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Por Julio C. Gambina
La crítica al “estado” es extensiva al socialismo en todas sus variantes, y muy especialmente a Marx y sus continuadores. En rigor, se incluye también la crítica a Keynes y sus políticas de intervención estatal para superar la crisis, tal como hacían sus contemporáneos von Mises y von Hayek. Ese keynesianismo es hoy manifestado a través del “neo-desarrollismo”, por lo que no sorprenden las críticas del libertario a las recientes experiencias de impugnación neoliberal y al titular del Vaticano, sus encíclicas y a pensadores y seguidores afines.
Milei accedió al gobierno luego de una segunda vuelta en la que venció al oficialismo con casi 15 millones de votos, superándolo por 3 millones de sufragios. Resultó así un fuerte consenso electoral, el 56% de votantes contra el 44% de votos positivos a Sergio Massa, el ex Ministro de Economía de Alberto Fernández. Con ese consenso electoral se legitima la iniciativa gubernamental de “ajuste y reestructuración regresiva” del capitalismo local.
Esa política se confirma con el discurso inaugural del presidente, el paquete de urgencia presentado al inicio por el Ministro de Economía Luis Caputo, quien fuera Ministro de Finanzas y Presidente del BCRA durante la gestión de Mauricio Macri (2015-19). Caputo es un financista, asociado al fuerte endeudamiento de la gestión macrista y ahora un reestructurador de la deuda local, un gran condicionante de la política económica, especialmente por los recursos requeridos para hacer frente a la cancelación de intereses y capital de la deuda, lo que compite con cualquier destino social de los recursos públicos. La iniciativa se completa con el anuncio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que elimina y reforma un cuerpo legal de unas 300 regulaciones, de las cuales solo identificó 30 en su mensaje por cadena nacional.
Señaló que serán completadas con otras medidas y especialmente aquellas que requieren ser materializadas legalmente, las que se presentarán próximamente en sesiones extraordinarios del poder legislativo. El solo hecho de resolver por decreto un conjunto de normas que deberían pasar por el congreso, torno anti democrático el funcionamiento del gobierno.
Para complementar estos reaccionarios anuncios a favor del capital más concentrado, desde el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich (también funcionaria de Macri y del gobierno caído en 2001), se informó sobre un protocolo anti piquetes, un mecanismo anti democrático de amedrentamiento y represión del movimiento popular. En simultaneo, la Ministra de “Capital Humano”, Sandra Pettovello, desplegó una fortísima campaña de propaganda, a lo Goebbels, convocando a quedarse en casa ante el anuncio de movilización en conmemoración de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del 2001, en donde la movilización popular terminó con el gobierno de turno y dio fin a la convertibilidad de la moneda con el dólar, una virtual dolarización. Recordemos que la dolarización fue la principal bandera en campaña de Milei.
Todo apunta a una brutal reconversión regresiva del capitalismo local, con fuerte intervención represiva de las fuerzas de seguridad. El ajuste no pasa sin represión, es el análisis más extendido en los pronósticos sobre la coyuntura y la evolución del nuevo gobierno. La histórica tradición de organización y lucha popular en la Argentina habilita el debate sobre el fracaso o el éxito de la ofensiva ultraderechista. De hecho, en estos primeros días ya se realizaron manifestaciones que discuten el horizonte de la política pública, incluido el intento desmovilizador.
Una importante jornada de lucha se vivió el pasado 20/12 durante la tarde y luego, en la noche, a posteriori del mensaje presidencial anunciando el “decretazo” reaccionario, la respuesta movilizada recuperó la tradición del “caceroleo” del 2001. Con pocas horas de diferencia hubo manifestaciones de piqueteros y caceroleros, dos formas de lucha emblemáticas del 2001 cuando la consigna remitía a “piquetes y cacerolas, la lucha es una sola”, expresión de la unidad popular entre trabajadores precarizados y sectores medios de la población. La respuesta sindical está latente con convocatoria diversas en estos días, que se sumarán a las primeras iniciativas de confrontación.
Se trata de un bloque social que interviene en este proceso concreto de la lucha de clases, en donde la política oficial vuelca la balanza en un solo sentido, el de las grandes patronales.
Orientaciones, medidas y propósitos
El enfoque libertario propone retrotraer al país al régimen político previo a los gobiernos constitucionales de voto universal (de varones), es decir al orden capitalista glorificado por las clases dominantes construido entre 1860 y 1910. Fueron tiempos de “fraudes” políticos, antidemocráticos, represivos, a tal punto que el centenario en 1910 mostraba un impresionante desarrollo de las fuerzas productivas, junto al estado de sitio, por eso crecimiento económico y represión, una identidad que se recupera en el presente.
Los grandes terratenientes, luego de la masacre y genocidio indígena de la campaña patagónica hacia 1880, junto a los capitales externos en frigoríficos, ferrocarriles o la banca, construyeron la inserción subordinada del capitalismo local en la lógica imperialista dominada por Gran Bretaña. Claro que para ello habilitaron la inmigración, principalmente europea, de los empobrecidos expulsados del viejo continente, por razones económicos o políticas, quienes arribaron en busca de empleo y aportaron su experiencia organizacional, sindical, social, ideológica y política. La identidad obrera vino de la mano del anarquismo, el socialismo y el comunismo, otorgando el sello en origen de la capacidad organizativa y de lucha del movimiento obrero y popular del país, el que mutó en los años 40 del siglo pasado bajo la identidad peronista.
El liberalismo era la lógica ideológica de la generación del 80 del Siglo XIX, en el poder del capitalismo local, concepción que impugnaba globalmente a la teoría de la revolución emergente con las tesis de Marx y la experiencia de la Comuna de París (1871), dinámica que habilitó por más de un siglo la ofensiva popular por la transformación revolucionaria de la sociedad mundial. En Argentina se desplegó una práctica teórica y sociopolítica en ese sentido, lo que se expresó en un nuevo régimen político, donde destacan dos grandes partidos que alternaron gobiernos constitucionales desde 1916 hasta el 2015, el radicalismo y el peronismo. Ambos partidos alternaron el gobierno con los golpes militares entre 1930 y 1983, quienes se proponían restaurar el poder oligárquico imperialista sin éxito.
Hacia 2015 apareció el primer intento de restaurar el viejo poder sin golpe de estado. Fue la fracasada gestión Macri entre 2015 y 2019. Ese intento se vuelve a repetir ahora con un mayor consenso electoral, que impugna anteriores consensos en los partidos tradicionales y que opta por una propuesta de clara identificación con el poder económico concentrado, bajo un discurso de crítica al socialismo y al comunismo, al estatismo, que según Milei, es lo que gobernó en la Argentina de los últimos 100 años. Una confusión deliberada en la caracterización, que sigue las formulaciones de sus maestros “austríacos”.
Esa crítica a los gobiernos de discurso crítico al neoliberalismo, que no resolvieron las urgentes demandas de los sectores explotados y más empobrecidos, impugna cualquier salida por izquierda, lo que limitó el discurso crítico de la tradición político organizativa en el pensamiento de Marx.
La salida es por derecha porque primó un discurso liberal a ultranza, crítico a cualquier política de izquierda, además desprestigiada por la impugnación global a la respuesta socialista, pero también a cualquier planteo de critica discursiva, visibilizada como privilegio a “castas”, no solo en la política, de la burocracia política, sino también a trabajadores/as bajo convenios y, por ende, salarios por encima del promedio del conjunto de quienes viven de la venta de la fuerza de trabajo.
Entre las principales medidas figura una devaluación del 50%, de 400 a 800 pesos por dólar, lo que supone un relanzamiento de la inflación que veía corriendo hacia el 200% anual, y que ahora se mueve al 1% diario, en una proyección alarmante que amenaza con hiperinflación. Es una perspectiva que apareja miedo en la población y genera condiciones de posibilidad para reformas ultra reaccionarias en camino de la de máxima: la dolarización.
Las desregulaciones por “decreto” recién anunciadas podrán ser objetadas por vía legislativa o judicial, pero sobre todo por la movilización popular. El decreto es un cuerpo normativo dictado por las grandes patronales e inversores que pretenden retrotraer la normativa local al tiempo de la liberalización en favor de la ganancia y la acumulación, una lógica esencial del régimen del capital. Sienten que tienen el consenso electoral y por eso van a la búsqueda del consenso político, asociados con el poder transnacional, expresado en el apoyo del FMI, y especialmente del gobierno de EEUU, por eso la afirmación en el privilegio de relaciones externas con Washington e Israel.
No es gratuito en estos tiempos alejarse del vínculo político y diplomático con los dos principales socios comerciales de Argentina, Brasil y China, pero es la exigencia ideológica y una apuesta a constituirse en vanguardia de la derecha mundial en tiempos de crisis capitalista y de discusión sobre la gestión global del capitalismo. Milei apuesta al éxito local y a marcar el rumbo global con su experiencia. Al igual que Pinochet en el 73 y su ensayo neoliberal, el libertario en el poder intenta, con consenso y represión realizar el ensayo de un nuevo tiempo de experiencia capitalista. No es poco y por eso la importancia de frenarlo en el origen, un gran desafío.
Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.
Fuentes: Rebelión
