Democratización con los medios de prensa

Vía costarricense

Johnny Soto Zúñiga

Johnny Soto

Con la irrupción de las redes sociales y todo el cambio tecnológico que transformó las formas de comunicación, información y medios de intercambiar opiniones, con una efectiva alimentación y retroalimentación de conocer mediante la inmediatez los acontecimientos del país y del mundo en general; hizo que las viejas formas de comunicar de los medios de prensa denominados “tradicionales”, ya no sean los únicos de tener el control de la información e investigaciones que realizan; ahora han incursionado los nuevos medios llamados alternativos, regionales y rurales; donde la participación ciudadana, el alcance de las noticias en las zonas provinciales y cantonales; deviene en un acceso de mayor cobertura local y nacional.

En un sistema de casi absoluta libertad de expresión y prensa al estilo occidental; y el libre pensamiento de comunicar nuestras ideas y creencias, conlleva la “democratización” del poder comunicación masiva; y ahora los beneficiados son los periodistas y analistas de información, que pueden crear medios de prensa pequeños utilizando todas las herramientas disponibles; lo que permite que puedan incursionar en una más justa distribución de las pautas publicitarias tanto de las instituciones públicas como de la empresa privada; que pagan a estos nuevos medios, publicidad y propaganda de sus productos; y por supuesto que esto es bueno, siempre y cuando se organicen medios serios y ojalá administrados por periodistas graduados; aunque no es obligatorio estar afiliado o incorporado al Colegio de Periodistas de Costa Rica “Colper”; según un pronunciamiento de la Sala Constitucional; incluso sus orígenes fueron gente empírica; como es el ejemplo del círculo de periodistas y locutores deportivos y otros antecedentes de este gremio.

Todo este tema actual surgió en los últimos días con mayor fuerza a raíz de un voto de un recurso de amparo de la Sala Constitucional, que ordena entregar a un diputado del Frente Amplio, la información sobre el pago de publicidad o información del Gobierno de la República, para que detalle a cuáles medios de comunicación se les cancela publicidad institucional. Lo extraño es que estos izquierdistas cuestionan la democratización de la pauta publicitaria; cuando más bien deberían estar satisfechos de que se dé una mayor equidad, y que pareciera quieren beneficiar solamente a los medios tradicionales; los llamados grandes, que han sido “unos tagarotes” donde ganan millones de colones y seguir haciéndose más ricos; lo que considero una barbaridad.

Con el “cuento chino” de que se deben respetar supuestos “estudios técnicos” o un relativo “rating” para casi solo darle a los medios tradicionales que generan mayores índices de audiencia o cobertura nacional mediante la prensa escrita, televisión y radio; cuando ahora prácticamente es más fácil tener acceso a un medio regional por provincia y hasta por cantón; y se puede lograr una rápida y cercana información de manera inmediata. Si fuera por estos estudios técnicos se seguirían beneficiando solamente a los mismos de siempre; atentando contra la justa distribución de la pauta publicitaria en diferentes medios. Tienen que irse acostumbrando que el mundo cambió, les guste o no a algunos concentradores del “poder de la información”.

Ahora existe un mayor argumento legal, al respetarse la Ley N° 7472 de la Promoción de la Competencia y la Defensa Efectiva del Consumidor; que expresa en su “Artículo 1°.- Objetivos y fines. El objetivo de la presente Ley es proteger, efectivamente, los derechos y los intereses legítimos del consumidor, la tutela y la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención, la prohibición de monopolios, las prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado y la eliminación de las regulaciones innecesarias para las actividades económicas.

Con fundamento en lo anterior, bienvenida la justa distribución y democratización de la pauta publicitaria sea proveniente de las instituciones públicas como del sector privado; todos tenemos “derecho a comer” y recibir el pago de un trabajo honesto, sin presiones de ningún tipo de parte de los medios de prensa independientes, porque al final lo que interesa es que entreguen la información apegada a la realidad, sin caer en sesgos, o al servicio de lineamientos inconvenientes de los “dueños de los medios”, que solamente defienden sus intereses empresariales; y esto puede atentar contra la verdadera y sólida democracia, el acceso de la ciudadanía, la libertad de comunicación y expresión, respetando el principio de legalidad y de libre pensamiento.

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