Complicada solución al creciente y peligroso déficit fiscal

Desde mi perspectiva

José Francisco Bolaños Arquín

Creo sin temor a equivocarme que todos o la mayoría de los ciudadanos, estamos muy preocupados por el creciente y peligroso déficit fiscal, que para este año será del 7,2% del PIB y que de no tomarse las medidas necesarias, irá en aumento año con año.

Ante esta situación, demandamos del Gobierno y la Asamblea Legislativa, junto con el apoyo de todos los sectores, una pronta solución para disminuir en un 3% del PIB, siendo esto además una promesa de las actuales autoridades.

La problemática del déficit fiscal es variada y compleja, sin embargo en esta oportunidad me referiré a las pensiones más altas llamadas “pensiones de lujo”, con cargo al presupuesto y a los pluses que influyen directamente en los altos salarios que se devengan en las instituciones públicas. Para hacerles frente a estos egresos se hace a través de impuestos y de un endeudamiento creciente (que todos pagamos) y que en la actualidad ronda el 50% del PIB.

En anteriores artículos, me he referido a la alta evasión y elusión fiscal, las transferencias, exoneraciones, viáticos, viajes al exterior, contrabando, la necesaria modernización, la restructuración del estado costarricense y a los cambios estructurarles que se requieren con urgencia como parte importante de este desequilibrio financiero.
Estas pensiones objeto de análisis, representan el 2% del PIB, con montos muy elevados que influyen directamente en el creciente déficit fiscal y lo más preocupante es que los poseedores de estos beneficios, durante su vida laborar no cotizaron lo suficiente.
Ante esta situación, el Presidente de la República en conjunto con la Ministra de Hacienda, presentaron coadyuvancias pasivas para oponerse a los procesos judiciales, planteados por algunos exmagistrados jubilados del Poder Judicial, ante la Sala Constitucional.

En lo que respecta a las remuneraciones y a las eventuales pensiones, en la Corte Suprema de Justicias se tiene que el pago de pluses gira en alrededor de un 97% de salario a 46 funcionarios de alto nivel; sin embargo, muchos de los incentivos forman parte de los 21 pluses a que tienen derecho los 12.400 empleados del Poder Judicial.

Comentaré sobre algunos de los incentivos vigentes en esta Institución, publicados recientemente; por estudio, desempeño y posición dentro de la estructura organizacional: 1) Índice de competitividad salarial (para que los salarios no pierdan valor adquisitivo). El beneficio oscila entre el 11% y el 22,37%, según el tipo de puesto y se incluye a los pensionados de la entidad; por ejemplo los Miembros del Consejo Superior reciben un 22,37%. 2) Reconocimiento por el ejercicio de la función judicial y el buen desempeño, beneficio entre un 10% y un 30% del salario base y lo reciben de acuerdo al puesto todos los empleados judiciales. 3) Sobresueldo a los Magistrados, por ₡800.000 colones por el aumento en el costo de vida decretado por el Gobierno. 4) Sobresueldo por coordinación de profesionales. Incentivo para peritos judiciales de Trabajo Social o Psicología que asuman labores de coordinación en oficinas regionales. El incentivo va de un 5% y un 10% dependiendo la cantidad de peritos judiciales a su cargo, durante los primeros dos años. 5) Sobresueldo por coordinación de Defensores Públicos, tienen derecho entre un 5% y 10% sobre salario base. 6) Sobresueldo por recargo de funciones. Pagos extra para los funcionarios que deban asumir labores de jueces, fiscales, defensores o inspectores. Se paga por día y es la diferencia salarial entre el puesto actual y el superior. 7) Sobresueldo por coordinación de jueces. Reconocimiento a los jueces por recargo de labores de coordinación dentro del despacho, de acuerdo con la cantidad de jueces que tenga a su cargo, entre un 5% y 10% al salario base. 8) Particularidad por ser chofer de un magistrado, un 10% sobre el salario base.

Está además contemplado dentro de estos pluses: a) Los incentivos por regionalización, con un 25%, b) Variación de jornada, con un 20% sobre el salario base. c) Ley de incentivos médicos, d) Carrera profesional, e) Responsabilidad por la protección radiológica. f) Bono por exclusividad policial, g) Pasos por capacitación, h) Dietas y Riesgos.

Esta situación se presenta en otras Instituciones públicas en menor grado, cuyos funcionarios se pensionan al amparo de otros regímenes de pensiones distintos al judicial, los cuales obviamente alegan que son derechos adquiridos logrados con mucho esfuerzo, dándose el caso por ejemplo que en algunas municipalidades con bajo presupuesto, pagan hasta 20 años de cesantía.

Así las cosas, el Proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, presentado por el Gobierno anterior a la Asamblea Legislativa que transforma el impuesto de ventas al impuesto al Valor Agregado (IVA), que obliga a pagar el tributo del 13% a los servicios y la propuesta presentada por la actual administración para disminuir egresos; prever un crecimiento de los ingresos entre 1,4% y 1,8%, porcentaje inferior al 2% requerido para el pago de las más altas pensiones.

Tenemos además, que en la primera quincena de diciembre del 2017, el Gobierno se atrasó con el pago de los salarios por falta de fondos; situación similar ocurre en estos días con el Fondo de Asignaciones Familiares que no cuenta con los recursos suficientes, para girar las pensiones al sector más pobre de nuestra sociedad, compuesto mayoritariamente por adultos mayores; esto debido a los atrasos del Ministerio de Hacienda al Régimen No Contributivo de Pensiones.

Ante esta realidad, nuestro país requiere de una urgente e impostergable reforma tributaria, que sea realmente justa, equitativa y solidaria, donde tributen en mayor grado los sectores más ricos.

Lic. Administración de Negocios