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Enrique Gomáriz Moraga
Es cierto que Maduro ha sido la encarnación de una dictadura que practicó un fraude descarado en las ultimas elecciones en Venezuela, usurpando el poder político que le correspondía al ganador de los comicios, Edmundo González. Se transformó así en un gobierno ilegítimo, no reconocido por la mayoría de las democracias del planeta.
Al convertirse en un gobierno ilegítimo queda abierta así la posibilidad del empleo de la fuerza para sustituirlo. Puede aplicarse el derecho a proteger que asiste a las poblaciones sometidas a un régimen de dictadura. Pero esa intervención no puede hacerla cualquiera, ni siquiera tomando la justicia por su mano. Son las Naciones Unidas, de forma directa o mediante su patrocinio, las únicas con esa competencia de conformidad con las normas básicas del derecho internacional.
La operación militar unilateral realizada por el presidente Trump que incluyó la captura de Maduro la pasada madrugada carece totalmente de esa competencia legítima. Resulta, por tanto, una usurpación del poder soberano de Venezuela. Como dicta una regla básica del derecho, la comisión de un delito no justifica otro.
Obviamente, cabe la pregunta sobre cual debe ser el planteamiento, ante el hecho consumado de la captura de Maduro, el cual ha contado indudablemente con apoyo interno, al menos en el terreno de la inteligencia. Pero una primera prevención consiste en examinar con precisión si ese apoyo interno es tan amplio que estamos ante un profundo quiebre de la dictadura. Eso pasa por preguntarse cual es la situación de las fuerzas armadas venezolanas. Resulta una obviedad que no han sido capaces de detener una operación de secuestro de su comandante en jefe. Pero ese dato no debe sobreestimarse, en términos de un abandono de la mayoría de los efectivos castrenses favorable al mantenimiento del régimen.
Sea como fuere, ante la situación creada solo cabe exigir una rápida transición hacia el establecimiento de un gobierno legítimo y soberano; sea mediante una reposición en el poder del ganador de las últimas elecciones o mediante un acuerdo consistente en una rápida convocatoria de nuevas elecciones para constituir unas autoridades legítimas.
Lo anterior supone un categórico rechazo de las propuestas sobre el régimen neocolonial que está planteando Trump. Los Estados Unidos no tienen ningún derecho a conducir el país mientras se acuerda un proceso de transición hacia un gobierno electo. Tampoco tienen derecho alguno para establecer que las compañías petroleras estadounidenses repongan y actualicen la infraestructura petrolera venezolana.
Esas propuestas resultan tan groseras que difícilmente pueden ser aceptadas por los actuales dirigentes venezolanos. No permiten ninguna solución ordenada y pacífica. Por eso resulta lógico que la vicepresidenta Delcy Rodríguez hay tenido que desdecirse de las buenas palabras que intercambió con el Secretario de Estado Marco Rubio en medio del ataque militar estadounidense.
Puede suceder que el chavismo tenga todavía capacidad de resistencia y tenga lugar un proceso más lento del previsto por Washington. Trump ha asegurado que esta prevista una segunda intervención en Venezuela si esto llegara a suceder. Pero tal segunda intervención podría dar lugar a un enfrentamiento considerablemente sangriento. Se afirma que esta operación comando costó en torno a unas 40 vidas de venezolanos y algunas otras estadounidenses.
En todo caso, estos hechos traumáticos no solo tienen consecuencias a corto plazo sino también a mediano y largo término. El regreso al uso de la fuerza podría provocar el resurgimiento de la violencia antiimperialista en una región que había logrado superar esa tendencia.
