Leonardo Garnier
En medio del escepticismo y hasta el pesimismo que ha embargado al país en los últimos meses, quiero decir que la propuesta que anunciaron ayer el presidente de la República, don Carlos Alvarado y el presidente de la Asamblea Legislativa, don Eduardo Cruickshank, merece algo más que una oportunidad: merece el apoyo de cada uno de nosotros, de los diversos sectores y de la sociedad en su conjunto. No digo esto con ingenuidad – no vivimos tiempos para ser ingenuos – sino con una profunda preocupación.Costa Rica es un país con un enorme potencial, un país que, a lo largo de su historia, no solo ha sabido transformarse para impulsar su crecimiento sino para convertir ese crecimiento económico en desarrollo social. Supimos superar la dramática crisis de los años ochenta dinamizando nuestra economía con una audaz apertura económica y manteniendo una sólida institucionalidad dirigida a garantizar los derechos humanos y el bienestar. Sin duda hubo sombras en ese proceso, en particular porque, en medio del éxito de algunos, no logramos reducir la pobreza de parte importante de los hogares costarricenses, que se vieron excluidos del progreso de las últimas décadas y, en consecuencia, se nos ensancharon las brechas de desigualdad en la distribución del ingreso y el acceso a las oportunidades. Además, nuestra capacidad para avanzar en la solución de estos problemas se vio socavada por nuestra propia incapacidad para resolver un agudo y creciente desequilibrio fiscal.
Ya era más que difícil el dilema que enfrentábamos como país cuando, encima, reventó la pandemia del COVID-19 que, como en todo el mundo, constituyó no solo una amenaza a la salud y la vida de muchas personas, sino que desató una profunda recesión económica que golpea severamente el empleo y los ingresos de las familias y exige de medidas heroicas por parte del Estado y de la sociedad. En los últimos meses no solo hemos visto como aumentan diariamente los contagios por la pandemia, sino que aumenta también la zozobra y el malestar, aumenta también la incredulidad y el escepticismo frente a las autoridades; y aumenta esa peligrosa sensación de confrontación que, en lugar de facilitar la construcción de una salida común, nos enfrenta y nos paraliza.
Por eso resulta reconfortante el espacio que se abre con la propuesta anunciada ayer. No hay garantías, por supuesto, pero a mí me alegra que se esté planteando finalmente una metodología clara para guiar la construcción del acuerdo necesario para enfrentar el problema enorme que tenemos. Me alegra en particular el papel de Jorge Vargas Cullel, director del Proyecto Estado de la Nación, como facilitador y director del proceso (y uso las dos palabras con toda la intención, pues estos procesos requieren tanto de facilitación como de dirección). No hay esquema perfecto, ni balance perfecto, ni garantía de éxito, pero al menos se plantea como un proceso ordenado y reglado, que es mejor que la mera confrontación callejera y también mejor que el confuso escenario que se estaba viendo venir a partir de un sinnúmero de diálogos bilaterales que no parecían capaces de llevarnos a buen puerto.
Esperemos que el Poder Ejecutivo pueda recuperar la credibilidad y jugar un papel positivo y propositivo en la construcción de una propuesta que sea al mismo tiempo ambiciosa y realista, sólida en lo técnico y viable en lo político. Esperemos también que el papel de la Asamblea Legislativa como acompañante activo del proceso sea una garantía para la representatividad y la viabilidad parlamentaria de los acuerdos que se logren. No va a ser un proceso fácil y podría fracasar por muchas razones, pues los problemas que enfrentamos son difíciles y su solución exigirá reformas profundos y verdaderos sacrificios, si queremos recuperar nuestra capacidad de volver a crecer generando bienestar e integrando a toda la población.
Desde hace mucho rato el país vive un deterioro de su capacidad para construir acuerdos. Por eso mismo, uno de los retos más grandes estará en lograr que los acuerdos a los que se llegue distribuyan equitativamente las cargas del ajuste, que los sectores que más nos hemos beneficiado del crecimiento y la modernización del país en los últimos treinta años – tanto en el sector público como en el privado – tengamos la capacidad y la generosidad de ceder, en beneficio de aquellas personas, hogares y sectores que han quedado rezagados y a los que más duramente está golpeando esta crisis. Y cuando valoremos el sacrificio que estos acuerdos nos exijan a nosotros, ubiquémonos… y recordemos, por ejemplo, que el ingreso promedio del veinte por ciento de los hogares más pobres de Costa Rica ronda apenas los ¢200 mil al mes. Quienes más oportunidades tenemos, tendremos que aportar más.
La situación es muy grave. Lo que nos jugamos es muy grande. Tenemos que estar a la altura de los tiempos. Solo espero que, en esta ocasión, nos ayude esa misma gravedad de la situación que vivimos y el creciente convencimiento de casi todas las partes de que, si no actuamos pronto, la crisis se va a resolver de la peor manera y todos vamos a perder.
Empecé diciendo que la propuesta de don Carlos y don Eduardo merece una oportunidad. Termino diciendo algo más que eso: esta podría ser nuestra última oportunidad. Sepamos aprovecharla.
@leogarnier
Fuente: Página Abierta