Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente

Ágora*

Guido Mora

He seguido con detenimiento los llamados realizados por algunos profesionales en Derecho, encabezado por el Lic. Alex Solís Fallas, para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

La primera etapa de este esfuerzo concluyó el pasado 16 de febrero cuando, en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, se presentó un Proyecto de Ley, acogido por la Diputada Maureen Clarke, para normar el proceso de convocatoria y elección de quienes, por un período de veinte meses a partir del 7 de noviembre de 2016, tendrán la obligación de redactar la Constitución que normará la vida de Costa Rica, a partir del año 2021.

En lo personal, y sin ánimo de ser irrespetuoso con los promotores de esta iniciativa, me parece que los argumentos que sustentan esta convocatoria tienen un punto de partida falso: la necesidad de cambiar la Carga Magna para resolver la crisis política e institucional que vive Costa Rica.

Considero que esta concepción surge de una “deformación profesional”, que se sustenta en la premisa de que, con la sola aprobación o la “modernización” de las leyes, se resuelven los problemas del país.

Pienso que este es un punto de partida ilusorio y sustento mi argumento en que si las cosas funcionaran de esa manera, con la sola aprobación de la Nueva Ley de Tránsito, se habrían terminado o al menos disminuido los accidentes en Costa Rica. Todos sabemos que esa no es la realidad.

Actualmente a pesar de que existen innumerables leyes que establecen acciones regulatorias del quehacer nacional, prevalece un sentimiento de impunidad entre los costarricenses y la percepción de que se pueden cometer delitos, faltas u omisiones, sin que exista un verdadero poder coercitivo de parte del Estado, que sancione el inapropiado comportamiento de los actores privados o públicos.

La permisividad de la conformación del delito – público y privado-, y la inexistencia del castigo legal, político y social ha caracterizado el accionar de los Tribunales de Justicia ya sea por negligencia, compadrazgo político o impericia profesional.

Considero, a diferencia de lo que se propone, que la transformación que requiere este país no depende de la reforma de las leyes o la redacción de una nueva Constitución Política.

Desde mi perspectiva, el problema va más allá.

Estoy convencido de que en Costa Rica lo que fallan no son las leyes, sino que los que pifian en su tarea son los encargados de su aplicación, quienes custodian su acatamiento, tanto en el sector público como en el privado: jefes, supervisores, autoridades, funcionarios y empresarios.

La solución no depende de la elaboración o modernización de la Norma Constitucional, sino de la observancia de las leyes ya existentes, por parte de quienes deben fiscalizar el cumplimiento del Régimen Jurídico.
El manoseo a que ha sido sometida nuestra Constitución Política, se ha originado no pocas veces, en la voluntad de los diputados de satisfacer sus ambiciones personales o las de grupos de económicos, que buscan de una u otra manera saciar sus intereses.

Creo que en Costa Rica prevalece un problema de actitud, de valores, de respeto, también de urbanidad y humanismo. Los costarricenses nos hemos vuelto irrespetuosos, descorteses, desconsiderados y hasta insolentes.
La desfachatez, la vulgaridad y la desvergüenza han permeado vertical y horizontalmente todos los estratos de nuestra sociedad. La mayoría de costarricenses hemos visto atónitos y silenciosos como la infección ha alcanzado todos los extremos del sistema social: desde expresidentes hasta empleados públicos, diputados o jueces, ciudadanos comunes o autoridades.

Algunos vividores y aprovechados, pasan por encima de las normas básicas de urbanidad, de decencia y de civilidad, para dar rienda suelta a sus caprichos y satisfacer el hedonismo que alimenta la sociedad actual y que engrandece su ego.

Sostengo que el problema que tenemos en el sistema político costarricense no está provocado por caducidad de la Normativa Constitucional.

El problema del sistema institucional y político costarricense es el producto de una mala interpretación del concepto de “democracia política”, en donde una gran mayoría de los actores sociales e institucionales han provocado una regresión de la noción de libertad, desfigurándola en un criterio de libertinaje anarquista, en donde todos somos capaces de criticar, pero ninguno asume la responsabilidad personal de transformar su entorno, para impactar positivamente a la sociedad.

Respeto y confío -porque lo conozco personalmente-, en la buena voluntad que prevalece en el Lic. Alex Solís Fallas, principal impulsor de esta iniciativa, pero no estoy de acuerdo en facilitar a ciertos actores sociales y políticos la posibilidad de meter mano en la redacción de una nueva Constitución Política, porque el resultado de ese esfuerzo puede resultar más negativo para Costa Rica, que conservar el actual texto Constitucional redactado en 1949.

* El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas.