Con la democracia no se juega

Ágora*

Guido Mora
guidomoracr@gmail.com

Desde hace unos días leemos y escuchamos en redes sociales argumentos de quienes poco han hecho por la democracia, pero han estado dispuestos a criticarla y cuestionarla como nunca antes.

El llamado a romper el Orden Constitucional convocado por algunas personas en las redes sociales, es un método absolutamente extraño a nuestra idiosincrasia, al que no podemos darle cabida alguna.

El Gobierno, los Magistrados y los Diputados fueron electos por el período que establecen la Constitución y las Leyes. No es exigiendo la renuncia de estos Jerarcas como se va van a resolver los problemas que aquejan a Costa Rica.

Una situación similar está ocurriendo en general con esta Administración. Recuerdo que, aun antes de las elecciones, grupos conservadores que pretendían el triunfo de los partidos políticos tradicionales, asustaban a los votantes haciéndoles creer qué, si Luis Guillermo Solís triunfaba, se iba a producir una corrida de inversionistas al exterior; que las empresas iban a huir de Costa Rica, que se iban a perder puestos de trabajo; que incluso podría ocurrir que el Gobierno de los Estados Unidos desincentivara la inversión directa en nuestro país, por elegir a un partido con inclinaciones “populistas”.

Luis Guillermo Solís triunfó no sólo por la imagen que proyectó al electorado, sino porque los costarricenses estábamos y estamos cansados de los partidos y los candidatos tradicionales; de sus acciones dudosas, de los manejos oscuros y de la corrupción que proliferó en sus Administraciones. Sobra decir que, respecto de este particular, las dudas siguen prevaleciendo. Nada ha cambiado en estos veinticuatro meses.

Han pasado poco más de dos años desde que inició este Gobierno y las trágicas premoniciones anunciadas por estos grupos conservadores, no se han hecho realidad: ni ha habido un descalabro en la economía, ni se ha desestabilizado el tipo de cambio; ni ha habido una crisis profunda relacionada con la gobernabilidad del país.

Contrario a lo que se decía y a los argumentos con los que se pretendía asustar a los votantes, al mejor estilo de la manipulación de noticias que realizó el Gobierno de turno para el Referéndum que aprobó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, esta Administración puede exhibir un trabajo transparente y ajeno a los problemas de corrupción que caracterizaron a las anteriores.

No se produjo la crisis económica o la inestabilidad política pronosticada por las voces del odio. Los mensajes de quienes han pretendido conservar la política en manos de unos pocos han fracasado.

A pesar de la situación señalada, se ha desatado una crítica mordaz y muchas veces sin sentido a las acciones del Gobierno en general y del Presidente en particular. No me cabe la menor duda de que los Ministros y el Presidente están procurando cumplir su tarea de la mejor manera posible, pero también estoy claro que ha existido un bloqueo sistemático y una buena porción de mala fe, de parte de muchos sectores sociales y políticos, dispuestos a obstruir cualquier posibilidad de acción y solución que pueda impulsar esta Administración. Lo he señalado en otras oportunidades, el Gobierno no es tan bueno como ellos creen, ni tan malo como lo señalan sus opositores.

Desde el punto de vista estructural, no podemos obviar que Costa Rica está entrabada por la maraña burocrática; por el tejido jurídico y por las formas que ha tenido que desarrollar históricamente el país para evitar, como ha ocurrido en otras Administraciones, que la corrupción se multiplique y campee, sin que se haya castigado a los responsables políticos o intelectuales de estos delitos. La sensación de impunidad ante los delitos de cuello blanco prevalece y se arraiga profundamente en la percepción de los costarricenses.

En otro orden de cosas, hay que tener claro que algunos de los grandes problemas que enfrenta este Gobierno, los que considero más profundos, graves, de difícil solución y que categorizo en orden de importancia son: 1- el déficit fiscal, creado en la Administración Arias Sánchez y que la Administración Chinchilla no pudo resolver; 2- el problema de infraestructura, una situación endémica que no se resuelve en término de meses o unos pocos años y: 3- la inseguridad ciudadana, que lamentablemente es el reflejo de la descomposición profunda de la sociedad costarricense, vulnerada por los grupos de narcotraficantes y delincuentes internacionales.

Considero que los problemas señalados no son responsabilidad directa de la Administración Solís Rivera. El Gobierno ha realizado un esfuerzo por resolverlos, posiblemente no con los mejores instrumentos, ni con la mejor articulación. Pero de igual manera no es justo, que al actual Gobierno se le juzgue por la incapacidad de Administraciones anteriores de prever soluciones, atender estos problemas oportunamente y evitar que se convirtieran en situaciones explosivas.

En el marco de todo lo expresado, observando el panorama político nacional y las publicaciones realizadas por grupos organizados y ciudadanos en las redes sociales, me veo en la obligación de expresar una profunda preocupación porque hay quienes, sirviendo no sabemos a qué oscuros intereses y solapados en la crítica absurda, inmoral e irrespetuosa al Presidente de la República, están llamando al rompimiento del Orden Constitucional y al desorden civil.

Los costarricenses no podemos permitir que los enemigos de la democracia, haciendo uso de los mecanismos democráticos, atenten contra los pilares sobre los que está construido nuestro sistema político.

Hay situaciones que se deben corregir. Es indispensable que enderecemos el rumbo erróneo en que se ha puesto a Costa Rica desde hace ya muchos años y orientarnos a tomar mejores decisiones, para que la nuestra sea una Nación más rica, más igualitaria, más justa y solidaria.

No podemos permitir que unos pocos individuos, agrupados en organizaciones sindicales o en cámaras empresariales, disfruten de prebendas abusivas, por encima de las condiciones normales y lógicas que poseen la mayoría de los costarricenses. No se puede consentir que estos grupos continúen utilizando su influencia para presionar a las autoridades, con el fin de que se tomen y ejecuten decisiones que les benefician, por sobre las posibilidades reales del país. No podemos admitir que en Costa Rica coexistan ciudadanos de primera y de segunda categoría, esta es la antítesis del país que soñaron nuestros padres fundadores.

Debe prevalecer el interés general sobre el particular. Esta es la lucha que tenemos que librar, no sólo desde la perspectiva del Gobierno, sino desde la perspectiva de la sociedad que estamos obligados a construir para los costarricenses del futuro.

Mucho cuidado costarricenses, que podemos estar abriéndole la puerta a lobos con piel de oveja.

* El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas.