Cemento, poder judicial y democracia

Ágora*

Guido Mora
guidomoracr@gmail.com

Peter H. Schuck, profesor de la Escuela de Leyes de Yale, analiza en uno de sus escritos, la importancia del Poder Judicial en una democracia. Argumenta que, desde los escritos de Aristóteles, se hacía referencia a la necesidad de los tribunales, para resolver conflictos, aplicando principios generales del derecho, a situaciones particulares de hecho. Muchos años después Weber, señala la necesidad que tienen incluso, las comunidades políticas básicas, de acudir los tribunales como puntos de apoyo para erigir un sistema de gobierno. Concluye, de forma categórica, en la idea de afirmar que: sin tribunales no hay gobierno y, ciertamente, no hay democracia.

Señala, además, al menos cinco aspectos que deben de considerarse, para comprender, asegurar y garantizar el correcto funcionamiento del Poder Judicial y su relación con el sistema político:

Estas son: (1) el grado de independencia judicial; (2) el prestigio social disfrutado por los jueces y por otros miembros que ejercen la profesión del derecho; (3) la autoridad jurídica formal conferida y ejercida por los tribunales; (4) el papel tanto de las instituciones como de los procesos característicos de la sociedad civil en la tarea de darle forma a las decisiones jurídicas y políticas y (5) el papel de los actores estatales no judiciales. Sin ser abogado, quisiera comentar someramente cada uno de estos aspectos.

1- El grado de independencia judicial: Es imprescindible que, tanto a nivel institucional como individual, se preserve la independencia del Poder Judicial. Los tribunales son los llamados a dirimir las diferencias entre los ciudadanos, entre los ciudadanos y las personas jurídicas y entre estas y el Estado. El criterio del juez, como representante del Poder Judicial, debe basarse en la estructura legal que ha construido una Nación, alejada por lo tanto de presiones, tráfico de influencias o relaciones interpersonales. El fallo del tribunal debe sustentarse en el análisis objetivo de la prueba y la aplicación del criterio jurídico, para mediar o dirimir los conflictos que se presentan en la sociedad.

2- El prestigio social disfrutado por los jueces y por otros miembros que ejercen la profesión del derecho: El juez, que representa la autoridad de los tribunales y cuyos fallos son respetados por las partes involucradas, deben ser personas íntegras, sin cuestionamientos. La autoridad y la credibilidad de un fallo judicial depende del prestigio que ostente el Poder Judicial, los tribunales y los jueces. De igual manera, este prestigio, tan venido a menos en Costa Rica, debe de alcanzar a los profesionales del derecho, quienes representan la intercesión entre las partes en conflicto y los tribunales. Un juez cuestionado tiene poca autoridad y, por lo tanto, sus fallos pueden estar sujetos a cuestionamiento o revisión.

3- La autoridad jurídica formal conferida y ejercida por los tribunales: Esta característica se sustenta en primera instancia en la Constitución Política y, en segundo lugar, en la estructura legal construida, en el tiempo, dentro del Estado Nación. Existe, por convención y por conveniencia, un andamiaje jurídico estructurado, que sustenta la autoridad del Poder Judicial y los tribunales. Esta estructura jurídica es el sustento de los fallos que emitan los jueces. No es un invento de un grupo social reunido de forma casual, sino que es el producto de normas éticas y jurídicas, que regulan el funcionamiento en sociedad.

4- El papel tanto de las instituciones como de los procesos característicos de la sociedad civil en la tarea de darle forma a las decisiones jurídicas y políticas: El andamiaje jurídico responde, de manera multilateral a la construcción de la ética individual y la ética colectiva. La sociedad civil articula, estructura y responde de las maneras establecidas por la misma estructura jurídica, a los fallos emitidos por los tribunales, en el análisis de los asuntos que se someten a análisis y de los cuales se espera un fallo que dirima los conflictos de la sociedad.

5- El papel de los actores estatales no judiciales: La combinación de todos los factores antes mencionados, conducen a que los actores estatales valoren, respeten y acaten los fallos de los tribunales, que se sustentan en el objetivo de mantener y profundizar el sistema democrático y defender a la sociedad civil, de los eventuales excesos que se presenten en accionar del aparato estatal.
Quería hacer mención a estos cinco factores, en estos oscuros momentos para el Poder Judicial costarricense, donde la credibilidad de los tribunales, de los jueces, magistrados, de una buena cantidad de abogados y otros sectores, vinculados al sistema judicial, ha caído en franco deterioro.

Ha existido, para preocupación de todos los ciudadanos costarricenses, un deterioro sustancial del Poder Judicial, en donde, lamentablemente, ni podemos dar fe absoluta de su independencia, ni podemos afirmar la probidad de sus representantes pues al fin y al cabo las mentiras y las relaciones cuestionadas, han menoscabado el prestigio social de jueces y magistrados. Y todo esto ha deteriorado la autoridad jurídica de los tribunales de la República.

La red de relaciones, amistades, conveniencias, vínculos políticos y favorecimiento económico de personas o grupos, que es lo que está al final de toda esta macabra novela, ha torpedeado la nave de la Nación y tiene en vilo a todos los costarricenses.

Por decencia, pues ya no se puede invocar otra razón; los ciudadanos involucrados y mencionados en el tema del cementazo, deberían de tomar sus objetos personales y retirarse a sus casas de habitación.
Para bien de nuestro país, es imprescindible que puedan otros profesionales, venir a levantar la antorcha que, en manos de sus antecesores, luce sombría y lúgubre, por las acciones que, sin tener conciencia de la majestad de los cargos que desempeñaban, se permitieron ejecutar.

El fiscal, los magistrados, los diputados y tantos otros, que son señalados en el tráfico de influencias que ha revelado la investigación sobre el cemento, deberían de marcharse y dejar de hacer daño a Costa Rica, porque el daño que le hacen a los tribunales, al Poder Judicial y a otras instancias del Estado, perjudica directamente a la democracia.

No más mentiras, verdades a medias o impunidad. Ya basta de proteger operadores políticos. O detenemos el cáncer de la corrupción, o Costa Rica se hunde.

Señores Magistrados, ustedes tienen la palabra.

* El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas.