El contrato social y la pandemia

Cuaderno de vida

Gustavo Elizondo Fallas

En el año 1762, Juan Jacobo Rouseau, filósofo francés, una de las luminarias de la Ilustración, publicó “El Contrato Social” una propuesta de tratado con base a lo ya escrito por otros pensadores como Locke y Montesquieu. La principal propuesta es la siguiente: para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondría en estado de naturaleza; en otras palabras, acepto vivir en un estado que protege mis derechos civiles y a cambio, me comprometo a cumplir con las reglas que establece el estado, tengo derechos, pero también deberes. Cuando no estoy de acuerdo con los términos del contrato, me retiro fuera de los límites de esa sociedad y si me mantengo, pero no cumplo lo establecido, el estado puede aplicar medidas coercitivas para ponerme en orden.

En ese estado llamado Costa Rica como el resto del mundo, estamos ante una pandemia que se presenta cada 100 años, solo que cambia de causa, donde los que “firmamos” el Contrato Social, debemos protegernos y proteger a los demás, acatando las medidas sanitarias que las autoridades de salud, pertenecientes al Estado, determinan en salvaguarda del colectivo. No obstante, existe una parte de la población “firmantes” de ese contrato implícito, que, en forma irresponsable, suicida y criminal, irrespetan las medidas, algunos impulsados por teorías de conspiración que solo en las novelas de ficción existen, mientras que otros se sienten inmunes al virus, como el Alcalde de un cantón guanacasteco quien dijo que ellos podían realizar actividades masivas porque “eran una raza diferente”; hoy día, en ese cantón de raza superior, los casos activos de covid-19 se acercan a los 300 casos y suman 21 lamentables fallecimientos. Sumemos a los que se resisten a colocarse las vacunas, entre ellos trabajadores de la salud, enajenados por noticias falsas e información manipulada en la red.

Pero es aquí donde queremos llamar la atención, ya agotadas las campañas de sensibilización que llaman a cumplir las medidas dispuestas, donde un grupo de la población, los menos, se resisten a acatar las medidas, debe el Estado a través de sus cuerpos policiales y de salubridad, reforzar las acciones coercitivas y hasta represivas para ponerlos en cintura, las consecuencias de las acciones de esta minoría, ponen en juego la salud, la vida, la economía y el bienestar general de las grandes mayorías; con el cuento de la defensa de las libertades individuales, la gente quiere hacer lo que le viene en gana, olvidando que mis derechos llegan hasta donde inician los de los otros miembros de la sociedad.

En esta línea, el Poder Ejecutivo debe enviar para conocimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa, una ley que agrupe y aclare medidas dispersas en la Ley General de Salud, Código Penal y Civil, entre otras referencias del marco jurídico, que permitan a las autoridades la aplicación en forma efectiva y con solidez legal. Le toca a la Asamblea Legislativa legislar en forma efectiva, hasta como una forma de reivindicar que no se portaron tan bien con la aplicación de medidas, a pesar de tener todas las condiciones para evitar los contagios; si el 8% de contagios que ha tenido el Parlamento se infiriera a la población total del país, se tendría un acumulado de casi medio millón de casos. Esta legislación urge tanto o más que la negociación con el FMI, un país devastado como al que nos llevan los irresponsables no tendrá organismo internacional que lo salve.