El Proyecto de Ley No. 23612

Fernando Berrocal

Muchas veces he afirmado que, por no tener ejército desde la histórica y visionaria decisión de don Pepe Figueres en 1948, Costa Rica necesita tener la mejor y más profesional policía de América Latina y que lo podemos lograr.

A eso se refiere este artículo en Cambio Político, sobre el proyecto de Ley # 23612 en agenda de la Asamblea Legislativa, para enfrentar la grave crisis de inseguridad y violencia criminal que atravesamos en el presente y que se proyecta con más fuerza hacia el futuro, estableciendo un método y una metodología para que, los distintos Cuerpos de Policía que integran la Fuerza Pública, actúen en forma eficiente, coherente y coordinada por ley, en el marco de una política pública integral del Estado Costarricense, definida al más alto nivel en un Consejo de Seguridad Nacional y ejecutada por el Ministerio de Seguridad Pública como ente rector y en alianza estratégica con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Organismo de Investigación Judicial y entidades competentes a nivel nacional e internacional.

Estamos ante un tema país y no solo se trata de un tema de naturaleza solo policial, como ha sido tratado por mucho tiempo. Es muchísimo más que eso.

Costa Rica fue siempre un país singular y diferente. Diría que un país especial y conste que conozco de arriba abajo y he trabajado, buena parte de mi vida profesional, en América Latina. Lo que digo lo sostengo y me explico:

Nos conquistó un español que sabia leer y escribir y era educador, de nombre Juan Vásquez de Coronado, que es como decir hoy en día un hombre doctorado y universitario. La independencia nos llegó a lomo de mulas dos meses después de ser declarada en Guatemala. Nuestro primer jefe de Estado, don Juan Mora, era también educador. La nacionalidad costarricense cuajó y se hizo realidad, con un ejército de campesinos en una guerra anti imperialista contra los filibusteros esclavistas del sur de los Estados Unidos, a la que convocó el más grande patriota nacional de todos los tiempos que fue don Juan Rafael Mora.

Los militares que recobraron la honra costarricense en 1861, varios años después de los ignominiosos fusilamientos de Puntarenas, eran educados, masones y liberales, auténticos hombres de la ilustración francesa y nos legaron una Constitución Política a la altura de las mejores de su tiempo en 1871. Nada que ver con los gorilas de Centro América. Uno de esos generales, don Bernardo Soto, que también era abogado, obligó a sus pares atrincherados en los cuarteles, a reconocer el triunfo de la oposición católica y conservadora y ahí, a regañadientes de los militares, nació nuestro sistema democrático.

Hacia fines del siglo XIX, con el impuesto a las exportaciones de café, se construyó una joya arquitectónica que transformó a San José “en una aldea con un Teatro Nacional a la altura de las mejores capitales de Europa”. Después vinieron los liberales laicos y, algunos de ellos, por su liderazgo visionario y su capacidad intelectual y ética, construyeron un olimpo y una castalia en un país pequeñísimo y de muy pocos habitantes, en el medio de las Américas. Solo citar, entre otros, a Ricardo Jiménez, a Cleto González Víquez, a don Mauro Fernández o a González Flores, es un orgullo para cualquier costarricense.

En los cuarenta del siglo pasado, el doctor Calderón Guardia aliado con la Iglesia Católica y con los comunistas, nos dieron la Reforma Social, la CCSS y un Código de Trabajo que se adelantó a los tiempos de América Latina y sentó las bases de un Estado Social de Derecho que, con el triunfo de la Revolución de 1948 y en el texto de la Constitución Política de 1949, encontró su direccionamiento institucional por varias décadas hasta fines del siglo XX. La generación del 48, la de ambos bandos, como dice el monumento a los caídos en la finca La Lucha, fue brillante y nos legó una Costa Rica que debemos defender y hacer avanzar, no mirando hacia atrás con una actitud conservadora, sino con pleno conocimiento de las realidades objetivas del presente y con una visión reformista y progresista, como ha sido la línea maestra de nuestra historia Patria, aún en los momentos más controversiales y difíciles. Las actuales generaciones, tenemos la obligación de hacerlo y superar la crisis que atravesamos y enfrentar y superar los nuevos paradigmas y retos del siglo XXI, con un nuevo y reformado modelo de desarrollo nacional.

A eso se refiere, en materia de seguridad nacional y ciudadana, este proyecto de Ley #23612, redactado y ajustado conjuntamente y presentado a la Asamblea Legislativa por iniciativa del Diputado Gilberth Jiménez y con la firma de 17 Diputados del Partido Liberación Nacional. Es un proyecto de 84 artículos y VIII Transitorios que, en lo fundamental, reforma la Ley General de Policía y la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, creando un Sistema de Seguridad Pública, como una respuesta integral y coordinada a la crisis de inseguridad nacional y ciudadana por la que atraviesa Costa Rica y la región, desde hace décadas y que, en los últimos tiempos, se ha transformado en una alarmante prioridad nacional, con graves implicaciones negativas, en todos los campos e incluso en el esencial e institucional de nuestra vida en democracia. Estamos ante una amenaza real y poderosa que nos podría transformar en un país fallido, al peor estilo de otros pueblos hermanos de Centro América.
Cuatro realidades obligan a esta reforma integral:

1. El narcotráfico como un poderoso fenómeno de criminalidad transnacional organizada que ha modificado las condiciones de seguridad en nuestro país y en la región, generando un proceso de corrupción en esferas claves de nuestra sociedad y violencia y muertes por sicariato, como nunca antes en décadas. A finales de este primer semestre del 2023, ha habido más de 400 asesinatos y nadie pone en duda la perversa influencia de esas mafias en la vida nacional y el peligro que los carteles mexicanos y colombianos, además de los nacionales, significan para la institucionalidad democrática de Costa Rica. Hoy se matan entre ellos por el control de territorios de venta y negocios. Mañana comenzarán con el secuestro extorsivo y con el asesinato de alcaldes, ministros, diputados y ciudadanos honestos que no se dobleguen a su poder.
2. La debilidad estructural y la urgente necesidad de coordinación (no fusión) obligada por ley de nuestros dispersos Cuerpos de Policía, en lo preventivo y represivo, incluyendo a las Policías Municipales, así como la falta de un presupuesto correcto y suficiente para las necesidades funcionales y estratégicas del Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la República y el Organismo de Investigación Judicial, eliminándoles la regla fiscal. La urgente necesidad de la profesionalización y el aumento real del número de policías (al menos a 20.000 policías bien capacitados en el mediano plazo) y el mejoramiento físico de las Delegaciones Policiales y de los equipos, salarios y condiciones de trabajo de nuestra Fuerza Pública, así como de la utilización de nuevas y eficaces tecnologías y estrategias modernas de lucha contra la criminalidad organizada, en el campo incluso de la ciber-seguridad del Estado Costarricense. Para ello, tenemos las extraordinarias instalaciones físicas y tecnológicas de la Escuela Nacional de Policía en el cantón de Pococí. Hasta se podría vender servicios de capacitación.
3. La absoluta convicción, como doctrina costarricense sobre seguridad, de que la solución son políticas públicas integrales del Estado Costarricense, definidas al más alto nivel en un Consejo de Seguridad Nacional reformado y ampliado para implementarlas en forma coherente, activa y con rendición de cuentas, constante verificación de resultados a nivel nacional, regional y cantonal, uniendo esfuerzos y desplegando acciones efectivas en varios campos y no solo en el frente policial o en el judicial. Especialmente, se debe trabajar en el campo de las políticas sociales y educativas y no solo en el campo policial o, de otra forma, nuestro pequeño y vulnerable país no podrá enfrentar satisfactoriamente la crisis de inseguridad y de violencia criminal que enfrentamos. Además, estamos ante un poderoso fenómeno de delincuencia transnacional que obliga a un esfuerzo coordinado y conjunto de varios países y a mucha cooperación internacional, en acciones conjuntas y en el intercambio constante de información de inteligencia policial y de seguridad.
4. Urgen medidas policiales inmediatas, pero igualmente un esfuerzo nacional sostenido, bien articulado y coherente de mediano y largo plazo, que solo se podrá conseguir por medio de un Sistema de Seguridad Pública democrático, civilista, eficiente e integral, porque la solución no pasa solo por aumentar el número de miembros de nuestra Fuerza Pública y profesionalizarlos. Se requiere de una política pública integral del Estado Costarricense y se necesitan alianzas estratégicas a muchos niveles, nacionales e internacionales, para ganarle esta batalla al poderoso narcotráfico y a la criminalidad organizada. No hay otra forma de enfrentar la crisis de inseguridad y el poder económico y táctico de las mafias del narcotráfico y de su perniciosa influencia nacional, que no sea de una forma integral, pragmática y coordinada por ley. La alternativa de la liberación del consumo de drogas es, por ahora, una utopía y está sujeta a una controversia científica y política a gran escala y sin solución. Lo inmediato y urgente es la crisis de nuestro Sistema de Seguridad Pública.

De ahí la importancia de este proyecto de ley #23612. De ahí la necesidad de que los señores Diputados de todos los partidos políticos y el Gobierno de la República, lo estudien y le hagan las reformas que sean necesarias, para mejorar su texto y sus propósitos e igualmente que el mismo sea analizado por las organizaciones de los propios policías y los sectores organizados de la sociedad civil. Este es un tema país. Un tema que nos incumbe a todos. Un tema al que tenemos que encontrarle solución en este año 2023, o vamos a terminar negando nuestra propia historia y terminando como un país fallido, al peor estilo de otros pueblos hermanos o, peor aún, porque una solución no civilista y democrática, dentro de nuestro Estado Social de Derecho, iría en contra de los valores más profundos del “ser costarricense” y de la historia que nos ha permitido singularizarnos y diferenciarnos como país en América Latina.

El punto de inflexión se dio con el paro policial de hace un mes y las protestas espontaneas que paralizaron pacíficamente al país, en contra de la propuesta desproporcionadas de jornadas de trabajo y descanso para la Fuerza Pública, de la cual nació la Unión Nacional de Policías, como organización de base y de lucha democrática por los derechos legítimos a que tienen derecho los hombres y mujeres que, día a día, cuidan nuestra seguridad y la del país. Esos policías rasos le hablaron con franqueza y gran dignidad al señor presidente de la República Rodrigo Chaves, en la Delegación Metropolitana, sobre el estado lamentable en que trabajan y se encuentra actualmente nuestra Fuerza Pública, encargada de velar por la paz y la seguridad de Costa Rica y de sus habitantes, en todo el territorio nacional. Es increíble pensar que, en el presente, menos de 2.500 policías por turno se encargan, en malas condiciones, sin prácticas regulares de polígono y de capacitación constante, con la mitad de la flota de transporte en el suelo y varada, de la seguridad de todo el territorio nacional y de frontera a frontera, en un país de más cinco millones de habitantes. Esto es una solemne irresponsabilidad nacional que debemos corregir o vamos a terminar siendo un país fallido de Centro América.

Eso no puede ser así por más tiempo. El país tiene que reaccionar. Ahí está ese proyecto de Ley # 23612 como base y referencia para realizar este urgente y prioritario trabajo en materia de seguridad nacional y ciudadana, al margen de cualquier consideración político partidista. Estamos ante una grave crisis país de inseguridad y un problema que es de todos los costarricenses. El Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, tienen la enorme responsabilidad histórica de hacer esta necesaria reforma democrática y civilista y modernizar nuestro Sistema de Seguridad Pública. Nos va en ello el destino de Costa Rica.