De cómo evitar la corrupción política en un sistema parlamentario

Enrique Gomáriz Moraga

La memorable frase de Groucho Marx “Estos son mis principios; si no le gustan tengo otros”, sigue teniendo sentido en nuestros días. Pertenece a ese tipo de sentencias cómicas que nos hacen gracia, precisamente porque se refieren a algo pernicioso que no debiera suceder. Alude a ese tipo de corrupción política que guarda relación con la falsedad del discurso, de la ideología, de las intenciones y las promesas que no se cumplirán.

Cierto, se trata de un tipo específico de corrupción política, porque también las hay de otro tipo. Por ejemplo, la que guarda relación con motivos económicos, como el latrocinio, la compra de favores, el mal uso de fondos públicos, o la que se refiera al uso discrecional del poder, el favoritismo o el tráfico de influencias (sobre la tipificación de este último, algo están aprendiendo Begoña Gómez y su marido Pedro Sánchez).

Sin embargo, hay una notable diferencia entre este tipo de corrupciones y la que alude a la falsedad ideológica y del discurso. La corrupción directamente económica o de tráfico de influencias, están claramente identificadas como figuras delictivas y poseen el correspondiente castigo. No sucede así con la que alude Groucho Marx: la corrupción de las ideas o del discurso no tiene una tipificación definida y, por consiguiente, carece de clara sanción.

Desde luego, eso no significa que no exista una sanción moral: a ninguna persona decente le gusta que le mientan o le engañen en política. Pero el argumento frecuentemente utilizado es que, en democracia, este tipo de corrupción tiene un costo político, que se manifestará a posteriori en términos electorales: se supone que los electores dejarán de votar por el mentiroso, el que hace trampa, (o, como como se recoge en el diccionario usual del Poder Judicial de Costa Rica, el matrafulero).

Sin embargo, cabe la pregunta: ¿y no será posible establecer una tipificación clara de ese comportamiento (matrafulero) cuando éste se produzca, independientemente de la posterior sanción electoral? En realidad, ese tipo de corrupción política no es menos sustantiva, ni tiene efectos menos efectos nocivos para la salud y la cultura democrática de un país, que el otro tipo de corrupción (económica o institucional).

Este asunto tiene una especial relevancia en los sistemas políticos de corte parlamentario. El mercadeo político sin límites en un sistema parlamentario simple, como ha sucedido por décadas en Italia, ha convertido el parlamento en algo muy parecido a un mercado persa. Con las consecuencias conocidas de mayor corrupción, mas inestabilidad política y degradación de la cultura política e incremento del cinismo ciudadano.

Varios países europeos han tratado de corregir este modelo, mediante el establecimiento de un sistema semiparlamentario, donde se elige un poder ejecutivo al tiempo que el legislativo, mediante, por ejemplo, el otorgamiento del gobierno a la fuerza política que tiene mayor apoyo electoral. En España no existe tal mecanismo constitucional y la formación del gobierno es fruto de la negociación directa de las fuerzas parlamentarias, una vez constituido el parlamento. El otorgamiento del Gobierno a la fuerza política más votada es una decisión voluntaria, como lo hizo por ejemplo Felipe González tras la última contienda electoral en que participó.

Al no estar reglada esa posibilidad, es perfectamente posible la formación de un gobierno sobre la base de una mayoría parlamentaria, que Pérez Rubalcaba calificó acertadamente de Frankenstein. Parafraseando a Groucho, podría decirse: se propone unos principios y un programa, pero si no tengo más remedio puedo formar una mayoría parlamentaria con gente que tiene otros principios muy distintos o completamente contrarios. Resulta ya una evidencia que las consecuencias de esa dependencia de un apoyo parlamentario espurio, conlleva el abandono de las posiciones de principio, el incumplimiento de promesas electorales, y el actuar contrariamente a lo sostenido en el discurso. Eso obliga forzosamente a una forma de hacer política donde predomina el engaño, el doble discurso, el juego tramposo (el comportamiento matrafulero, según el diccionario del poder judicial costarricense).

No es necesario extenderse mucho sobre el efecto nocivo que tiene ese comportamiento para la cultura política de la democracia. La degradación de la acción política, conduce progresivamente al pensamiento cínico de la ciudadanía (“todos los políticos son iguales”, “mientes más que un político”, etc.).

Creo que ya ha llegado la hora de pasar del desagrado y la pasividad a la necesidad de dar una respuesta sustantiva a ese tipo de corrupción política. En varias direcciones. La referida a la arquitectura del sistema, superando los defectos de un sistema parlamentario simple, mediante la búsqueda de un modelo semiparlamentario más eficaz. Pero también atacando de forma directa este tipo de corrupción política, incluyendo su tratamiento desde el ámbito jurídico y constitucional. No parece conveniente dejarlo todo a la buena memoria del electorado en la próxima competencia electoral. Es necesario enfrentar el problema abiertamente y ponerse a buscar las herramientas para superarlo.