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La confianza y credibilidad es el dispositivo que mide la aspiración ciudadana…
Caryl Alonso Jiménez
Al revisar el Informe del Panorama de las Administraciones Publicas de América Latina y el Caribe, (OCDE-BID, 2024), destacan entre otros la confianza, satisfacción en el gobierno y la eficacia política (p. 46-50), tres factores claves que quedan fuera de los debates reales. La confianza constituye el factor clave de la calidad de las instituciones, expectativa en el presente y democracia. En el 2022 solo el 36,3% de la población confiaba en el gobierno (p.48).
Es verdad que los actores legítimos, formales, informales e ilegítimos, están mezclados en la escena, en esa persistencia del espacio social que va desde consumo hasta el control, con sus estrategias y olas de temor frente al mañana (incertidumbre).
Por ellos, las instituciones públicas, entre otros actores legítimos y formales, son el actor que por antonomasia tiene la capacidad de incidir en todos los contextos sociales. Por ello es que el presupuesto anual de gastos es un instrumento de desarrollo, pero también es allí donde se disputa el Estado (el 14% del PIB, el resto -86%- es mercado y remesas).
Entonces, ¿Hasta dónde pueden incidir las instituciones públicas en el presente…? En teoría sus competencias, funciones y ámbito de trabajo es la sociedad. Su tarea es planificar, ejecutar y producir resultados medibles y verificables con indicadores capaces de demostrar cambios reales. Si no lo hacen es un engaño, así de simple. Sin embargo, a lo largo del Siglo XXI (¡25 años…!) todo tiene una ingrata justificación retorica…
¿Pueden las instituciones públicas incidir en procesos de desarrollo y crecimiento? Si, si pueden; sin embargo, en la región los resultados no apuntan a procesos de bienestar, y el crecimiento es lento o resiliente…traducción coloquial es ajustar el sistema fiscal a condiciones estabilidad…
La gestión pública es el debate pendiente en la región, no se incide ni en la coyuntura de los fenómenos sociales (seguridad física, empleo, educación, salud, infraestructura) y tampoco en el mediano y largo plazo que marque rumbo a soluciones.
Existe agotamiento institucional. Esta afirmación no le gustará en nada a Francisco Leal, hombre histórico, agudo crítico e investigador de la gestión pública en Guatemala… de los pocos que tiene claro que institucionalidad pública y gestión. Son dos cosas distintas. Una define el marco y ámbito legal, y la otra, capacidad de ejecución y resultados. Pero por alguna razón siempre se confunden estos términos.
El problema del debate es que se omite la variable del decisor político, que es el que define políticas estructurales. El resto es pensamiento académico y ahora, con densa distracción de las redes sociales que complican la comprensión de la coyuntura.
Recuerdo que en el año 2013 en un Encuentro de Bruselas, en la reunión para estudiar y proponer ventanas de oportunidad para la cooperación de la UE 2014-2020, invitado por DEVCO (empresa de servicios), a propuesta de Daniel García, comprometido soñador y amigo de Centroamérica ene procesos de reforma del Estado y descentralización.
En esa reunión se presentó como ventana de oportunidad trabajar con los Partidos Políticos de América Latina orientar la incidencia al desarrollo, dado que todos los programas de decenios anteriores de la UE no transformaron nada, porque omitieron que son los políticos que definieron la historia de América Latina, en el margen que le permiten las élites. Por cierto no gusto la ponencia. 12 años después los indicadores siguen igual en el continente y con riesgos para las democracias republicanas…
El retorno hacia un nuevo cuestionamiento sobre los escenarios capaces de dotar de institucionalidad funcional, efectiva y sobre todo que brinde resultados transformadores a la sociedad demanda nueva gobernanza. Por cierto un debate que fue abordado reiteradamente con insistencia por Joan Prats (1942-2010).
Pero el tema real es hacer asequible los servicios públicos en calidad, cantidad y oportunidad a los ciudadanos, eso es la gestión pública. ¿En dónde no se entiende…?
¿Qué hacemos…? Es innegable que la existencia de instituciones proclives a respaldar productividad y garantizar la certeza de los procesos de transacción que apunte al crecimiento y desarrollo humano. Pero, ¿Cómo se reconstruye la nueva institucionalidad de bienestar y crecimiento…?
Douglas North (1993), en el debate de la efectividad institucional repetía que, “Lo que necesitamos en América Latina es crear instituciones que produzcan crecimiento”. Y no estaba alejado de la verdad, dado que las instituciones públicas no repartieron riqueza y tampoco crearon canales de ascenso social, se quedaron en el margen de la ganancia (Alonso, 2014). Tarde se entendió a North, se refería a la acumulación… Nadie se opuso, pero el resultado después de 40 años reprodujo mayores crisis sociales.
La otra variable, los empleados públicos quienes administran la gerencia institucional: presupuesto de gastos, planificación, personal, compras, gestión por resultados y las benditas planificaciones que solo calculan gastos y no resultados. Las instituciones se desempeñan mal y eso compromete el futuro de la movilidad social.
Una de las grandes paradojas en el ámbito de la dirección de lo público es que generalmente se tiende a juzgar al empleado, dejando de lado la responsabilidad del alto gobierno y funcionarios. Un ejemplo es el capitán Edward Smith, al abandonar el puente de mando del Titanic la noche del 14 de abril de 1912, y su trágica decisión, no aceptó las advertencias meteorológicas, negó los avisos de riesgo (BBC, 14.4.2021) y dos horas más tarde, la madrugada del 15 abril se hundió…
Los tiempos se agotan… el indicador de baja efectividad pública demanda decisiones y estas dependen de confianza y credibilidad ciudadana… Entonces, ¿Convertimos las aspiraciones en decisiones soberanas…? O, ¿Quedamos atrapados en este presente…?
