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Carlos Manuel Echeverría Esquivel
Alguien escribió hace poco que el ministro Amador, endulzado ahora por las mieles que representa una posible candidatura presidencial, quiso hacer “de una vez”, un “cachimbal” de obras en la GAM. El activismo, unido a la entrada de clases y San Valentín, más el arreglo del puente del Bajo de los Ledezma, le jugó una mala pasada. Se dieron unas presas que bien se hubieran podido evitar, con mayor reflexión y ejercicio de la autoridad a la que la legislación vigente le da derecho al señor Ministro.
Antes de referirme a la legislación que respalda al Señor Ministro, debo mencionar un hecho que no tuvo que ser como se dio. El ministro Amador le aceptó al puntilloso periodista Randall Rivera una entrevista. En ella, el señor Ministro se dejó decir que el tortón no era culpa de él, sino de la Municipalidad de San José, sobre la que él no tiene potestad. Si y no.
La ley 6227, General de la Administración Pública, vigente desde 1978, reconocida internacionalmente como magnífica, plantea la figura del ministro del ramo, entiéndase “sectorial”. Este sector, para efectos del ministro Amador, es el de Obras Públicas y Transportes. Él es el responsable y tiene total autoridad para hacerlo como colaborador obligado de quien preside el país, de generar las directrices de política sectorial, de acatamiento obligatorio en su ámbito, para todas las entidades del Poder Ejecutivo, centralizado o administrativamente descentralizado, sean propiamente de su sector o no.
Para facilitar la gestión, pues no se trata de disparar directrices por decreto sino de, mediante una gestión de calidad, utilizar primordialmente la figura del consejo sectorial, que el ministro del ramo preside, para que por medio de la coordinación -municipios incluidos, aunque éstos no están obligados a seguir la directriz- establecer responsabilidades y compromisos incluyendo los que requieran de la coordinación entre las instancias responsables. El no acatamiento de las directrices, excepto que se demuestre que son ilegales, es causa potencial de despido y otras sanciones. Así de fuerte es la ley y así de fuerte puede ser, si se sabe usar, el poder ministerial en su ramo. Si los municipios no atienden el llamado, quedarían expuestos…al descubierto.
Sin embargo, el ministro del ramo delega autoridad y comparte responsabilidad, pero no delega esta última. Él o Ella, sigue siendo responsable de la implementación o no de la directriz. En otras palabras, la responsabilidad no se delega: no se puede hacer la de Poncio Pilatos.
Ante la insistencia de Randall, el Ministro intentó “lavarse las manos” argumentando que la torta había sido de la Municipalidad de San José y a la vez dejó dudas, al argumentar que el desaguisado, las presas, se debían a la desaparición del puente en el Bajo de Los Ledezma. No nos desviemos. Menciono el asunto para contextualizar.
Como ministro responsable del ramo, él tenía que asegurarse, por la vía de la consulta, la coordinación y si era necesario por la vía de la presión sin salirse de la legalidad, que la Municipalidad de San José estaba haciendo bien su trabajo, reconociendo así, que las obras municipales como en este caso, al llevarse a cabo en vías alimentadoras (feeders) como parte de un sistema de la red nacional, si son temas de su incumbencia. Falló en los detalles propios de la gestión y en el uso de la mencionada ley 6227.
Escribo sobre este caso con el ánimo de aportar al conocimiento general, de las herramientas que se cuentan para la gestión pública de calidad.
En un país de primer mundo, el señor ministro hubiera tenido que renunciar. Aquí no es así y en este caso en particular y dados los antecedentes del MOPT, prefiero ”que no cambiemos de cabalgadura a la mitad del río”, sin ser peyorativo por supuesto.
– Ex viceministro de planificación nacional y política económica.
