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Guadi Calvo
Importantes logros están alcanzando los rebeldes, en la guerra civil de Birmania, tras el inició de la Operación 1027 (por el diez de octubre del 2023) fecha que marcaba el comienzo de la ofensiva lanzada contra el poderoso Tatmadaw, (Ejército de Birmania) por parte de la Alianza de las Tres Hermanas (3BHA), compuesta por el Ejército de Arakán (AA), el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar (MNDAA) y el Ejército de Liberación Nacional de Ta’ang (TNLA), que junto a una importante cantidad de grupos étnicos regionales, del resto del país, se han levantado contra la junta militar, liderada por el general Min Aung Hlaing, después del golpe de Estado del primero de febrero del 2021.
En lo que va de este año, los avances territoriales de los grupos insurgentes han conseguido la toma y el control de más del ochenta por ciento del territorio del país. Lo que podría preanunciar es una inminente derrota del ejército birmano.
En febrero, el Gobierno Unitario Nacional (NUG), desde el exilio, ya había anunciado el apoyo a la Alianza, para lo que estaba construyendo las condiciones para un gobierno de unidad a esta altura de la guerra, una posibilidad, dadas las características de esos grupos, todavía muy difícil de afirmar.
En este contexto, se le suma la comprobación de las denuncias cruzadas de que tanto el ejército, como los rebeldes a lo largo de la guerra, han cometido graves violaciones a los derechos humanos contra la población civil, prácticamente en todas las regiones donde se están desarrollando los combates.
Otro de los fenómenos registrados es la deserción a gran escala que se está produciendo en la tropa del Naypyidaw. Mientras, la junta no ha conseguido avances, a pesar de los intensos ataques aéreos contra las posiciones insurgentes.
Cerca de tres millones de personas se han debido desplazar, mientras que otros quince millones sufren un importante déficit alimentario, situación que, a partir del día doce de septiembre, se agravó a consecuencia del tifón Yagi, que dejó cerca de quinientas víctimas entre muertos y desaparecidos, de los casi novecientos mil afectados en todo el país. El tifón, además, golpeó áreas de China, Tailandia, Filipinas y, especialmente, de Vietnam.
En la provincia de Shan, la más grande del país, en la que opera el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar (MNDAA), está intentando tomar el control de la región autónoma de Kokang. Que goza de la condición de una gran autonomía conocida como «Región Especial N.º 1». También, el MNDAA acaba de tomar Lashi, capital y la ciudad más grande de la provincia de Shan, convirtiéndose en la primera toma de un cuartel general de la junta militar desde el inicio de la Revolución de Primavera, como se le conoce al proceso contra la junta militar.
Algunas fuentes occidentales adjudican a las MNDAA vínculos con China, con quien comparte una frontera cercana a los dos mil kilómetros. De todos más, a pesar de su fuerte vínculo con Beijing, la jefatura del MNDAA se ha mantenido fuertemente atada a la dirección de la guerra, que ellos mismos han decidido, rechazando en diferentes oportunidades las opiniones de China, que alienta el fin de la guerra.
Desde 2021, se ha disparado en esa región la producción de opio, en las tierras altas de Shan, que formaba parte del legendario «Triángulo Dorado» junto a sectores de Tailandia y Laos. Más allá de que el MNDAA ha tratado de impedir ese aumento, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, informa que los cultivos de adormidera se están incrementando, desde el comienzo de la guerra civil. Entre el año pasado y lo que va de este, el cultivo habría aumentado cerca de un veinte por ciento, a pesar de que con la Operación 1027, el MNDAA dijo tener entre sus objetivos la erradicación de la producción de opio.
En su rol de policía, el MNDAA también se encuentra limpiado de las empresas fantasmas, que están vinculadas al juego de azar en línea, una monumental estafa de la que mayor parte de las víctimas resultan ser ciudadanos chinos. En virtud de esa «guerra», el MNDAA, ha sido acusado de estar cometiendo violaciones de los derechos humanos en sus esfuerzos por eliminar a los cabecillas de las estafas y los cárteles de la droga de Shan, habiendo detenido, de manera ilegal, a unos setenta sospechosos de formar parte de esas mafias.
El MNDAA también está vinculado a la leva forzosa de civiles a sus filas, una práctica que se ha dado en todas las organizaciones armadas que forman parte de la guerra civil, incluso el Tatmadaw, imponiendo cuotas de reclutas en cada una de las aldeas, bajo el control de los diversos grupos beligerantes. Según las Naciones Unidas, el MNDAA ha incorporado incluso menores de edad en 2023.
Por un Arakán, sin rohingyas
Entre 2023 y agosto de 2024, se han registrado 622 ataques aéreos del Tatmadaw contra objetivos civiles, los que han provocado más de mil doscientos muertos. Muchos de ellos rohingyas en un solo día, cuando intentaban cruzar el río Naf, huyendo hacia la frontera con Bangladesh.
Los ataques se concentraron particularmente en el estado de Rakhine, donde se localiza la minoría rohingya, a los que llaman de manera despectiva “bengalíes». Desde la independencia del Reino Unido en 1948, ha sido objeto de persecución de todos los gobiernos que se han sucedido desde entonces. Aunque, especialmente, desde 2017, lo que incluye el gobierno «democrático», que dirigió desde la sombra la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, en procura de conseguir el exterminio o desplazamiento total, fuera del país, de la perseguida minoría musulmana.
Más allá que desde estos últimos años, las acciones gubernamentales, acompañadas de grupos civiles y budistas, ya habían logrado la expulsión de cerca de un millón y medio de rohingyas.
El mes pasado, unos doscientos de ellos fueron asesinados en una acción de la que todavía no ha quedado clara la responsabilidad; algunos afirman que ha sido el Tatmwad, otros, facciones del Ejército de Arakán (AA), mayoritariamente budistas.
Los arkaneses, por otra parte, están interesados en proteger las inversiones chinas en su provincia, que al comienzo del conflicto se aproximaban a los diez mil millones de dólares, en la zona económica especial Kyaukphyu. Además, el AA se ha convertido de hecho en la autoridad provincial, estableciendo administraciones civiles para desde el control policial de las calles al cobro de impuestos, llegando, en algunos casos, a brindar servicios sociales. Este tipo de tareas que el AA lleva a cabo en Rakhine es similar a las que otras organizaciones irregulares realizan en sus estados, frente al fracaso de la junta militar, cada vez más aislada en Naypyidaw, la capital del país.
Los arakenses, del AA, están aprovechando su ventaja militar sobre el Tatmadaw para también combatir contra el Ejército de Salvación Rohingya de Arakhán (ARSA), acusado de colaborar y estar financiado, armado y entrenado por la junta militar.
Diferentes organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas, han acusado en reiteradas oportunidades al Ejército de Arakán de extrema violencia contra la minoría musulmana. En mayo pasado, después de haber capturado una aldea rohingya, los milicianos del AA quemaron viviendas y destruyeron una escuela donde se refugiaba un número desconocido de aldeanos, asesinando a por lo menos una veintena e hiriendo a más de doscientos aldeanos.
En este contexto, donde el supremacismo étnico y el fanatismo político de las organizaciones insurgentes, genera dudas de que si finalmente los insurgentes lograran vencer e imponerse en la guerra civil, cuál sería el camino a seguir. Por lo que en el período posterior presentará importantes riesgos para las fuerzas victoriosas, ya que, en cada una de ellas, anida un profundo espíritu territorial. Lo que se vería agravado porque en algunas provincias llega a haber hasta tres grupos armados diferentes, por lo que no les será fácil, tras la guerra, establecer líneas integradoras, entre todos, que van desde algunas organizaciones abiertamente marxistas, otras ultranacionalistas e incluso budistas fundamentalistas. Por lo tanto, queda latente la profundización del conflicto entre las mismas fuerzas que han luchado integradas contra la junta militar para lograr la formación de un gobierno, tanto a nivel provincial como regional, en una guerra que todavía parece no tener en claro el enemigo.
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