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La contradicción de un gobierno que prioriza horas sobre desarrollo
Por José Solano
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y numerosos estudios en especial en países europeos, además de Colombia y México qué están avanzando en este tipo de legislación, demuestran que reducir la jornada laboral a 40 horas semanales o menos aumenta la productividad porque mejora el equilibrio entre vida y trabajo, reduce el estrés y previene el agotamiento. Trabajadores más descansados y con mayor bienestar cometen menos errores, son más creativos y mantienen una mayor concentración. Países como Alemania, Dinamarca y Noruega, con jornadas más cortas que las de Costa Rica, registran altos niveles de eficiencia y competitividad, demostrando que no son las horas trabajadas, sino su calidad, lo que impulsa el rendimiento.
Además, la OIT sostiene que las jornadas excesivas generan costos ocultos en salud pública y rotación laboral. En Europa, experiencias como la de Islandia —que redujo la semana laboral a 35-36 horas sin bajar salarios— mostraron que los empleados mantuvieron o incluso incrementaron su productividad, mientras empresas reportaron menor absentismo y mayor retención de talento. Esto confirma que políticas laborales inteligentes no están reñidas con la eficiencia económica; al contrario, invertir en condiciones dignas es invertir en productividad sostenible.
Paradoja de la Administración Chaves Robles y los partidos tradicionales que se les alían en esta contradicción
En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado una paradoja difícil de ignorar: mientras el país necesita con urgencia modernizar su infraestructura y servicios públicos para no quedarse atrás en competitividad, el gobierno insiste en impulsar políticas que, en lugar de avanzar, nos retrotraen a modelos laborales del siglo pasado. La convocatoria a sesiones extraordinarias para aprobar las Jornadas 12 horas 4×3 es un ejemplo claro de esta contradicción. ¿Por qué dedicar esfuerzos políticos a flexibilizar horarios laborales —un tema que erosiona derechos históricos— en lugar de priorizar proyectos clave como la Ley Marco de Asociación Público-Privada (APP), que podría dinamizar la inversión en carreteras, transporte y energía?
Las Jornadas de 12 horas 4×3: Un paso atrás en el Estado Social de Derecho
El proyecto de jornadas 4×3 no es neutral: representa un retroceso en las condiciones laborales que por décadas han distinguido a Costa Rica en la región. El país construyó su estabilidad social sobre pilares como el salario digno, la jornada de 8 horas y el respeto a los derechos de los trabajadores. Estas conquistas no son solo un legado ético; son también la base de una mano de obra calificada y productiva. Flexibilizar las jornadas sin garantías sólidas —como sucede en la propuesta actual— no solo desgasta la calidad de vida de las familias, sino que puede aumentar el desgaste físico y mental, reduciendo la eficiencia a mediano plazo.
El argumento de ”generar empleo” es engañoso: el empleo precario no desarrolla un país. Si el gobierno realmente quisiera reactivar la economía, debería enfocarse en crear empleo de calidad, vinculado a proyectos estratégicos que resuelvan los cuellos de botella que ahogan nuestra competitividad.
La APP: La deuda pendiente con el desarrollo
Mientras el Congreso discute cómo alargar la jornada laboral, otros temas urgentes duermen en la gaveta. La Ley Marco de Asociación Público-Privada lleva años postergada, a pesar de que el modelo actual de concesiones —heredado de los 90— ha demostrado ser lento, opaco e ineficiente. Basta ver el estado del transporte público, las carreteras colapsadas o la lentitud en proyectos de energía renovable para entender que el Estado solo no puede resolver estos problemas.
Las APP bien diseñadas —con controles claros y participación ciudadana— podrían ser una herramienta para atraer inversión, descongestionar la infraestructura y mejorar servicios esenciales. Pero en lugar de impulsar este debate, el gobierno prefiere enfocarse en una reforma laboral que divide a la sociedad y beneficia solo a ciertos sectores empresariales.
¿Dónde está la prioridad?
No se trata de satanizar la flexibilidad laboral o idealizar las APP, sino de cuestionar la coherencia de un gobierno que habla de progreso pero invierte su capital político en iniciativas regresivas. Costa Rica necesita un plan integral que:
- Proteja los derechos laborales sin caer en rigidices, pero sin sacrificar el bienestar de los trabajadores.
- Acelere la inversión en infraestructura mediante mecanismos modernos y transparentes, como las APP.
- Priorice lo urgente. El país no puede permitirse otro lustro de debates circulares mientras el transporte colapsa y las empresas pierden horas en tacos.
Mientras otros países de la región avanzan en alianzas estratégicas para modernizarse, Costa Rica arriesga su futuro discutiendo si es aceptable que un trabajador labore 12 horas seguidas. La pregunta no es solo técnica, sino moral: ¿qué clase de desarrollo queremos? Uno que recorta derechos, o uno que construye bases sólidas para crecer.
El gobierno tiene la palabra. O mejor dicho, la acción en el año que le queda, después de tres años de hacer lo contrario, pelear hasta con partidos afines a sus políticas, solo para poner excusas y quedar bien por el estilo de su retórica y no por un legado permanente.
– Analista Político
