Consecuencias de la salida de doña Rocío

Carlos Manuel Echeverría E.

La banca internacional interesada en los bonos que ofrece el Gobierno de Costa Rica, reacciona negativamente a la salida de doña Rocío. Lo expresa demandando un mayor interés al percibir mayor riesgo. ¿Riesgo de qué?

Doña Rocío venía haciendo un trabajo que la comunidad financiera internacional, de la que la banca es parte, reconoce como muy valioso. Quizás uno puede no sentirse contento con la reforma fiscal, a mi juicio poco progresiva y tímida en algunos aspectos fundamentales. Lo anterior, no se le puede achacar a doña Rocío, sino más bien a quienes legislando, dieron los últimos toques y aprobaron lo que ya es ley. En fin, se logró lo que políticamente era viable, que personalmente y como a todos, me está pegando muy duro, pero lo asumo como necesario.

Para nadie es un secreto que la economía costarricense, así como su sistema político y el social, se están deteriorando. El ciudadano de a pie pierde la confianza en el sistema político, el coeficiente de Gini, que indica la brecha social, se deteriora a pasos agigantados y los desequilibrios económicos se aceleran. Todavía se da la evasión fiscal.

El aparato estatal crece exorbitantemente por la vía del aumento del gasto corriente, no de la inversión en infraestructura, excelencia los servicios o una inversión social con calidad. Los yerros de entidades como el ICE y subsidiarias, con las enormes brechas financieras y cronológicas vis a vis la planificación e implementación de sus proyectos, las pagamos los ciudadanos y el sector productivo, vía tarifas más altas.

Las desmedidas remuneraciones al factor laboral a los niveles superiores y en algunos casos a todos ellos, que tienden a crecer más que los presupuestos institucionales en las instancias que se escudan en una autonomía mal entendida, requieren urgente atención. Tales el caso el caso del fondo FEES universitario, que deja cada vez menos recursos para inversión, investigación, perfeccionamiento docente y becas estudiantiles. Esas remuneraciones son insostenibles y deben ser reducidas drásticamente. Es impostergable el desmantelamiento de sus disparadores que ilegítimamente los beneficiarios han establecido, desdeñando las más elementales normas de proporcionalidad, solidaridad, ética y fortalecimiento de la economía nacional, cuyo progreso sostenido y necesario, depende de una creciente competitividad. Dicha competitividad se da cuando se trabaja en todos los sectores, públicos y privados, con eficiencia y eficacia, con tecnología dinámica aplicada con buena ciencia, o sea a un costo razonable y logrando metas realistas, lo que no sucede en el estado costarricense salvo contadas excepciones. Al contrario, el creciente alto costo del sector público, originado como se dijo en ineficiencias, ineficacias debido a la mala gestión y el constante aumento de gastos para cubrir errores financieros de los que a nadie se hace responsable y consecuentemente no hay condena, se convierte en un lastre para el sector productivo; reduce la capacidad para competir en el mercado internacional y con ello el ingreso de las divisas necesarias para importar, lo que es clave especialmente en una economía pequeña y de mediano desarrollo. Muestra de ésto es el desmantelamiento parcial de VICESA, cuyo consumo de energía generada por el ICE es enorme. Si esto sigue así, no tendrá sustento la remuneración al factor laboral y ni los asalariados y pensionados del sector público, que reciben entre cinco y “veintipico” millones de colones o más al mes, saldrán bien librados.

Hay que mejorar la gestión del aparato estatal en todas sus dimensiones, incluyendo la que imparte justicia y la que legisla. Hay que reducir drásticamente los ingresos de los empleados públicos a niveles altos en los entes autónomos que han sido abusivos, hoy convertidos en impresentable “nomenklatura”. El Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional, tienen que actuar al unísono y con coraje para lograr estos objetivos. Este logro, del que ya parece haber conciencia, depende la viabilidad a futuro de Costa Rica. Así mismo, sectores como los estudiantes universitarios organizados, deben presionar, para que bajen las vergonzosas remuneraciones a nivel superior en las universidades y las pensiones de locura, cuyo financiamiento futuro, en el caso de las remuneraciones, amenaza la viabilidad operativa de las educación superior pública, los programas de becas y deslegitima la autonomía universitaria, con las graves consecuencias que ésto puede tener, como ya lo comentó el rector Prieto..

La salida de doña Rocío, ya provocó una reacción negativa a nivel internacional, que nos costará plata a los costarricenses y conspira contra nuestra viabilidad futura. El Presidente de la República debe nombrar en el cargo a una persona con perfil de no dispendiosa y descarriladora de las reformas ya aprobadas; si no es así, digámosle adiós al desarrollo del país, entendiendo el desarrollo como crecimiento económico con progreso social significativo, sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Al salir publicado el presente artículo, es posible ya se haya nombrado como Ministro de Hacienda, a una persona con este perfil, capaz de liderar las transformaciones todavía pendientes e impostergables.

– Ex Vice Ministro de Planificación Nacional y Política Económica.