Cambio Político Opinión, análisis y noticias
Armando Vargas Araya
Sobre las perspectivas de las telecomunicaciones, en la presentación del
Informe Anual 2017 del Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento,
Universidad de Costa Rica, 4 de julio de 2017
El undécimo informe Prosic es un instrumento único para medir avances y retrocesos, diagnosticar éxitos y necesidades, así como para formular políticas públicas en la ruta hacia la transformación de Costa Rica en una sociedad informatizada, en la cual la tecnología facilite el acceso y la participación ciudadana en la gestión del conocimiento como cultura. La Universidad de Costa Rica merece el reconocimiento nacional e internacional que se ha ganado el Prosic, con su énfasis en la persona humana como objeto de estudio desde la perspectiva de las TIC. Ningún país de Latinoamérica cuenta con una ventaja comparable a este informe anual, que ojalá vuelva a ser presentado no el 4 de julio sino el 17 de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.
Un optimista querría decir que se muestra aquí un vaso medio lleno por el aumento en los abonados a la banda ancha móvil, las tarifas relativamente asequibles al servicio de comunicación móvil, un par de decretos ejecutivos sobre acceso a la información y datos abiertos, o el ascenso de ciertas posiciones en algunos escalafones multinacionales. Quienes padecemos las deficiencias del sistema nacional de comunicaciones sabemos que eso es parcialmente cierto pero prácticamente irreal. Ha sido necesario raspar la olla para mostrar avances aislados.
La revolución global de la tecnología de información y comunicación puede compararse a la Era de los Descubrimientos, cuando la humanidad dio saltos gigantes en el mejoramiento de la calidad de vida. Pero en ausencia de objetivos compartidos, metas nacionales, políticas públicas esclarecidas, marco legal y regulatorio actualizado, ejecución audaz y armónica, las oportunidades de las TIC se postergan o se esfuman. Sin conducción política, las TIC reproducen los mismos patrones de ineficiente inequidad imperantes en la esfera de la comunicación. Este es un desafío de primera magnitud que debe ser planteado con firmeza a todo aquel que aspire a la Presidencia de la República, si desea ganarse el voto de la generación de los millenials.
En esta etapa de apertura a la competencia en la provisión de servicios de comunicación, el Estado ha sido un eslabón particularmente débil, como de nuevo lo confirma el informe del Prosic. La rectoría del sector es endeble. Carece de influencia y gravedad suficientes para concertar a los diversos actores con un sentido nacional. Se percibe una actitud pusilánime hacia los factores de poder establecidos, especialmente en el área de la empresa particular. Ese talante menguado se nota al interior del Poder Ejecutivo y hacia el Poder Legislativo: persisten los obstáculos que impiden asignar recursos presupuestarios hasta alcanzar niveles satisfactorios de inversión pública en investigación, desarrollo y capacitación, así como subsiste la astenia política que inviabiliza la aprobación de la reforma del artículo 29 constitucional para reconocer el derecho a la comunicación y el derecho de acceso en banda ancha a las TIC garantizado por el Estado. Duele afirmar que la rectoría del MICITT poco pincha y menos corta.
Pronto vendrá la distribución de los dividendos del bono digital. De un lado, los maximistas propugnan por dejar a los concesionarios solo con las frecuencias que ahora tienen y casi nada más. Del otro, los minimistas pretenden dejar todas las frecuencias bajo el control de los concesionarios, aunque carezcan de un plan racional de explotación. ¿Qué hará el rector del sector? ¿Y qué dirán la Procuraduría General, la Contraloría General o la Defensoría de los Habitantes? Pienso que hay situaciones de hecho que favorecen a los titulares de las concesiones, así como existen requerimientos de la sociedad democrática que demandan justicia en aras de la fecunda diversidad. Sugiero que se respeten los derechos adquiridos por los concesionarios que estén dentro del marco constitucional vigente (aparte c, inciso 14, artículo 121), a saber, que hubieren obtenido sus frecuencias mediante concesiones otorgadas a través de concurso público y por tiempo limitado.
En Centroamérica, únicamente Guatemala y Costa Rica cuentan con tres operadores de telefonía móvil, aunque la Sutel sostenga la inexistencia de competencia efectiva. Parece incontestable cierta tendencia favorecedora hacia los dos operadores particulares que disputan el mercado con el operador de propiedad publica. Desconozco cuántos ciudadanos-consumidores se sienten desamparados por el regulador, que, a juicio mío, deja que desear en la representación vigorosa del interés del pueblo soberano. Al cabo de casi una década de experiencia, es razonable pedir la revisión de la ley que le dio origen, para adecuarla a las nuevas realidades y fortalecer la defensa del consumidor ante los operadores. Ciertamente, los directores de la Sutel han tenido que actuar con una ley insuficiente, preparada por quienes, sin un proyecto nacional explícito, impulsaron la apertura del mercado.
Cabe preguntar si tendrá alguna pizca de razón el exministro de Educación Pública, Leonardo Garnier, al calificar el Fonatel como “una vergüenza nacional”. La Contraloría General de la República ha constatado excesos en sus costos de operación y ausencia de control y fiscalización en sus actuaciones. Por aseo y eficiencia es recomendable detener ese desorden. Ante las limitaciones de la Sutel en la dirección de Fonatel, este debería de pasar, por ley, al órgano promotor del desarrollo de las telecomunicaciones en el Poder Ejecutivo.
La realización de las promesas de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica demandan de la Administración 2018-2021 un enfoque global renovado, con capacidad para dinamizar la energía del sector hacia unos objetivos compartidos, a lograrse en plazos determinados. El nuevo Gobierno de la República podría nombrar un Comisionado Presidencial, con ascendiente en el sector y poder de convocatoria, que lidere el proceso concertado en el marco de unas políticas públicas imaginativas y, a la vez, realistas. A la nueva Administración corresponderá completar la reforma del artículo 29 constitucional (derecho a la comunicación y derecho de acceso en banda ancha a las TIC garantizado por el Estado); impulsar un nuevo marco legal multimedios, que sustituya el remanente de la ley de radio de 1954; actualizar la ley general de telecomunicaciones de 2008 y revisar la ley de fortalecimiento y modernización de las entidades públicas del sector telecomunicaciones, que amarra las manos al operador público. En cuatro años, el Gobierno podría encargar al ICE el despliegue de una red troncal en banda ancha, a la manera de la Red Avanzada de Internet, que cubra cada uno de los 82 cantones y, en cuatro años más, todos los distritos, la cual preste servicio a cada una de las dependencias del Estado. En el siglo XXI, gobernar es comunicar y nadie podrá mandar desde la Presidencia de la República sin un equipo de redes sociales y una estrategia de interacción digital con la ciudadanía. El nuevo Gobierno puede entrar en alianza estratégica con países avanzados en infocomunicación, como la República de Corea. En fin, el sector infocomunicación debe conectarse con las prioridades nacionales.
Exministro de Información y Comunicación
