De Montesquieu al ‘pachuquismo’

Por qué el voto por diputados es hoy nuestra última trinchera

La seriedad de la política en broma y con fisga

William Hayden Quintero

La potestad de legislar (dictar las leyes) reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. La Asamblea está compuesta por 57 diputados, son muchos para lo que hacen. Raúl Prieto de la Loza, escritor y político mexicano (1918.2003) decía que “debería haber más barrenderos que diputados”. Aquí los elegimos cada cuatro años por provincias y duran en sus cargos cuatro años y no pueden ser reelectos en forma consecutiva. Los requisitos para ser diputados son muy suaves y risibles, pues de conformidad con el artículo 108 constitucional solo se requiere ser ciudadano en ejercicio, ser costarricense por nacimiento o por naturalización y haber cumplido veintiún años (por esto se nos coló la Pilar). No contempla nada en cuanto a la calidad ética y moral, sí tienen juicios pendientes con la ley, si han sido acusados por delitos, son sospechosos de corrupción, simpatizantes de narcos, lavadores de dinero, acosadores y violadores sexuales, etc. Nada de esto importa en nuestra vieja Constitución que en este sentido es alcahueta. Aparte de los requisitos señalados, los partidos políticos escogen a sus candidatos a diputados. Los ciudadanos no tenemos la oportunidad de escogerlos previos a las elecciones, los partidos nos dan una lista y el mandato constitucional nos obliga a votar como borregos por esas listas y así se filtran dentro de buenos candidatos una serie de lacras e indeseables. Ahora mismo, el Partido Pueblo Soberano, el del chavismo, tiene 10 candidatos que suman entre ellos 50 distintas causas y acusaciones penales, y uno de ellos es defensor de narcos y violadores. Quizás por esto cobra relevancia la frase: “Los diputados, llaga del país” de Antonieta Rivas Mercado, promotora cultural mexicana (1898-1915).

Nuestra constitución le confiere a la Asamblea Legislativa además de dictar las leyes, otras facultades a través de su órgano auxiliar, la Contraloría General de la República, como por ejemplo aprobar el Presupuesto Nacional, fiscalizar los actos públicos y el control político del Poder Ejecutivo, que también lo hace la Asamblea, de acuerdo con los frenos y contrapesos entre los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, vigentes desde hace casi tres siglos por Montesquieu en su tratado: “El Espíritu de las Leyes (1748)” y contemplados en nuestra Constitución desde el año 1949.

En esta administración el presidente Rodrigo Chaves equivocó su condición de mandatario y se creyó un dictador pretendiendo dictar leyes, hacer obra pública sin licitaciones, gobernar por referéndums (leyes jaguares), hacer nombramientos impropios y otros atropellos corruptos más, brincándose olímpicamente las leyes y controles. Esta actitud provocó un enfrentamiento entre los poderes ejecutivos y legislativos, él despreció a los diputados, insultándolos y ofendiéndoles con actitudes obscenas y vocabularios de pachuco (filibusteros, traidores, vendidos, corruptos, vende patrias, mal nacidos). Limpio el piso del Congreso con la dignidad de su presidente Rodrigo Arias. A la Controla le recetó los mimas ofensas que a los diputados. Al estilo de Doña Toda se hizo la víctima, el pobrecito a quien sus enemigos no lo dejaban hacer nada, sin reconocer sus errores y despotismo. En una conferencia de prensa con lenguaje etílico llegó a gritar: “A la gran puta déjeme trabajar” en alusión a que no se le toleró brincarse las leyes y controles del país. Gracias a esos contrapesos no se le permitió gobernar a su antojo y de manera ilegal.

A raíz de esta situación el presidente astutamente cambio de posición, en vez de iniciar un proceso de revisión de sus actos y enderezar sus proyectos de leyes quitándoles sus falencias legales, constitucionales y formas de financiamiento, se replegó y comenzó con su beligerancia política que le causó una solicitud de levantamiento de su inmunidad, a solicitar en todas sus conferencias de prensa y en cualquier mitin propicio a solicitar a sus seguidores que en las próximas elecciones le dieran a su partido Pueblo Soberano, la continuidad del chavismo con 40 diputados jaguares para poder gobernar y hacer lo que le dé la regalada gana con la Constitución y nuestra democracia. Laura Fernández la candidata presidencial del PPSO sigue fielmente este mandato y lo pregona en todas sus comparecías públicas y en los pocos debates a los que ha asistido. Dennos 40 diputados y los ticos básicos quieren dárselos.

Dada esta situación las elecciones para diputados cobra especial relevancia, más que la elección del presidente y sus vicepresidentes. De conseguir el chavismo, no los 40 diputados que parece difícil por el sistema de elección, sino una mayoría parlamentaria de por lo menos 20 legisladores pueden comprar después con 30 denarios a los diputados Judas traidores al estilo de los Borgojos que se meten por sus grandes y fétidos traseros los principios éticos y morales, cambian de bandera partidaria y se hacen diputados independientes apoyando al mejor postor ¡Qué Lacra! Con esa compra de lealtades el chavismo puede tener la mayoría absoluta (29 votos) o la calificada (38 votos) con lo cual gozarían del poder para institucionalizar por la vía legal atropellos a nuestro sistema jurídico, constitucional y democrático y convertirnos en una tiranía como las de algunas naciones vecinas.

Por lo anterior si bien el voto presidencial es importante para este domingo 1° de febrero lo es más el voto por diputados. Un presidente sin control del Poder Legislativo no puede atropellar la voluntad democrática del país. Ya tenemos el ejemplo de Chaves. Hay que votar, quebrar el voto y elegir diputados de partidos minoritarios y decentes que nos garanticen la solvencia moral de sus candidatos, y desde luego no hay que votar por los indeseables chavistas con esos diez que nos garantizan toda clase de delitos desde sus futuras curules disfrutando de inmunidad por cuatro años.

SALGAMOS A VOTAR POR NUESTRA DEMOCRACIA Y POR LA PAZ DE COSTA RICA

– Economista jubilado