La pérdida de la credibilidad en el Poder Judicial

Vía costarricense

Johnny Soto Zúñiga

Los acontecimientos de los últimos días dentro del Poder Judicial costarricense; sin duda le han restado credibilidad e imagen. El Artículo 152 constitucional expresa: “El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley.” Esto se une también a los cuestionamientos a los otros Poderes de la República: El Ejecutivo y el Legislativo por el caso del “Cementazo”y otros casos sonados. A hoy en la Asamblea Legislativa han desfilado una serie de personajes para declarar o no convocados conforme a las potestades que tiene éste Poder de llamar en audiencia a cualquier ciudadano del país y hacerle las preguntas pertinentes; ya si el ciudadano contesta las preguntas o no, es un derecho constitucional que le asiste.

En nuestro país, el Poder Judicial ha gozado de una buena imagen y de altos índices de credibilidad; además seguimos creyendo y respetando el Principio de Independencia que tienen los jueces a la hora de dictar sus resoluciones y la misión de administrar justicia. Esto conlleva a que un juez no tiene una subordinación jurídica hacia sus superiores; si no que se debe al respeto del principio de legalidad del artículo 11 constitucional que señala: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública.

La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.”

La Corte Plena en el marco de sus potestades legales procedió a suspender por tres meses con goce de salario para investigar las actuaciones del Fiscal General Jorge Chavarría; el día 13 de octubre del 2017 y designó como fiscala general interina a Emilia Navas Aparicio y también como fiscala subrogante por un año; quién de inmediato creó una unidad especial, conformada por nueves fiscales, uniendo todos los 12 expedientes que tienen relación con el caso de la importación del cemento chino y los créditos bancarios y un aparente tráfico de influencias y otros supuestos delitos. Se señala que los legajos judiciales estaban dispersos en distintos departamentos de investigación y la nueva fiscala ordenó la centralización de los mismos y que se entregaran a la Fiscalía General para que sea la unidad especial la que lleve a cabo el trámite de investigación.

También se informa que la nueva fiscala general interina procedió a realizar cambios en el personal y removió el equipo completo de la Fiscalía General; e indica que algunos de los cambios fueron dispuestos por la Inspección Judicial que ordenó el traslado de fiscales a otros puestos. Destaca la remoción del fiscal Anticorrupción Francisco Fonseca y se nombra a Carlos Meléndez en dicho cargo. Hasta la fecha siempre que se entrevistaba al Fiscal Chavarría éste informaba que todos los casos se encontraban avanzados en la investigación; no obstante la sensación que se tiene en la opinión pública es que los trámites de una investigación penal son muy lentos en este país y que duran muchos años en el supuesto hecho de que exista un delito, para que se lleve a juicio; mientras en otros países los procesos judiciales son más rápidos y las investigaciones se realizan de manera expedita.

Esta sensación sigue latente de que en este país nunca pasa nada y que todo dura muchos años; así la mayoría de los investigados quedan impunes; es entonces que se viene dando una pérdida constante de credibilidad en el Poder Judicial; y esto perjudica nuestra democracia y división de los Poderes de la República y “no se da una justicia pronta y cumplida”. Por otra parte la Corte Plena abrió una investigación contra el magistrado Celso Gamboa y lo suspendió con goce de salario; sobre algunas de sus actuaciones personales; que aparentemente algunos consideran pueden reñir con la imagen que debe mantener un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Pero no sabemos cuál va a hacer la resolución final de las investigaciones tanto del Fiscal General como al magistrado en cuestión.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, procedieron con el allanamiento de la oficina del magistrado Gamboa en la Sala III, con el fin de agilizar las investigaciones ordenadas por la Corte Plena. Hubo además un registro y secuestro de la oficina de Gamboa y de su letrado de apellido Pastor López, quien también fue suspendido de su cargo. La fiscala general señala que no descarta llevar a cabo otras diligencias u allanamientos en las próximas horas o días. Además a esto se agrega la denuncia contra el magistrado Gamboa por parte de la Asociación Nacional de Investigaciones en Criminalística (ANIC); donde los supuestos delitos serían: abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes y cohecho. La fiscala general señala ante esta denuncia que se encuentran en recolección de pruebas y en la etapa de investigación.

La fiscala general a.i Emilia Navas señaló: “Vamos a hacer implacables en el sentido que no vamos a hacer diferencias dependiendo a quien se tenga que investigar, vamos a actuar valientemente y que el resultado será el correcto.” Esto me parece muy bien porque la justicia debe ser pareja para todos los ciudadanos; independiente del cargo que ocupen en los Poderes de la República o instituciones públicas o privadas. Esto es conforme al artículo 33 constitucional que expresa: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana.” Si somos iguales ante la ley; también tenemos el derecho a la defensa y a un debido proceso, sin discriminación por cargo, raza, creencia, linaje o el cargo que ocupemos en la función pública o privada.

Finalmente; esperemos pacientemente que las investigaciones sobre estos casos avancen sin ningún tipo de presión sobre los fiscales y jueces; con el fin de que el Poder Judicial resuelva conforme al principio de la independencia; esto es fundamental para preservar y proteger el real funcionamiento del Estado democrático de derecho y la división de los tres Poderes de la República, en que se basa nuestro sistema. Solo con este respeto a los valores y principios superiores que emanan de la Constitución Política como máxima fuente en la jerarquía de las leyes; es que debemos sentir que los jueces actúen de manera totalmente independiente y transparente y que sus resoluciones sean emitidas conforme al bloque de legalidad; solo así rescataremos la credibilidad en nuestro insigne Poder Judicial.