESERVA DE LA FUERZA PUBLICA:
Se conoce que, recientemente, se hicieron cambios de cúpula de la Reserva Nacional.
PROPUESTA No. 4: Démosle efectiva importancia y ampliemos el número de voluntarios de la Reserva Nacional, como complemento de las acciones de la Fuerza Pública. Son cientos de valiosos expolicías retirados o pensionados y de muchos otros ciudadanos conscientes y a quienes les interesa por vocación y por conocimientos personales calificados, los temas de la seguridad nacional y ciudadana. Ahí hay un potencial enorme que no se está aprovechando como parte de una causa patriótica que es nacional y que, en última instancia, significa la vigencia misma de nuestro sistema democrático y la lucha contra las mafias de narcotraficantes y la criminalidad organizada. La Reserva de la Fuerza Pública ha sido paulatinamente desmantelada. Volvamos a fortalecerla, entusiasmemos a esos cientos de ciudadanos, capacitémoslos mejor y con valores cívicos en la Escuela Nacional de Policía y ampliemos la capacidad de acción, inteligencia y respuesta del país, frente a esta gravísima crisis de inseguridad nacional por la que estamos atravesando en el presente.
5.- UNA CRUDA REALIDAD:
Mientras el país cuenta con apenas unos 15.000 efectivos policiales en activo, las empresas privadas de seguridad disponen de más de 30.000 guardas privados registrados, capacitados y en activo, con equipos, armas y tecnología. Es más, son esas empresas privadas las que le dan seguridad a los bancos y a las instituciones del Estado Costarricense.
PROPUESTA No. 5: Aunque esa actividad es legítima y hasta está vigente una Ley de Seguridad Privada, existen absurdas limitaciones reglamentarias que deberían revisarse y actualizarse, para generar positivas SINERGIAS en beneficio de la seguridad en Costa Rica.
En absoluto y sobre este extremo soy contundente y totalmente claro, NO para sustituir una responsabilidad que constitucionalmente le corresponde al Estado y nada más que al Estado Costarricense, pero SÍ para contribuir a aliviar la profunda y violenta crisis de inseguridad por la que estamos atravesando, en colaboraciones activas de inteligencia policial y de relación preventiva con las Delegaciones de la Fuerza Pública y las Policías Municipales, desde los barrios y multifamiliares que cuentan con seguridad privada que son una enorme cantidad en todo el territorio nacional o, por ejemplo, de los guardias o vigilantes que, en la actualidad, están detrás de las puertas de entrada a un banco estatal o privado o de una tienda o un comercio y que podrían estar autorizados para estar afuera de esa puerta, uniformados por esas empresas y en contacto telefónico con la Fuerza Pública, para facilitar su capacidad de reacción frente a unos ladrones, un carterazo o un asalto en pleno vía pública.
Si hiciéramos eso, sin sustituir para nada las responsabilidades de nuestros Cuerpos de Policía que es indeclinable por la Constitución Política, podríamos tener una imagen y presencia de seguridad territorial y perimetral ampliada en la Avenida Central de San José y en una enorme cantidad de parques y avenidas de comercio en las principales ciudades. ¿Por qué no hacerlo? Se hace en Suiza y en los países más civilizados del mundo. ¿Por qué no hacerlo también en Costa Rica? Para que se me entienda bien y no se me malinterprete con otras intensiones: no se trata de privatizar absolutamente nada y mucho menos las funciones de la Fuerza Pública que son indeclinables y de nivel constitucional. Se propone, nada más, SINERGIAS de cooperación e inteligencia que aumentarían la seguridad en todo el territorio nacional y la colaboración bien estructurada y planificada de un grupo de empresas legalmente establecidas en Costa Rica y que, además, le dan seguridad al Estado Costarricense.
6. UN DATO ILUSTRATIVO:
Para dar un dato ilustrativo y de la realidad: los presupuestos de seguridad del Banco Popular o del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica, fácilmente, andan en el orden de los 6.000 millones de colones cada uno y súmele los recursos presupuestarios en seguridad del ICE, el INS, AyA, RECOPE y otras instituciones del Estado. Eso es, literalmente, un inmenso dineral de recursos presupuestarios invertidos en seguridad.
PROPUESTA No.6: ¿No es posible y necesario, dado que la seguridad es un asunto estatal y de responsabilidad nacional y visto que la Casa Presidencial y el Ministerio de Hacienda no quieren soltar un colón más para el Ministerio de Seguridad Pública, que con esos bancos e instituciones autónomas se pudiera organizar y planificar programas de cooperación y complementación a nivel de seguridad, fortaleciendo el trabajo de nuestra Fuerza Pública? Tómese en cuenta, además, que una buena parte de esos enormes presupuestos se destinan a sofisticadas tecnologías modernas y a pagar los servicios que les prestan las empresas de seguridad privada. Ahí hay un terreno enorme de cooperación activa que explorar y concretar inteligente y democráticamente, porque el Estado Costarricense es uno, aunque haya división de Poderes y régimen de instituciones autónomas. La crítica situación nacional obliga a la consideración a fondo de un Programa Conjunto de Seguridad y hacer de la seguridad una responsabilidad de todos.
7.- FINALMENTE: LA GRAN REFORMA EN SEGURIDAD PUBLICA:
En la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, está presentado un proyecto de ley de aspiración integral y algunos del Poder Ejecutivo con enfoques parciales y específicos. En lo personal y por cuanto conozco a fondo el texto del No. 23612 presentado por 17 Diputados del Partido Liberación Nacional, apoyo la tesis de crear un nuevo Sistema de Seguridad Pública, mediante una reforma integral de la Ley General de Policía y la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, para coordinar por ley los esfuerzos dispersos de los distintos Cuerpos de Policía y enfrentar en forma integral y paralela, con políticas públicas del Estado Costarricense, establecidas y evaluadas desde un Consejo de Seguridad Nacional, la crisis de inseguridad nacional y ciudadana en sus causas y no solo en sus efectos. Entiendo que, también, hay un proyecto amplio presentado por el PUSC y cinco proyectos específicos del sector oficialista. Por otra parte, desde el Colegio de Abogados, un grupo de colegas exministros y ex altos jerarcas policiales y del OIJ, han estado proponiendo por escrito distintas iniciativas en materia de seguridad.
PROPUESTA No.7: ¿Por qué no hacemos una encerrona patriótica y un esfuerzo común, entre todos los factores reales de poder político, poniendo en la primera línea de acción al actual ministro de Seguridad Pública y al de Justicia, así como al Fiscal General y al Jefe del Organismo de Investigación Judicial, con los Diputados de esa Comisión que representan a todas las Fracciones Parlamentarias de la Asamblea Legislativa y un grupo de calificados y expertos asesores y nos proponemos, patrióticamente, sacar una legislación integral, moderna y efectiva en materia de seguridad nacional y ciudadana?
Hagámoslo, con sentido de urgencia, de ahora a mayo del 2024 y así dotar al Estado Costarricense, en un período razonable de tiempo, de los instrumentos legales y operativos necesarios para frenar y enfrentar con mayores posibilidades de éxito a las mafias criminales que se están apoderando de Costa Rica. La reforma que se necesita en Costa Rica incluye, además, urgentes reformas al Código Procesal y al Código Penal y una reconsideración a fondo del Sistema Penitenciario, porque nos guste o no aceptarlo en nuestras cárceles se están violando flagrantemente los Derechos Humanos Fundamentales de las personas privadas de libertad y, por otra parte, no contamos con los instrumentos legales y operativos necesarios para actuar contra los narcotraficantes y las inmensas fortunas que han adquirido ilegalmente explotando este negocio brutal y destructivo de las drogas ilegales.
Si no queremos terminar siendo un “país fallido” como otros de nuestra región, dejemos a un lado nuestras diferencias y trabajemos juntos por Costa Rica.
