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Enrique Gomáriz Moraga
“¡Democracia, democracia, democracia!” repetía la nueva mandataria al iniciar su discurso de victoria. Pero era una afirmación bastante polisémica. Podría referirse al consistente apoyo popular que demuestra el tamaño de su victoria electoral, que le permitiría continuar el proyecto iniciado por su antecesor, o bien aclarar que lo llevaría a cabo sin forzar los contrapesos institucionales, el pecado de que le acusan desde la oposición. Aunque también es posible que fuera una combinación de ambas cosas, algo que se aclarará con el tiempo.
El propósito central del proyecto continuista fue emitido por doña Laura con toda rotundidad: proclamó que “este es el final de la Segunda República”, la que se inició después de la guerra del 48 y ha durado hasta hoy. Se trata de un cambio “profundo e irreversible”. Así que, esta victoria electoral refleja el nacimiento de un nuevo modelo sociopolítico. “¡Hoy nace la Tercera República!, exclamó.
Es decir, el cambio de modelo tiene ya una denominación clara (la III República). Pero cabe preguntarse sobre dos supuestos decisivos: ¿Qué causas justifican ese considerable cambio? Y, sobre todo, ¿será posible implementarlo en su cabal dimensión?
Podría argumentarse que la propia victoria electoral, de enormes proporciones, después de los fuertes cuestionamientos hechos al presidente saliente, sería suficiente justificación del radical cambio propuesto. Pero eso no explicaría las razones profundas que están detrás del éxito del continuismo. Distintos observadores, Sergio Ramírez entre ellos, afirman que eso tiene que ver con el drástico cambio de la sociedad tica: la Costa Rica pacífica y segura ya no existe. Habría que agregar: tampoco la Costa Rica poco desigual.
Profundizando en la reflexión, sería necesaria una interrogante agregada: ¿y ese deslizamiento hacia la inseguridad y la desigualdad, fue inevitable? ¿Cuál es la razón que ha impedido al sistema político costarricense evitar ese negativo cambio?
Mi percepción es que ello procede de una disrelación entre el cambio sociopolítico real y la cultura política imperante. Desde una óptica positiva, puede afirmarse que hay proyectos políticos que pueden morir de éxito. Eso es lo que ha sucedido con el modelo político surgido de la guerra civil del 48 (regularmente denominado la Segunda República). Es indudable que ese sistema, tendencialmente socialdemócrata, ha sido un modelo exitoso, que estableció bases económicas y políticas, para consolidar la democracia más estable de la región.
Sin embargo, los cambios societales profundos no fueron absorbidos con la prontitud necesaria. La confirmación del paso de una sociedad rural a una urbana, el impacto de las crisis mundiales, la radical modificación del modelo productivo, la aparición de dos esferas de consumo, así como los propios defectos de la cultura política, entre otros fenómenos, impidieron absorber cabalmente los cambios. También hay que consignar que la forma de hacer política establecida no carecía de defectos. Por ejemplo, la tendencia a evitar el disenso con franqueza. En otros países centroamericanos se hacia el comentario que si hay algo difícil en este mundo es saber lo que realmente piensa un tico. La inclinación a dar respuestas sobre la base de decir lo que el interlocutor espera oír, tenía efectos políticos efectivos. Las encuestas sobre confianza mutua han mostrado que esa confianza era considerablemente baja, incluso comparándola con la existente en otros países centroamericanos. Y creo que es una buena hipótesis de trabajo pensar que la ruptura con ese estilo ha sido un dividendo para Rodrigo Chaves.
El problema agregado ha consistido en que, mientras se daban los cambios sociales profundos, la inclinación en la cultura política mayoritaria ha sido la de insistir en los rasgos del antiguo modelo exitoso. Ello ha propiciado una creciente separación entre los operadores de esa nostalgia sistémica y el malestar del país profundo. Algo que estalló con la llegada de un outsider que hacía una propuesta desafiante. La victoria de Rodrigo Chaves en las elecciones pasadas constató esa situación.
La atropellada presidencia de Chaves ha reflejado tanto el desconocimiento del sistema institucional del mandatario, como la resistencia que le han presentado los nostálgicos del anterior modelo exitoso. Pero la rotunda victoria electoral de su continuadora, muestra que, pese a las frecuentes faltas de corrección del mandatario saliente, el país profundo sigue dándole su apoyo.
No obstante, el objetivo deseado (el cambio hacia a III República) no está en absoluto garantizado. El planteamiento del anterior presidente ha consistido -y consiste- en reducir o eliminar muchos de los contrapesos institucionales que impiden a Costa Rica adaptarse al mundo actual. Y ese es el fundamento de su queja acerca de que, en realidad, al interior de esos contrapesos se refugian los nostálgicos del viejo modelo desactualizado, que, en la práctica, no le han dejado gobernar. La respuesta de sus opositores es que Chaves ha buscado la destrucción de los contrapesos institucionales que afianzan la democracia.
Un ejemplo ilustrativo de esta encrucijada se observa claramente en al tema de la seguridad ciudadana. Chaves sostiene que sin cambiar los métodos actuales resulta imposible detener el ascenso de la criminalidad y que, por ello, hay que dar pasos hacia la mano dura. De hecho, semanas antes de las elecciones invitó al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, al acto de poner la primera piedra de una megacárcel de alta seguridad similar a la levantó Bukele en su país. Naturalmente, ese planteamiento de Chaves ha sido contestado por quienes sostienen que eso significaría romper con el sistema garantista que ha caracterizado a Costa Rica. De todas formas, varios candidatos en la campaña electoral han apuntado a la posibilidad de adoptar medidas excepcionales para combatir el crimen.
Hay pues un duelo argumental sustantivo. Ante todo, existe la evidencia de que la criminalidad ha crecido radicalmente, pero para enfrentarla hay dos planteamientos. De un lado, quienes afirman que los antiguos procedimientos no van a detener el crecimiento de la violencia, y, del otro, quienes consideran que no mantener íntegro el sistema garantista conducirá inexorablemente a un sistema político autoritario. También hay diferencias en cuanto al estadio ya alcanzado por el fenómeno de la criminalidad. Y ello tiene consecuencias respecto a la respuesta pública al problema. Hay quienes ponen el acento en la actuación preventiva (más educación y oportunidades para los jóvenes, etc.). Pero los expertos en la materia señalan que ese estadio ya se ha superado y que sin fuertes medidas de contención no será posible detener el crecimiento de la inseguridad. Así las cosas, algunos se preguntan si no sería posible constreñir algunos aspectos del sistema garantista, para contener el ascenso del crimen, y así evitar el fracaso de los medios tradicionales, algo que finalmente podría conducir a la bukelización del país.
Este dilema refleja, en una temática sensible, lo que enfrenta la nueva presidenta respecto al avance hacia la Tercera República. Por un lado, existe la percepción previa de que es necesario reformar el Estado. De hecho, desde hace tiempo la reforma del Estado ha sido una frecuente reflexión académica y política. Para muchos especialistas, la II Republica ha tratado de enfrentar la alta desconfianza mutua mediante una creciente tendencia a los controles administrativos, algo que ha sido percibido por el país profundo como un entramado obstaculizador, que solo beneficia a la burocracia y las élites. Por eso el discurso de Chaves de que hay que salir de ese entrampamiento ha recibido un apoyo social tan considerable. Desde luego, sus críticos le acusan de querer librarse de toda traba para impulsar una gobernanza autoritaria.
Pero más allá de las intenciones, cabe la pregunta de si el acceso a la III República será efectivamente posible. Desde el plano legislativo, la nueva presidencia encara tres opciones. La primera, inmediata, tratar de usar las leyes ordinarias (para lo cual tiene mayoría suficiente) en orden a producir cambios institucionales profundos. La única certeza que proporciona esta opción es que la corte constitucional (la Sala IV) tendrá un trabajo exhaustivo en esta legislatura, dada la cantidad de recursos y denuncias que le lloverán encima. La segunda, acudir a la iniciativa legislativa popular, recogiendo firmas para pedir y lograr una Constituyente. Este proceso supondría un período de lucha política enconada. En este contexto, habría que ver si no se producen diferencias agudas entre Rodrigo Chaves y Laura Fernández, algo que no hay que descartar durante toda la legislatura. Y la tercera, que habría de suceder en el arco parlamentario, supone la negociación con Liberación Nacional, que es la única fuerza que sumada a la bancada oficialista compondría la mayoría cualificada que necesita la reforma constitucional. Una negociación considerablemente difícil, porque el PLN se encuentra presionado por el resto de los opositores progresistas al oficialismo y podría salir fracturado de esa negociación.
En suma, se perfilan dos escenarios dinámicos por delante. Establecer con claridad si es posible un cambio estructural del sistema político, que hoy el oficialismo denomina III República, sin que ello suponga un abandono de los patrones básicos de la democracia. Y saber si ello será posible en las complejas condiciones políticas en que se encuentra la nueva presidenta, teniendo que operar a favor del amplio apoyo popular recibido, frente a fuerzas políticas opositoras nutridas por un intenso resentimiento, y bajo la atenta mirada fiscalizadora que el presidente saliente, que podría formar parte de su gobierno, emitirá inevitablemente.
