Y, ¿dónde está el Fiscal General?

Ágora*

Guido Mora
guidomoracr@gmail.com

Tengo la incómoda sensación de que, con esto del cemento chino, los créditos y los supuestos delitos de cuello blanco cometidos en esta Administración, los sectores políticos tradicionales, sus aliados y socios -los del bipartidismo-, se frotan las manos felices, porque de alguna manera el PAC, que fue tan crítico de estas situaciones, cayó en la misma tentación. Por decirlo de alguna manera, empató la situación con las dudosas actuaciones realizadas por los protagonistas de este penoso escándalo.
Al fin y al cabo, posiblemente muchos de los miembros de la élite política y económica del país, sienten que desapareció la presunción de inocencia y la esperanza que podíamos tener los costarricenses, en un partido político que saliera del gobierno, al final de su mandato, sin mácula sobre su imagen, por haber permitido escándalos, robos o tráfico de influencias.

Esto, según lo aprecio en las redes sociales, los llena de paz, de tranquilidad y de alegría. Los costarricenses tendremos que elegir, en las próximas elecciones, a uno de los candidatos de los partidos políticos inscritos que, al fin y al cabo, tienen las mismas características y connotaciones, relacionadas con la corrupción y el posible tráfico de influencias.

En el entretanto, los costarricenses comunes, los que tenemos que bregar todos los días para ganarnos el pan, vemos con rabia, cómo algunas personas desaparecen los dineros públicos, se tapan, se prestan dineros de los bancos públicos, privatizando las utilidades y socializando las perdidas, o se enriquecen con los recursos del Gobierno, a costa de la hacienda pública.

Lamentablemente el problema no es sólo de esta administración, de este partido o de estas personas.

Tenemos más de treinta y cinco años que vemos asombrados, estupefactos y atónitos, cómo, miles de millones de colones del erario público han ido a parar a manos privadas, mediante el hurto, el tráfico de influencias y la corrupción. Lamentablemente no hay ningún funcionario que, mediante el uso de la ley, acabe con estos delitos o luche contra la impunidad, que ha tenido por años, la clase política costarricense y sus socios del sector público y privado.

Para mencionar los de esta Administración, el tema del cemento, los préstamos que se hicieron a la empresa YANBER, el escándalo en la empresa CASA BLANCA, estamos hablando de la nada despreciable suma de más de 80 millones de dólares, aproximadamente, que estoy seguro que no nos los prestan ni a usted, ni a mí, estimado lector.

En la Administración Chinchilla Miranda, la tristemente célebre Trocha, los helicópteros, los chalecos antibalas, los aviones y la Comisión de Emergencia, casos que costaron el puesto a algunos de los jerarcas, quienes debieron asumir su responsabilidad política, aunque salieron librados en el plano judicial.

En la de Arias Sánchez, Crucitas, consultorías, la CCSS, para mencionar sólo algunas.

En la Administración Pacheco de la Espriella, la recepción de donaciones de dudosa procedencia, investigada, pero nunca resuelta.

En la Administración de los “Ángeles”, ni se diga de los problemas con los dineros del escándalo ICE – ALCATEL, y las comisiones del asunto Caja Fischel. Ambos asuntos condujeron a encarcelar por unos meses, a los dos expresidentes.

Antes de eso, en la Administración Figueres Olsen, los casos de Aviación Civil, el Banco Anglo, Asignaciones Familiares…
En fin, una larga lista de situaciones dudosas, delictivas y debidamente articuladas, que parecen ser obra no de un grupo de ciudadanos costarricenses, sino de una mafia organizada, entronizada en el Estado y la política, que se apropia, desvía continuamente fondos públicos y se enriquece impunemente con los dineros de todos los costarricenses.

Ni se diga de los escándalos en los que se han visto envueltos ex defensores de los habitantes, que más bien parecen explotadores de sus empleados, evasores de impuestos, inversionistas socios del Bufete Mossack Fonseca envueltos en los escándalos de los Papeles de Panamá.

Mientras estas cosas suceden, sigue campeando la impunidad. Atrapan, denuncian y juzgan sólo a los peces pequeñitos: al ingeniero que recibía órdenes, al empleado que repartía los bienes o el que cobraba los dineros. Las autoridades políticas y económicas, los que dan las órdenes y facilitan la violación de la Ley o la laxitud de las normas, nunca aparecen.

Son operadores políticos y económicos que se mueven en las sombras y pasan de un partido político a otro, de una administración a otra.

Donantes perpetuos de partidos y políticos, que apuestan a todos, para no perder con ninguno.

El Fiscal General, que tiene la tarea de velar por los procesos de investigación, por el cumplimiento de la Ley; el Poder Judicial, como un todo, se han encontrado ausentes en estas situaciones, desaparecidos e incapaces de encausar y enjuiciar, para hacer caer todo el peso de las leyes, a quienes son capaces de promover e impulsar la corrupción que cada día es más profunda en el Estado costarricense.

No hablo en particular de este Fiscal General, ni hablo de esta Corte de Justicia, me refiero a todos quienes, en estos 35 o más años, han ocupado estos cargos, cumpliendo tibiamente con sus labores.

Será acaso que también, ¿las redes de la corrupción han ocupado los corredores de los edificios de la Corte de Justicia?
Es entonces cuando uno se pregunta: y, ¿dónde, dónde está el Fiscal General de la Republica?

* El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas.