El populismo y el deterioro del Estado Social de Derecho

Guido Mora

Privilegiar las metas fiscales, sobre la inversión social, práctica común de las últimas administraciones de los partidos políticos tradicionales y del Partido Acción Ciudadana, solo ha generado descontento en importantes grupos de costarricenses.

Estos sectores sociales, perdedores del modelo de desarrollo, han sido abandonados por el Estado.

En la vorágine del consumismo, el egoísmo y el hedonismo que promueve el capitalismo postmoderno, los grupos privilegiados les han dado la espalda, condenándolos a la pobreza, al abandono y la desesperanza.

Estos espacios hoy son aprovechados por la delincuencia internacional y el narcotráfico, para capturarlos en sus redes que, aunque condenan a la muerte y la corrupción, les permite disfrutar -al menos temporalmente- de recursos a los que, de otra manera, no tendrían acceso.

La obstinación en el mantenimiento y defensa de las metas fiscales que ha privilegiado el modelo de desarrollo y que forma parte de la única ruta que conoce el ex empleado del Banco Mundial, hoy presidente de la República, sólo tiende a profundizar el descontento del cual se nutren el populismo y el autoritarismo.

Por una parte, con el patrocinio del presidente y el obcecado trabajo del ministro de hacienda, el gobierno impulsa el recorte de los programas destinados a los sectores más vulnerables, reduciendo la inversión social. Se sigue privilegiando el cumplimiento de las metas economicistas y fiscalistas, aunque eso signifique un mayor deterioro del Estado Social de Derecho.

Por otra, el discurso oficial señala insistentemente a los representantes de los partidos políticos y de los grupos tradicionales vinculados al poder político, como los culpables del persistente deterioro de las actuales condiciones sociales. Concretamente, la narrativa oficial les responsabiliza por obstaculizar “las revolucionarias transformaciones que procuran impulsar desde su administración” pero que, como la ruta de la educación o la de la salud, sólo existen en la cabeza de incompetentes y dóciles funcionarios que hoy ocupan las carteras ministeriales y que, a veinticinco meses de la administración Chaves Robles no pueden mostrar logros importantes, como legado de su trabajo en las carteras que ocupan y donde cobran su salario.

Aunque el Poder Ejecutivo es quien impulsa los recortes en la inversión social, con el discurso oficial y en la profundización del descontento ciudadano, mantienen en el imaginario de importantes grupos sociales, la idea de que los responsables de esta acción son los representantes de los grupos tradicionales vinculados al poder político.

No podemos perder de vista que este deterioro favorece y fortalece la posición del gobierno que, al profundizar y ampliar el descontento, alimenta el populismo y el autoritarismo del que se sostienen los amplios índices de apoyo a la gestión del presidente.

Ante esta realidad, la oposición se ha quedado sin respuesta, no ha logrado descifrar la estrategia para enfrentar el populismo oficial de Chaves y Cisneros.

En mi criterio, lejos de oponerse a la inversión social, la oposición al gobierno, por responsabilidad social con los grupos sociales más vulnerables, debe oponerse a toda costa el recorte de la inversión social. La labor en el Congreso y en todas las instancias en donde se ubiquen representantes democráticos, adversarios del populismo oficial, debe orientarse al fortalecimiento de todas aquellas inversiones que mejoren las condiciones de los grupos más vulnerables de la sociedad: salud, educación, redes de apoyo, redes de cuido, infraestructura, etc.

La única manera de debilitar y vencer al populismo y el autoritarismo es desinflando paulatinamente “la bomba” del descontento social.