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Desde mi perspectiva
José Francisco Bolaños Arquín
El Gobierno de Nicaragua, había proyectado para este 2018 un crecimiento económico en el rango de 4,5% a 5%, colocándose como la cuarta economía con mayor crecimiento en América Latina y el Caribe.
El 18 de abril de este año, el Presidente Daniel Ortega anunció una serie de medidas económicas en donde se recortarían las pensiones y se daría un aumento de los impuestos. Un significativo porcentaje del pueblo nicaragüense se manifestó en contra, las protestas fueron en aumento y para detenerlas el Gobierno ejerció algún grado de represión contra los manifestantes; que hasta la fecha han producido alrededor de 350 muertos, cientos de heridos y detenidos. Situación que tiende a complicarse ante la no apertura de un verdadero diálogo tendiente a buscar la mejor solución o abandonar el poder como le solicitan los manifestantes.
La paralización de las actividades económicas es una realidad y una de ellas, quizá la más afectada es el turismo con la cancelación de viajes, los hoteles están operando con un 10% de su capacidad y un 20% de los restaurantes han cerrado sus puertas. Se prevé que la Inversión Extranjera Directa se verá afectada en unos $450 millones de dólares y una disminución significativa del comercio y los servicios, por nombrar algunas afectaciones. Está situación está provocando la pérdida de miles de empleos, que algunos consideran que superará los 80.000 puestos de trabajo.
Así las cosas, las nuevas proyecciones de crecimiento de la economía de Nicaragua, la ubican en el 1%, bastante lejana de las iniciales de hasta un 5%, situación que la pone al borde del abismo.
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el 2018, Nicaragua presenta un PIB DE $14.532 millones de dólares, superando solamente a Haití que ocupa el último lugar con $9.417 millones de dólares. Costa Rica ocupa el puesto 13 de 21 países en América Latina y el Caribe con un PIB DE $61.287 millones de dólares.
Ante esta realidad Costa Rica se ha visto afectada directamente, ya que el 90% de las exportaciones a los vecinos del norte centroamericano, pasan o se quedan en Nicaragua, donde son transportados por vía terrestre. Los bloqueos y la inseguridad que han tenido que enfrentar en su recorrido los tráiler son frecuentes.
En 2017 nuestro país vendió en el área $1.793 millones de dólares y a Panamá $598 millones de dólares para un total de $2.391 millones de dólares lo que representa un mercado vital e inclusive superando las exportaciones a la Unión Europea con $2.198 millones de dólares. El mercado más importante continúa siendo América del Norte con $4.939 millones de dólares.
Ante la crisis de Nicaragua, muchos ciudadanos están optando por buscar refugio en Costa Rica, al igual que lo ha hecho en las últimas décadas. En la actualidad viven legalmente alrededor de 500.000 nicaragüenses, un 10% de la población costarricense y si a eso le sumamos los ilegales e inmigrantes de otras nacionalidades, ese porcentaje aumenta considerablemente.
En días pasados se dio una bochornosa protesta xenofóbica en contra de la presencia de ciudadanos nicaragüenses en nuestro país; acciones que no podemos permitir en un país que por tradición está en contra del odio y la violencia. Noticias que le dieron la vuelta al mundo y que generan una mala imagen de un país amante de la paz.
Los inmigrantes son muy importantes para nuestro desarrollo económico, político y social, con su trabajo honesto aportan el 11,90 del PIB.
Sin embargo, el Gobierno costarricense en materia migratoria debe tomar acertadas decisiones y mayores controles. Se debe contar con los estudios respectivos, que demuestren cual es la capacidad real que tiene el país de recibir nuevos inmigrantes en esta nueva coyuntura.
Se debe tener presente que Costa Rica enfrenta graves problemas por resolver, con un déficit fiscal del 7,2%, un endeudamiento del 50% del PIB, una pobreza del 22%, el desempleo del 9,5% y un sector informal del 45% del total de la fuerza laboral, unos 940.000 trabajadores que no encuentran trabajo, afectando principalmente a jóvenes, madres solteras y mayores de 45 años y que no cuentan con seguro social o no cotizan para obtener una pensión digna cuando les llegue la jubilación.
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