Cambio Político Opinión, análisis y noticias
Igor Ilyash
Mientras procede a retirarles la ciudadanía a los disidentes políticos, el presidente de Bielorrusia reparte pasaportes entre los «extranjeros leales». Se trata principalmente de inmigrantes ucranianos de Dombás que no tienen conexión legal vigente con Bielorrusia, pero que mantienen posturas prorrusas y pro-Lukashenko. La intención es clara: ganar apoyo político tras las protestas que asolaron al país.
Tras dos años de arrestos y persecución contra los disidentes en Bielorrusia, el gobierno de Aleksandr Lukashenko busca nuevas formas de lidiar con las consecuencias de las protestas poselectorales que conmovieron al país en 2020 y 2021. El 5 de enero, Lukashenko promulgó una nueva ley que les permite a las autoridades revocar la ciudadanía bielorrusa a personas que están fuera del país y «han perdido su conexión legal» con el Estado bielorruso.
«¿Merecen estas personas la ciudadanía bielorrusa si huyeron de su país de origen y de hecho cortaron lazos con él?», se preguntaba Lukashenko en septiembre de 2022.
Miles han abandonado el país desde 2020 mientras las fuerzas de seguridad bielorrusas arrestaban y encarcelaban a todos los que podían, y ahora la amenaza de expulsión se utilizará para «alentar» a más gente a marcharse. En verdad, la verdadera razón por la que las autoridades bielorrusas han introducido este nuevo ítem en su paquete de medidas represivas parece ser un esfuerzo por cambiar la naturaleza misma de la sociedad bielorrusa.
Si no les gusta, márchense
En 2020, luego de que miles de personas se manifestaran contra elecciones que de acuerdo con un reporte de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) no fueron «transparentes, libres ni justas», Lukashenko rechazó la posibilidad de cualquier compromiso y lanzó una campaña de represión política a gran escala. El propósito de la represión no era solo encarcelar a miles de personas. Era mucho más importante intimidar a todos los demás y empujar a decenas de miles al exilio. Las autoridades vieron en esta medida una garantía para una estabilización de la situación política a largo plazo.
Apenas unos días después de las elecciones presidenciales de 2020, el entonces secretario del Consejo de Seguridad de Bielorrusia sugirió que los descontentos con el gobierno podían trasladarse a Occidente, y así «se liberarán puestos de trabajo aquí y vacantes para los niños en el jardín de infantes, y se reducirán el peso sobre los docentes en la escuela, la competencia para ingresar en la universidad y para recibir atención médica». Pronto, Lukashenko comenzó a decir abiertamente que el alejamiento del país de los disidentes era bueno para el Estado.
Lukashenko instruyó al ministro de Educación bielorruso para que no se reconocieran los diplomas de Occidente en Bielorrusia y prometió también impedir que «los bielorrusos capacitados que abandonaron el país en estos momentos difíciles» volvieran a casa. En ese momento, las autoridades restringían periódicamente el ingreso y la salida del país, y también amenazaron con cerrar completamente las fronteras. Con el telón de fondo de las represiones masivas y las promesas oficiales de identificar a todo el que se uniera a las protestas, el mensaje del gobierno fue claro: abandonen Bielorrusia mientras todavía tienen la oportunidad y no regresen.
No es posible calcular con exactitud cuántos bielorrusos se marcharon después de las elecciones presidenciales de 2020: solo un número pequeño de migrantes solicitó oficialmente el estatus de refugiado u otras formas de protección. Pero de acuerdo con algunos expertos, entre 135.000 y 300.000 bielorrusos dejaron el país. El sociólogo Andrei Vardomatsky cree que el exilio de los bielorrusos se ha convertido en una de las causas del mantenimento del nivel de adhesión a Lukashenko dentro del país; en efecto, dice Vardomatsky, hay una lenta reducción en el número de personas que se oponen al gobierno.
Un golpe para los exiliados
Hasta ahora no resulta claro hasta qué punto las autoridades bielorrusas van a utilizar el mecanismo de privación de la ciudadanía. La ley establece que los bielorrusos que están fuera del país pueden ser privados de su ciudadanía «por participar en actividades extremistas o causar un daño severo a los intereses de la República de Bielorrusia».
La redacción no permite las dobles interpretaciones: después de 2020, «extremismo» entró con firmeza en la neolengua de las autoridades bielorrusas como el término para nombrar cualquier tipo de disidencia y actividad de protesta. Entre esos «extremistas» se incluyen las icónicas caras de la oposición política de Bielorrusia en el exilio, a quienes las autoridades han juzgado en ausencia.
Pero es revelador que los juicios en ausencia, bajo las llamadas nuevas leyes de «procedimientos especiales», solo se hayan utilizado contra las figuras líderes de la oposición, como Svetlana Tijanóvskaya y Pavel Latushko, entre varios otros. Son personas a quienes el gobierno considera sus enemigos personales, pero que son comparativamente menos vulnerables que los bielorrusos comunes que se encuentran fuera del país.
«En general, [estas personas] se han opuesto al país. Ya no tienen conexión con este país. En consecuencia, ¿cómo deberían ser tratadas? Debe admitirse que perdieron por sí mismos su ciudadanía. Y en este caso el Estado puede reconocer esta situación», explicó la subdirectora de la Administración Presidencial bielorrusa Olga Chupris. Pero al mismo tiempo las autoridades no van a revocar automáticamente la ciudadanía de todos aquellos que se hayan ido: hacerlo requiere una sentencia judicial en un caso penal relacionado con la política. El espacio de maniobra es amplio: en total, se mencionan 55 artículos diferentes del Código Penal en la ley.
Reemplazo de votantes
Es probable que las autoridades bielorrusas no le retiren masivamente la ciudadanía a la gente en un futuro cercano. De cualquier modo, a los ojos del gobierno, hay poca necesidad. Los emigrados políticos han resultado ser excluidos de facto, luego de que las autoridades simplemente se negaran a abrir mesas electorales en el extranjero para el referéndum constitucional de 2022. Ahora se planea consagrar en el código electoral la prohibición de votar fuera de Bielorrusia. Entretanto, las autoridades continúan recordándoles a los emigrados que en casa solo los espera la cárcel.
Se conocen muchos casos en los que ciudadanos bielorrusos fueron arrestados en el momento de ingresar al país por haber participado en protestas o colocado comentarios en las redes sociales, y fueron obligados a grabar «videos de arrepentimiento». El intento de asistir al funeral de un padre o madre o simplemente de visitar a un familiar puede resultar en años tras las rejas.
Con frecuencia esas acciones son aleccionadoras. Por ejemplo, en diciembre de 2022, activistas de derechos humanos denunciaron que guardias fronterizos detenían los ómnibus con bielorrusos que regresaban a sus casas, revisaban los pasaportes y luego llamaban a la policía antidisturbios. El propio Lukashenko insta con frecuencia a la gente a volver al país, pero estas declaraciones no son más que burlas. «El consejo que les doy es: regresen, arrepiéntanse y arrodíllense… Paguen las multas por el daño causado… Siéntense en silencio por un rato», dijo en una ocasión. Incluso prometió crear una «comisión pública» para decidir el destino de cada «fugitivo». Sugirió que la comisión debería ser encabezada por uno de los arquitectos principales de la represión masiva que siguió a las elecciones de 2020, el fiscal general Andrei Shved, y por el propagandista del gobierno Grigory Azarenok, quien públicamente llama a tomar represalias contra los disidentes.
Al mismo tiempo, en el último mes y medio ha emergido otra tendencia: en paralelo a la expulsión de la gente «poco confiable» de Bielorrusia, las autoridades han comenzado a distribuir activamente pasaportes a extranjeros leales. Como resultado, 7.317 extranjeros recibieron la ciudadanía bielorrusa en los pasados 16 meses. Se trata principalmente de inmigrantes ucranianos de Dombás que no tienen vínculo con Bielorrusia pero que mantienen posturas prorrusas y pro-Lukashenko. En agosto de 2021, Lukashenko ordenó que se emitieran pasaportes a una «cierta categoría» de ucranianos de manera simplificada. «En general, esta es nuestra gente», afirmó.
En última instancia, las manipulaciones actuales del gobierno respecto de la ciudadanía son la continuación lógica de una campaña a gran escala para construir una nueva sociedad totalitaria, de la que todos los disidentes deben ser excluidos de una u otra forma. El gobierno de Lukashenko experimentó una catástrofe estratégica tras las elecciones de 2020, cuando perdió su legitimidad por completo a los ojos de una parte significativa de la población del país.
Las autoridades no han logrado salir del abismo electoral desde entonces. Y como no ha sido posible cambiar las simpatías de la población, Lukashenko decidió –al menos parcialmente– cambiar a la propia sociedad bielorrusa.
Nota: este artículo fue publicado originalmente en OpenDemocracy con el título «Lukashenka is repopulating Belarus with pro-government citizens». Puede leerse el original aquí. Traducción: María Alejandra Cucchi para nuso.org.
