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Fernando Berrocal
Porque nunca antes en nuestra historia, con la excepción de 1856, el país había vivido en una encrucijada de tal naturaleza, ni enfrentado a enemigos tan poderosos y crueles, como estas mafias del narcotráfico internacional y nacional. Lo que está en juego es nuestro destino nacional y así debemos entenderlo y aceptarlo. Esta es una guerra y se requiere de la unidad de todos los costarricenses de bien, independientemente de su filiación política o de su orientación ideológica. El adversario es transnacional y es un enemigo sin escrúpulos y si ellos ganan, terminaremos siendo un “país fallido”.
Hace quince días, el ministro Mario Zamora y sus dos viceministros, presentaron en la Escuela Nacional de Policía, en Pococí, en dos documentos, uno de 230 y otro de 15 páginas, el Plan Nacional de Seguridad (2023-30). He estudiado con detenimiento la propuesta del Ministerio de Seguridad Pública.
Lamentablemente y como dice el conocido dicho popular, al final de ese acto, el Comandante en Jefe de la Fuerza Pública hizo exactamente lo de “las vacas cuando dejan el establo” y todo se transformó en otro berrinche presidencial.
Una muy buena parte de los costarricenses, estamos cansados de esos berrinches presidenciales y de que el presidente de la República culpe indiscriminadamente a los otros Poderes del Estado y a los gobiernos del pasado, las responsabilidades de todo lo malo que sucede en Costa Rica que es muchísimo y en lo que no deja de tener parte de la razón. La crisis de inseguridad explotó en esta Administración, pero se fue acumulando por muchos años y desde varios gobiernos anteriores. Otra parte de la ciudadanía está feliz de que sigamos en “campaña electoral” y de la forma y el estilo de gobierno de don Rodrigo Chaves.
Así es la política y ese no es el tema de este comentario para CAMBIO POLITICO. El tema es qué hacer y… ¡No aflojar! Estamos ante la amenaza de perder el país en manos de poderosas mafias internacionales y nacionales. Esos son los filibusteros del presente y dominar Costa Rica es su objetivo estratégico.
Dichosamente para Costa Rica, el jueves de la semana pasada, un día antes de que celebráramos con júbilo los 75 años de la Abolición del Ejercito, por iniciativa y mediación de Rodrigo Arias, como Presidente de la Asamblea Legislativa, en las oficinas del Presidente del Poder Judicial, magistrado Orlando Aguirre, el Presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Pública, se reunió con las cabezas de los tres Poderes de la República y con la Presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas y la Ministra de la Presidencia, Natalia Diaz, en un Acto de Estado al que atribuyo la mayor importancia. ¡Qué buenos para el país que se dio esa reunión!
A partir de ese día, el tema de la inseguridad nacional y ciudadana está de nuevo en el tapete y se acordó una estrategia de trabajo que, en lo fundamental, consiste en que un Grupo de Trabajo, coordinado por la Diputada Navas y la ministra Diaz, estudiarán a fondo las distintas iniciativas de ley que están presentadas en la Asamblea Legislativa (las 5 o 6 del Poder Ejecutivo y las 20 y tantos de las distintas Fracciones Parlamentarias) y procederá no sólo a establecer prioridades, sino a generar y redactar integraciones para aprobar en uno o en pocos textos, con carácter de URGENCIA, las reformas legales que se necesitan para enfrentar a las mafias del narcotráfico, en varios frentes fundamentales. Por ahí vamos en la dirección correcta.
Trátese de reformas constitucionales como la expatriación de nacionales para cumplir sentencias en otros países (que tomará dos años aprobar) o bien de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal y leyes específicas sobre Justicia Juvenil y otros temas fundamentales, como la expropiación por parte del Estado de los bienes y los patrimonios ilegítimos de los narcotraficantes (Ley de Extinción de Dominio) y reformas a la leyes migratorias, para eliminar la nacionalidad de extranjeros casados con costarricenses y que sean sentenciados por narcotráfico y otros delitos graves. Este trabajo debería estar listo a fines de enero del 2024 y luego se les dará prioridad legislativa.
Sinceramente y como ex ministro de Seguridad Pública, me alegra este cambio de rumbo entre los tres Poderes del Estado. De la misma forma que me satisface que el ministro Mario Zamora se quede al frente de sus funciones. Domina la materia y ha demostrado con hechos y no solo con palabras, en el pasado, en el gobierno de Laura Chinchilla, su profesionalismo y estoy seguro que hará todo lo posible, dentro de los márgenes de maniobra permitidos por el presidente de la República, para enfrentar esta gravísima crisis de la mano y junto a los valientes y abnegados miembros de nuestra Fuerza Pública y en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial.
En este momento crítico de Costa Rica, lo repito e insisto con la mayor firmeza, lo fundamental es… ¡NO AFLOJAR! Aflojar sería el peor error del país.
En cuanto al Plan Nacional de Seguridad presentado en la Escuela Nacional de Policía, opino y lo digo con transparencia que va en la dirección correcta:
- No es un tema solo de POLICIA. Es un “tema país” que solo se resolverá en forma integral y paralela, con firmes acciones entre los tres Poderes del Estado, en varios frentes sujetos a evaluación constante. Es también un tema de políticas sociales, educativas, deporte y salud pública, así como de las anunciadas y fundamentales reformas legales en la Asamblea Legislativa.
- Hay que construir “políticas públicas” del Estado Costarricense como un todo e, igualmente, generar sinergias pragmáticas, focalizadas y parciales, con los sectores privados del país, tanto con las organizaciones comunitarias en la base de nuestra sociedad, como con las empresas de seguridad privada que, en la realidad de los números, duplican los efectivos reales de la Fuerza Pública.
- Asimismo y como se propone, es urgente una mayor articulación efectiva del trabajo preventivo y represivo entre las Fuerza Pública, la PCD y las distintas policías administrativas, incluyendo las Policías Municipales, con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y las Agencias Especializadas de los países amigos y aliados, para enfrentar este poderoso y destructivo delito transnacional.
- Sin capacitación en la Escuela Nacional de Policía, utilización de nuevas y modernas tecnologías de seguridad y un aumento significativo de los efectivos policiales activos, no estamos en nada. Costa Rica necesita unas fuerzas de policía profesionales y con suficientes efectivos, entrenadas, bien pagadas y con seguros de vida, delegaciones policiales decentes y funcionales, capacidad de movilización y recursos tecnológicos de punta. Así es como tiene que ser.
Hay que destacar, positivamente, que entre los aportes económicos del Ministerio de Hacienda incorporados al Presupuesto Nacional de la República y las asignaciones adicionales aprobados por los Señores Diputados de todas las Fracciones Parlamentarias, menos los representantes del oficialismo que votaron en contra de dicho instrumento legal fundamental, sin el cual no puede funcionar el Estado Costarricense en el año 2024 (lo que es realmente incomprensible e inaudito en términos del funcionamiento de nuestro sistema democrático y la existencia misma del Poder Ejecutivo), se destinarán 41.000 millones de colones a fortalecer presupuestariamente a la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial. Este es otro avance que debemos destacar, en medio de tantas incertidumbres y peligrosos retrocesos recientes.
A la vez, tengo mis críticas al Plan Nacional de Seguridad y las expongo con absoluta franqueza y en el ánimo constructivo de… ¡No aflojar! y de que este es un tema país que requiere de soluciones inmediatas de corto plazo, pero igualmente de una política pública sostenible de mediano y largo plazo:
- El plan adolece de un centro articulador de las políticas públicas que se proponen. Ese centro articulador debe ser el Consejo de Seguridad Nacional establecido en la Ley General de Policía de 1994. Imagino que, como para el presidente Chaves el pasado no existe o solo es objeto de crítica política y de campaña electoral, esa realidad se ignora por completo porque esa ley es de un gobierno del PLN. Es obvio que sin un centro articulador al más alto nivel, incluso bajo la presidencia del propio Jefe de Estado y Comandante en Jefe de la Fuerza Pública, como está establecido en dicha ley, no será posible de forma alguna articular y poner a funcionar un conjunto de políticas públicas que van más allá de lo estrictamente POLICIAL y que, necesariamente, abarcan el combate a las causas y las raíces y no solo a los efectos y consecuencias de la crisis de inseguridad de Costa Rica. El Ministerio de Seguridad Pública por sí solo no está en capacidad de hacerlo, ni siquiera de coordinarlo, porque aún si fuera así que no lo es, descuidaría peligrosamente los aspectos propios de su importante competencia funcional que son, precisamente, las POLICIALES.
- Además, aunque se ha hecho en el pasado y en otros gobiernos, por razones de cortesía y necesidad estatal, a las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional siempre se ha invitado a representantes calificados y del más alto nivel de los otros dos Poderes del Estado, así como al Fiscal General de la República y al Director General del Organismo de Investigación Judicial. De otra forma… ¿Cómo se podrían articular esas políticas públicas integrales y paralelas con la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, más allá de las propias que debe asumir el Poder Ejecutivo por medio de los ministerios encargados de la educación, la salud pública y las políticas sociales del Estado Costarricense y las policiales del Ministerio de Seguridad Pública? El Estado, en Costa Rica, es UNO, aunque exista división de Poderes por razones democráticas y funcionales. Esa es la teoría constitucional desde nuestra independencia y la que consagra la Constitución Política de 1949. Además, en nuestro país, para complicar más las cosas, las funciones policiales, en la parte investigativa y represiva, están divididas por ley entre la Policía de Control de Drogas y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ, en el ámbito del Poder Judicial). Asimismo, la política criminal del Estado le corresponde al Ministerio Público y no al Ministerio de Justicia. Ese es el cuadro real y objetivo. No es otro. De ahí la necesidad de la articulación y coordinación de políticas entre los tres Poderes del Estado y la necesidad de un centro articulador, como lo es el existente Consejo de Seguridad Nacional por una ley que está vigente. Lo que se propone es formalizar su ampliación y darle esas funciones fundamentales.
- Entre los 20 y tantos proyectos de ley que están en estudio de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, hay uno firmado por 17 Diputados del PLN que analiza y plantea, precisamente, fortalecer y ampliar el Consejo de Seguridad Nacional, en la dirección señalada. Ese proyecto de ley puede ser ajustado en su texto y mejorado, sin duda alguna, para evitar cualquier roce constitucional con la división de poderes, bajo el principio de que el estado es UNO y que esa coordinación funcional es necesaria, urgente e indispensable, para poder responder, como país, a estas alturas del 2023, a la enorme y poderosa amenaza transnacional que significan las mafias del narcotráfico internacional y nacional. ¿Adonde? Desde ese Consejo de Seguridad Nacional y con la participación de los tres Poderes de la República. De otra forma, el Plan Nacional de Seguridad no tendría sostenibilidad en el tiempo, ni eficacia real.
- El plan presentado por el ministro Zamora, correctamente propone la urgente necesidad de coordinación entre las distintas policías administrativas, el OIJ y las policías Municipales, pero no establece que esa coordinación sea obligatoria funcionalmente y que así se establezca en una nueva ley General de Policía. Por mi propia experiencia, si esa coordinación funcional no se establece por ley, vamos a seguir en la misma descoordinación que, en varios informes oficiales, ha señalado con toda razón la Contraloría General de la República. En este país nuestro, todo el mundo quiere ser cacique y hasta los policías de tránsito, por ejemplo, se niegan a ser coordinados por la Fuerza Pública. A veces y hasta para un simple operativo para destruir un “bunquer” de consumo y distribución de drogas, el Director del OIJ o el Director de la PCD tienen que rogarle al Director de alguna Policía Municipal para que participen “sus policías” en ese operativo. La pérdida de tiempo y el esfuerzo de coordinación “voluntaria” del presente y del pasado, no es en absoluto compatible con la urgencia y necesidad de presentar un frente común, con los escasos recursos policiales existentes, en lo preventivo y represivo, para planificar y llevar a cabo conjuntamente, en operativos eficientes y focalizados, esta guerra contra las mafias del narcotráfico, en todo el territorio nacional.
Esa coordinación (no se está proponiendo ninguna fusión) debe ser establecida por ley, fortaleciendo en la cúpula a la Dirección General de la Fuerza Pública y la Dirección General del OIJ, reformando la Ley General de Policía como propone el proyecto de los 17 Diputados del PLN. De otra forma, será solo una aspiración bien intencionada, en un momento que el país exige SOLUCIONES y EFECTIVIDAD en el combate contra la delincuencia organizada y las mafias.
- Finalmente, la rectoría en el Poder Ejecutivo del sector de seguridad, debe regresar al Ministerio de Seguridad Pública y no permanecer en el Ministerio de Justicia. Eso obligaría a derogar, en ese extremo específico, el Decreto sobre Organización del Gobierno de la República de mayo del 2022 o no estamos en nada. Incluso la Policía Penitenciaria debería ser parte de la Fuerza Pública.
Tengo, claro está, otras observaciones y propuestas, como la necesidad de capacitar policialmente, en un curso rápido en la Escuela Nacional de Policía, a los guardas que cuidan los más de 4.000 centros educativos estatales y que son funcionarios del Ministerio de Educación Pública, para establecer una sinergia de información y control policial en esos centros neurálgicos de nuestra vida en democracia que son las escuelas y colegios en los que se educan nuestros jóvenes y que se han transformado en un objetivo estratégico de venta por parte de las mafias y los delincuentes dedicados al narcotráfico. Así y en el corto plazo, podríamos mejorar sustancialmente la capacidad de prevención y reacción de nuestra Fuera Pública, la PCD y el OIJ y aumentar, a la vez y significativamente, las posibilidades del país como un todo, si paralelamente regresamos a dar cursos bien preparados, científicos y cívicos, sobre el peligro de la drogadicción y el narcotráfico para los muchachos y el país, con un programa como fue DARE y con el vigoroso apoyo del Ministerio de Educación Pública, según propone en este extremo el PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD.
No puedo dejar de señalar, antes de terminar este artículo de opinión, que a pesar de todo y contra todo, me genera profunda admiración y respeto el trabajo actual del OIJ, la PCD y la Fuerza Pública, combatiendo a estas criminales mafias internacionales y nacionales. Así como llevamos una cantidad inimaginable de asesinatos y muertos por sicariato y que hay zonas y barriadas del país prácticamente tomadas por el narcotráfico, también nuestras Fuerzas Policiales, todos los días, aquí y allá, en todo el territorio nacional, desmantelan y quiebran carteles, detienen y encarcelan a peligrosos delincuentes, intervienen “bunquers”, cumplen valientemente con su deber y están abnegadamente al servicio de Costa Rica y de todos nosotros.
¡Honor a quien honor merece y al patriotismo de esos policías y a los agentes del OIJ! La lucha que están dando debe ser reconocida por los costarricenses.
Por ello, cuando el presidente Rodrigo Chaves dice, como lo expresó al final de la reunión con los otros presidentes de los dos Poderes de la República, que se necesita MANO DURA, digo que SI y me sumo a la línea de acción para crear un nuevo paradigma, pero agrego que, al mismo tiempo, se necesita MANO INTELIGENTE y MAS RECURSOS y que urge esa necesaria convergencia de criterios e iniciativas entre el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, para poner en acción políticas públicas integrales y paralelas, en forma coordinada y con toda la determinación y firmeza a que obliga esta guerra contra las mafias del narcotráfico. Esa es la dirección correcta a seguir.
De otra forma, vamos a seguir perdiendo día a día esta batalla y ese curso de la historia no se merece, bajo ninguna circunstancia ni razón, un país como Costa Rica que, en 1856, logró derrotar a los filibusteros que querían esclavizarnos y que este 1 de diciembre del año 2023, cumplió 75 años de haber abolido el Ejercito como institución permanente. Así que para adelante.
