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Fernando Berrocal
En el frente judicial, el ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, tiene toda la razón cuando se queja de que, después de un importante operativo de inteligencia policial y con participación de la Fuerza Pública, la PCD y el OIJ, con presencia incluso del Fiscal General de la República Carlo Díaz, se detiene a una serie de mafiosos y narcotraficantes en varios barrios de Puntarenas y, al ser puestos en manos de las autoridades judiciales, como corresponde, el Juez Penal no dicta como medida cautelar la “prisión preventiva”, sino otras medidas menores y los deja en libertad para que sigan delinquiendo. La ACOJUD le responde que respete la independencia de Poderes y que los jueces tienen plena libertad para tomar sus decisiones sin presiones del Poder Ejecutivo, ni de nadie. Así es la legislación vigente y también tienen su razón.
Pero hay una solución y consiste, con voluntad política, en reformar los artículos 239 (bis) y 244 (bis) del Código Procesal Penal y cerrar ese portillo, con una reforma legislativa, para que, en casos específicos solo de narcotráfico y de extrema violencia criminal (homicidios o femicidios), la medida cautelar a cargo del juez siempre tenga que ser la prisión preventiva, antes del juicio penal respectivo.
Digan lo que digan los abogados garantistas, los conceptos constitucionales de presunción de inocencia y el debido proceso, en donde se materializan es en la realización del juicio mismo, según las pruebas que presenten los Fiscales y el derecho a la defensa que tienen los delincuentes. La prisión preventiva es la garantía de que esto sea así y evitar fugas. Lo contrario es una burla a favor de la delincuencia y de los criminales violentos, en contra de los intereses superiores y legítimos de la sociedad y de la paz y la seguridad ciudadana. El ridículo más grande es cuando se captura mediante un gran operativo policial y el trabajo coordinado de inteligencia policial transnacional una lancha cargada de droga que viene del sur por el Pacífico o por el Caribe y a los colombianos o ecuatorianos que vienen en la embarcación, en la Zona Sur o en Limón, el juzgado penal les previene de presentarse a firmar cada quince días. Es decir… váyanse, quedan en libertad y organicen otro cargamento ilegal de droga y regresen con un baquiano costarricense miembro de alguna mafia nacional y aquí no ha pasado nada, excepto la incautación de la droga.
¡Eso no puede ser! Esto no es un ataque al Poder Judicial. Esto es abogar por una reforma legal urgente y necesaria en nuestro Estado Social de Derecho.
