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Enero 26, 2022
Por Marlies Stappers
LA HAYA – Europa tiene un largo historial de apoyo al Estado de Derecho en países centroamericanos como Guatemala.
Desempeñó un papel importante en las negociaciones de paz que ayudaron a poner fin a los 36 años de guerra civil en Guatemala hace 25 años, y apoyó el proceso de justicia transicional que siguió para garantizar el establecimiento de una comisión de la verdad y el enjuiciamiento de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto.
En la última década, Europa contribuyó a la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un exitoso mecanismo de lucha contra la impunidad, la corrupción y el fortalecimiento de las investigaciones judiciales, y prestó otros importantes apoyos financieros, técnicos y políticos tanto al sector de la justicia como a la sociedad civil.
Pero ahora, este progreso se está deshaciendo, y las represiones contra los opositores políticos y los defensores de los derechos humanos son frecuentes.
En Guatemala, donde organizaciones como Impunity Watch llevan trabajando desde 2004 para apoyar la reparación tras la guerra civil, el presidente Alejandro Giammattei y su coalición Vamos por una Guatemala Diferente (denominada «pacto de la corrupción») están destituyendo a los operadores de justicia independientes, entre los que se encuentran antiguos fiscales, jueces del tribunal constitucional y fiscales anticorrupción.
Los investigadores despedidos, entre ellos la exfiscal Claudia Paz y Paz Bailey, la jueza de la Corte Constitucional Gloria Porras, la ex fiscal Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval (por nombrar algunos) se han visto obligados a huir del país.
Este mes, la jueza Erika Aifán, un icono de la lucha contra la corrupción en Guatemala, se ha enfrentado a nuevas amenazas de revocar su inmunidad, lo que podría dejarla vulnerable a la persecución y crear un precedente para la persecución de otros jueces independientes.
Sin un poder judicial independiente que lo defienda, el pueblo guatemalteco está quedando expuesto a los abusos.
Estos despidos y amenazas tienen como objetivo proteger a los políticos de alto rango, a los militares implicados en violaciones de los derechos humanos durante la guerra y a las élites económicas con vínculos con el crimen y la corrupción.
La fiscal Consuelo Porras ha sido una pieza clave, ya que ha defendido la corrupción y la impunidad acusando falsamente a los operadores de justicia de «abusos» y obstruyendo las investigaciones sobre corrupción.
Esto está dejando al pueblo guatemalteco expuesto a los abusos sin un poder judicial independiente que lo defienda.
Muchos de los vecinos de Guatemala han seguido un camino similar.
Desde el encarcelamiento de líderes de la oposición antes de las elecciones presidenciales de noviembre en Nicaragua, hasta la infiltración de bandas de narcotraficantes en el gobierno de Honduras y la destitución de jueces en El Salvador para permitir que el presidente se presente a un segundo mandato, los políticos están extendiendo una cultura de impunidad, corrupción y violencia.
Los efectos de esta situación se dejan sentir en Europa, que se está convirtiendo en un mercado creciente para el tráfico de drogas procedentes de Centroamérica. Cada semana llegan a los puertos de Amberes y Rotterdam millones de euros de cocaína en tránsito por países como Honduras y Guatemala.
Una mayor corrupción y una intimidación sin freno de los activistas de la justicia en Centroamérica proporcionaría a las bandas del crimen organizado aún más audacia para actuar con impunidad y exportar la violencia y la inestabilidad a las costas de Europa.
Y sin embargo, con el interés político de la UE y de sus Estados miembros en Centroamérica disminuyendo, Europa ha permanecido en gran medida en silencio sobre la situación. A pesar de su apoyo histórico, ahora parece preferir la «diplomacia silenciosa», hasta ahora con efectos limitados.
Aun así, Europa puede -y debe- hacer mucho para apoyar el Estado de Derecho en Centroamérica y proteger los derechos humanos.
En primer lugar, puede apoyar a los operadores de justicia independientes y las estrategias para fortalecer la justicia y el Estado de derecho.
Esto incluye aumentar el apoyo político y financiero a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a contracorriente para vigilar y luchar contra la corrupción y la impunidad y dar apoyo a las instituciones independientes, como la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala.
También incluye el envío de misiones internacionales de observación para evitar el fraude y la intimidación durante -y en el proceso previo a- las elecciones clave, como la próxima elección del fiscal general, así como la del Procurador de los Derechos Humanos y las elecciones generales de 2023 en Guatemala.
En segundo lugar, puede ofrecer protección a los operadores de justicia independientes que se enfrentan a amenazas. En Guatemala, esto incluye a los jueces de los tribunales de Alto Riesgo y a los fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), así como a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (donde se están tratando los casos de la guerra civil).
Esta protección requiere un apoyo visible y audaz a todos los actores que están en la vanguardia de la lucha contra la impunidad, y que pidan condiciones que garanticen la seguridad en su propio país, para que no se vean obligados a huir.
No es demasiado tarde para actuar y proteger el Estado de Derecho en Centroamérica.
Y, en tercer lugar, Europa puede seguir el ejemplo de Estados Unidos e imponer sanciones a personas centroamericanas vinculadas a delitos graves y a la corrupción, a la vez que se pone fin a la cooperación con instituciones corruptas como el Ministerio Público de Guatemala.
Una respuesta mejor articulada y coordinada dentro de la UE debe tener también su correspondencia a nivel internacional, entre la UE, Estados Unidos y la ONU.
No es demasiado tarde para actuar y proteger el Estado de Derecho en Centroamérica. Europa no debe quedarse de brazos cruzados mientras los países a los que apoyó en el pasado se convierten en focos de delincuencia y corrupción, como ocurrió en el caso de Afganistán.
Esto sólo servirá a los intereses de Europa a largo plazo. Una Centroamérica democrática y justa puede resultar un actor crucial para defender los derechos humanos y el Estado de Derecho en un escenario geopolítico que cambia rápidamente, con China y Rusia ganando influencia al cerrar acuerdos económicos, diplomáticos y militares en la región.
Como dijo recientemente la exfiscal Thelma Aldana a un grupo de políticos europeos: «El debilitamiento de la lucha contra la impunidad en Centroamérica se está contagiando. Si no hacemos nada, se desharán los avances, se desmantelarán los procesos de paz y se perderá toda la región».
Este es un artículo de opinión de Marlies Stappers, fundadora y directora ejecutiva de Impunity Watch que se publicó originalmente en democraciaAbierta.
RV: EG
