Una promesa de campaña, el tren eléctrico urbano y moderno

Desde mi Perspectiva

José Francisco Bolaños Arquín

En la recién pasada campaña electoral y durante todo el proceso, los diferentes candidatos de los partidos políticos en sus programas de gobierno, se comprometían a poner en operación un sistema ferroviario moderno de pasajeros, utilizando el valioso derecho de vía existente entre Paraíso de Cartago, San José, Heredia y hasta Ciruelas de Alajuela.

El propósito de esta iniciativa, era motivar a miles de usuarios a utilizar el tren y menos el automóvil, al brindar un servicio moderno, seguro, eficiente y de calidad; que incida en la necesaria disminución de las presas en la Gran Área Metropolitana, que provocan un caos vial en crecimiento. En la actualidad transitan unos 1.600.000 vehículos por nuestras estrechas calles; que sumado al crecimiento promedio del parque automotor de alrededor a 55.000 unidades por año, alcanzaría en cuatro años unos 200.000 vehículos más.

Existen unos 15.000 buses y 450.000 vehículos que transitan a diario por el centro de la capital, que sobre todo en horas pico, hacen difícil el tránsito y provocan una pérdida de dos o más horas a los ciudadanos en la movilización cotidiana.

Ante esta problemática, es urgente la implementación de la sectorización con el fin de ordenar el transporte público, el cual cuenta con los respectivos estudios y así se facilite el transbordo para los viajes en tren.

De acuerdo con INCOFER, la modernización del sistema ferroviario tendrá un costo total $1.610 millones de dólares, desglosado en 1.353 millones de dólares para infraestructura y $257 millones de dólares en equipo. Recientemente nuestro próximo Presidente Carlos Alvarado manifestó, que la construcción en su primera etapa iniciará en el 2021 y concluiría antes de mayo del 2022. “La obra consiste en un sistema de tren eléctrico a doble vía sobre 89 kilómetros en el derecho de vía actual, que conectará por medio de un viaducto, un eje principal de este a oeste, entre las ciudades de Cartago, San José, Heredia y Alajuela”.

Este es un proyecto muy importante que debe ejecutarse en esta nueva administración; es una obra necesaria que se ha ido posponiendo durante muchos años y que el actual Gobierno ofreció modernizarlo en la campaña del 2014.

Como la Institución considera iniciar la construcción de un nuevo sistema dentro de tres años, “para el mejorar el actual servicio”, se está por hacer una inversión de $52 millones de dólares en la compra locomotoras, con el agravante que son de diésel y no eléctricos que se utilizarán en los nuevos trenes, que aumentaría la contaminación ambiental en contra de la promesa de nuestro país de ser carbono neutral en el año 2021; además, son trenes de vía angosta que cada vez son menos usadas en el mundo. Con el “Proyecto de Modernización del Sistema Ferroviario”, la vía tendrá un ancho de 1.43 metros, en lugar de 1.06 metros de la actual. Es por ello que ese equipo que se pretende comprar no tendrá utilización en la nueva vía, con el agravante que el INCOFER y el país, quedarán con una gran deuda.

Así las cosas, desde mi perspectiva considero que se debe suspender esa compra y preparar a la mayor brevedad, el cartel de licitación de obra pública por concesión o una alianza pública – privada e inclusive alianza país – país, que están contempladas en la nueva Ley 9366 de Fortalecimiento de INCOFER; invitando a compañías especializadas o países con gran experiencia en este campo, que se encarguen de todos los procesos: estudios, financiamiento, construcción y operación por un determinado período. Para ejemplo de ello tenemos a nuestro vecino Panamá, que hizo realidad la construcción de un metro en solo dos años.

Dar en concesión el tren rápido, eléctrico y moderno de pasajeros, es la opción más viable en un país con un alto déficit fiscal del 6.2% del PIB y que de no tomarse las acciones y medidas necesarias y urgentes, continuará en aumento, al igual que la deuda externa que es del 50% del PIB.

Ya para el 31 de diciembre del 2016 la deuda costarricense era de $24.91 mil millones y en la actualidad gira por alrededor de los $28 mil millones de dólares, situación que analizan las principales agencias calificadoras de riesgo como Moddy´s, Fitch y Estandar & Poor´s; en donde la calificación para Costa Rica es de BB- y nos podrían degradar más con graves consecuencias para nuestra economía.

Por ello es necesario lograr acuerdos entre el Gobierno, la Asamblea Legislativa y los distintos sectores, para que entre todos busquemos solucionar la problemática del déficit fiscal, con mayores y necesarios ingresos que generará el proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas públicas en 1.9% del Producto Interno Bruto (si se logra su aprobación), ley que no solucionará el problema, ya que se requiere de una reforma fiscal moderna, justa y equitativa, donde paguen los que más tienen y además, una lucha frontal contra la alta evasión fiscal, el contrabando y las pensiones de lujo para nombrar algunas medidas. En este proceso es vital ejercer un estricto control en la calidad y contención del gasto público.

“El tiempo es nuestro peor enemigo”

– Lic. Administración de Negocios