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Diciembre 12, 2023
Por Emilio Godoy
DUBÁI – Uno de los debates más encendidos de la cumbre climática anual que llega a su conclusión en esta ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, revoloteó alrededor del fraseo de la declaración final, respecto a “phase out (abandono de los combustibles fósiles)» o “phase down (reducción)» en un plazo determinado.
Se trata de un cálculo esencial sobre el desmantelamiento de refinerías, ductos, plantas generadoras de electricidad y otra infraestructura que, en algunos casos, lleva años de operación, según se ha analizado en la 28 Conferencia de las Partes (COP28) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Especialistas consultados por IPS en los espacios de la cumbre coinciden en la magnitud de la factura que, para algunas naciones latinoamericanas, podría ser incosteable.
La brasileña Fernanda Carvalho, líder mundial de Energía y Política Climática del no gubernamental Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), hace mención a la cuantía, sin especificar una cifra.
“Se va a necesitar soporte financiero. Debe haber un enfoque diferenciado, tiempos diferenciados, que los países desarrollados vengan con los recursos”, dijo a IPS la experta, presente en la COP28, que ha tenido su sede en la Expo City de las afueras de Dubái.
En una nueva subasta de fuego, la COP28 se enfrascó en un debate agrio entre el abandono y la disminución progresiva, con fecha definida, del petróleo, el gas y el carbón, que ya ha anticipado una final de decepción en Dubái, que como es tradición en estas cumbres alargó sus negociaciones un día más, para concluir este miércoles 13.
El concepto “phase down” ha estado en la jerga climático-energética desde hace años, pero tomó vuelo en la COP26 del año 2021 en la ciudad escocesa de Glasgow, cuyo Pacto Climático alude a la reducción del carbón que se sigue produciendo y la eliminación de subsidios ineficientes a los combustibles fósiles.
“Se va a necesitar soporte financiero. Debe haber un enfoque diferenciado, tiempos diferenciados, que los países desarrollados vengan con los recursos”: Fernanda Carvalho.
A lo largo de las cumbres climáticas desde 1995, los países en desarrollo han insistido en medidas diferenciadas para ellos, según su propia situación; la necesidad de financiamiento de las naciones desarrolladas y la transferencia de tecnología, especialmente de alternativas energéticas.
Para el argentino Enrique Maurtúa, asesor principal en Diplomacia del Balance Mundial Independiente (una red de organizaciones), se espera una señal política que determine regulaciones o medidas de mercado respecto a un acotamiento progresivo o un abandono.
“Si no se pone una fecha, no hay indicaciones. Si se pone un phase out para 2050, hay una trayectoria para la transición. Con una fecha específica, el mercado puede reaccionar. Y luego cada país debe evaluar su contexto”, aseguró a IPS el experto en la Zona Verde de la COP28, la que acoge a las organizaciones de la sociedad civil en la cumbre.
El conocimiento científico disponible indica que la mayoría de las reservas probadas de hidrocarburos debe quedar sin extraer en 2030, para controlar el aumento de la temperatura planetaria por debajo de 2 grados centígrados, el umbral acordado en el Acuerdo de París de cambio climático de 2015 para evitar desastres masivos.
Episodio fallido
En la región latinoamericana existen antecedentes infructuosos sobre un intento de salida de los fósiles.
En 2007, el entonces presidente Ecuador, Rafael Correa (2007-2017), lanzó la iniciativa Yasuní-Ishpingo Tambococha Tiputini, que buscaba el cuidado del Parque Nacional Yasuní en la Amazonía ecuatoriana, a cambio de fondos de gobiernos, fundaciones, empresas y particulares por unos 3600 millones de dólares en 2024 para mantener el petróleo en el subsuelo.
El propósito consistió en el olvido de 846 millones de barriles de petróleo. Pero un fondo especial de Ecuador y el Fondo de Naciones Unidas para el Medio Ambiente solo recolectó 13 millones, según el gobierno de Quito, y por lo que Correa decidió su cancelación en 2013, en una coyuntura en la que el despegue renovable aún no aparecía en el horizonte.
En agosto último, Ecuador decidió en un referendo el freno a la extracción petrolera en un bloque en Yasuní que aportó 57 000 barriles diarios en 2022, el mismo resultado que buscaba Correa, pero sin dinero extranjero.
El resultado de la consulta debe quedar ejecutado en un año, aunque aún es incógnita la postura del gobierno del presidente del empresario bananero Daniel Noboa, quien asumió el cargo el 23 de noviembre.
“Si no se pone una fecha, no hay indicaciones. Si se pone un phase out para 2050, hay una trayectoria para la transición. Con una fecha específica, el mercado puede reaccionar. Y luego cada país debe evaluar su contexto”: Enrique Maurtúa.
Mientras, en Colombia el presidente Gustavo Petro ya dispuso el freno a nuevos contratos de exploración de petróleo y carbón, una promesa de su campaña electoral en 2022.
Además, el mandatario anunció el día 2 en Dubái que su país se suma a otras nueve naciones que promueven el inicio formal de la negociación del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.
Colombia se convierte así en la primera nación latinoamericana y el mayor productor petrolero y carbonífero en unirse cuya semilla surgió en 2015 cuando varios dirigentes de las islas del Pacífico y oenegés plantearon la urgencia de tener un mecanismo internacional para dejar los fósiles.
Para el emprendimiento de una transición energética justa hacia combustibles menos contaminantes, Petro calcula una factura inicial de 14 000 millones de dólares, entregados por gobiernos del Norte desarrollado, organismos multilaterales y fondos internacionales.
En esta ciudad árabe se vivió una nueva feria de las ilusiones climáticas, que arrancó el 30 de noviembre bajo el lema “Unir. Actuar. Cumplir”, lo que menos ha resultado en la historia de las COP desde la primera, celebrada en Berlín en 1995.
Dentro de esas ilusiones, hubo compromisos y declaraciones voluntarias sobre energía renovable y eficiencia energética; agricultura, alimentación y clima; salud y clima; finanzas climáticas; refrigeración; y transiciones justas con enfoque de género.
Además, se registraron ofrecimientos financieros por unos 86 000 millones, sin especificar si es plata nueva, y que deberían destinarse a estos temas.
Millones de millones
Dada la producción y planes exploratorios de los principales países productores de hidrocarburos en la región, la magnitud del desafío a mediano y largo plazos es descomunal.
En octubre, Brasil, la mayor economía de la región y la 11 del mundo, extrajo 3543 millones de barriles de petróleo y 152 millones de metros cúbicos (m3) de gas diarios.
Esta extracción representó aproximadamente 2 % de la economía interna ese mes.
Por su parte, México, la segunda economía regional, extrajo en octubre 1,64 millones de barriles 4971 millones de m3 cúbicos de gas diarios, que equivalieron a unos 52 millones de dólares de ingresos en ese mismo mes.
Mientras, Colombia produjo 780 487 barriles de petróleo en los primeros ocho meses de 2023 y 1568 pies cúbicos diarios de gas, cuyos recursos equivalen a 12 % de los ingresos públicos.
“Tenemos que pensar en medidas de descarbonización. Queremos que América Latina sea un potencia en energía limpia”, planteó Carvalho.
A septiembre último, la estatal Petróleo Brasileiro (Petrobras) trabajaba en la obtención de 9571 millones de barriles de petróleo equivalente, según la Lista de Abandono Global de Petróleo y Gas elaborada por la organización no gubernamental alemana Urgewald.
Este volumen supone un exceso de 94 % por encima del límite del Acuerdo de París de 2015 para mantener el calentamiento planetario por debajo de dos grados centígrados.
Mientras, la también estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) desarrolla 1444 millones de barriles de petróleo equivalente, 56% por encima del umbral visualizado por el Acuerdo de París.
Finalmente, la empresa pública Ecopetrol, en su mayoría propiedad del Estado colombiano, trabaja en la obtención de 447 millones de barriles, 98% por encima del límite del Acuerdo de París, según Urgewald.
Adicionalmente, el costo de las acciones contra la crisis climática es estratosférico, inalcanzable para cualquier nación latinoamericana.
Por ejemplo, México calculó que la ejecución de 35 medidas, entre ellas en el sector de generación de energía, gas y petróleo, costarían 137 000 millones de dólares en 2030, pero los beneficios totalizarían 295 000 millones.
Pero Maurtúa relativiza la cuestión presupuestaria. “Hay mucha plata pública con la que se pueden hacer muchas cosas” y complementada por recursos internacionales, propuso.
ED: EG
