Corrupción, impunidad y chivos expiatorios

Ágora*

Guido Mora
guidomoracr@gmail.com

Desearía ser el único costarricense que piense de esta forma y, por lo tanto, estar equivocado.

Sin embargo, la evidencia del abuso y la apropiación de fondos públicos, en manos de algunos empresarios y políticos, no son sino el resultado de la existencia de extensas redes de corrupción, parásitas del Estado y la sociedad, alimentadas de los recursos de todos los costarricenses.

Lamentablemente, en apariencia, estas estructuras son de larga data y profundas e intrincadas raíces.

La corrupción y el abuso de los recursos públicos no son fenómenos ni recientes ni modernos. Ya en la Roma clásica, un régimen que se alimentaba de la depredación y el tráfico de influencias, pero que, de igual manera, es la base de nuestra sociedad occidental y del derecho positivo, existían personas y grupos, integrantes de las clases patriarcales, que se valían de sus influencias y sus relaciones para obtener, mantener o incrementar sus riquezas.

La presencia creciente de la corrupción, condujo a los gobernantes de la época, a aprobar y aplicar varias leyes para combatirla:

La “Ley Calpurnia”, emitida en el año 149 A.C., se impulsó a propósito de un caso de malversación de fondos, del que fue acusado el gobernador de la provincia de Lusitania, Servio Sulpicio Galba.

En el año 123 A.C, se establecieron los “quaestiones perpetuaes”, tribunales permanentes dedicados a analizar estas prácticas y las extorsiones de los gobernadores provinciales, juzgando delitos de corrupción, cohecho o tráfico de influencias.

Se dictó la norma “crimen maiestatis”, que valoraba y juzgaba los abusos de poder por parte de los senadores y magistrados. El “crimen peculatus” que hacía referencia a la malversación y apropiación indebida de fondos públicos, así como la alteración de moneda o de documentos oficiales por parte de los funcionarios. O el «crimen ambitus», que describía la corrupción electoral, especialmente la compra de votos, acto que hoy, en la concepción del presidente de un partido político, es un acto normal, que no merece ser señalado, castigado o perseguido.

Con el pasar de los años y el incremento de la corrupción, que perjudicaba el funcionamiento de la República Romana, se recurrió a la aprobación de normas como la “Lex Acilia” – que subió la pena para los delitos de malversación de fondos y cohecho de la “Lex Calpurnia”, que establecía una multa del doble del valor del daño causado por el funcionario; la “Lex Sempronia” (122 a.C.) o la “Lex Servilia de Repetundis” (111 a.C.), que establecieron penas más severas para los delitos de cohecho. Ambas fueron completadas con otras leyes tales como la “Lex Livia Iudiciaria” (91 a.C.), que impuso una corte especial para los juicios contra los jueces corruptos que hubieran cometido extorsión, o la “Lex Cornelia”, que aumentaba las condenas para los magistrados que aceptaran dinero en un juicio por cohecho.

Las penas extremas, para la expiación de un delito eran la perdida de los derechos de ciudadanía, condena terrible para un patricio romano, que se desenvolvía en un entorno económico, social y político muy dinámico; la expatriación y la muerte.
Ante esta última pena, y en situaciones extremas, se procedía a cortar la cabeza y ponerla sobre una estaca en el Parlatino, exhibiéndola ante todos los ciudadanos, como escarnio para el infractor y su familia.

Volviendo al caso que nos ocupa, me temo que, quienes integran estas redes de corrupción en Costa Rica, podrían ejecutar y descuartizar, hablando metafóricamente, algunos cuerpos de quienes puedan presumiblemente estar involucrados en este y otros actos delictivos.

Con esta acción, pretenderían ofrecer a la opinión pública los “trofeos”, para acallar la ira de los ciudadanos y salvaguardar la integridad política de “autoridades superiores”, que siguen los acontecimientos desde el rincón más oscuro de sus lujosas habitaciones o desde diversas posiciones políticas y administrativas del sector público o privado.
Es posible que los “chivos expiatorios” o “cabezas de turco”, se estén asomando ya en las publicaciones de medios de comunicación o redes sociales. Esto no es del todo malo, al fin y al cabo, de alguna manera seguramente están involucrados en el negocio.

Sin embargo, lo pernicioso para nuestro país sería, que los costarricenses veamos fortalecerse ese hedor a impunidad que se siente en el ambiente. Lo realmente negativo es que se pretenda ocultar y proteger a muchos actores, sobre quienes pesan dudas y que, indiscutiblemente, forman parte de esta macabra novela, que corroe la base misma de la institucionalidad costarricense y tiene sonrojada a nuestra sociedad.

Ante esta y otras actividades dudosas, relacionadas con alcaldes, fiscales, magistrados, diputados, ministros y exministros, para mencionar sólo algunos de los integrantes de la fauna política nacional, debemos decir que, en el momento histórico que vivimos cuestionamos, no exclusivamente la violación de las leyes, sino la evidente y reiterada transgresión de la ética, que debe regir el accionar de todo funcionario público. Esta transgresión que puede ser tanto por acción, como por omisión.

Por lo anterior, no podemos ni debemos permitir que la exposición de unos cuantos, acalle la necesidad de exhibir y atacar, de manera contundente, a quienes han lucrado con los recursos públicos y las necesidades de los costarricenses.
Exigimos que la lucha sea implacable y el castigo ejemplar.

Sólo de esta manera los brotes sanos y frescos reverdecerán, se renovarán las estructuras de poder y se fortalecerá la institucionalidad de costarricense.

* El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas.