El secretismo económico y las economías oscuras

Agora*

Guido Mora
guidomoracr@gmail.com

Según datos del Banco Mundial, para el año 2015, el PIB global fue de 74.292.303,73. De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, en el año 2016, y esto puede que tenga una tendencia al alza, el porcentaje de dinero que se mueve en el secretismo económico, las economías oscuras, el lavado de dinero, la evasión y la elusión, oscila entre el 2% y el 6% del PIB mundial.

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el secretismo económico y las economías oscuras, utilizan el procedimiento denominado lavado de dinero o blanqueo de capitales mediante el cual, las organizaciones criminales disfrazan u ocultan, el origen ilícito de los ingresos económicos provenientes de sus actos, a fin de obtener ganancias para un individuo o grupo.

También recurren a este tipo de prácticas, grupos delictivos dedicados al tráfico humano y de armas, a la pornografía, al secuestro, la extorsión y el contrabando. No escapa a este tipo de prácticas, la realizada por profesionales y sectores especializados en cubrir casos de corrupción evasión y elusión de impuestos, realizados por políticos y empresarios corruptos, que se valen de estas prácticas, con el fin de evadir sus responsabilidades fiscales u ocultar dineros obtenidos mediante prácticas corruptas, como ya vimos, ocurrió con el sonado caso de los Documentos de Panamá y el Bufete Mossack Fonseca.

Estos individuos u organizaciones, procuran disfrazar las utilidades obtenidas en sus actividades delictivas, cambiando la forma o trasladando el dinero a un lugar donde no atraiga la atención de las autoridades.

Según el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de México, “el proceso de lavado de dinero se puede dividir en tres etapas: 1. Introducción, lo más frecuente es que los montos (moneda nacional o extranjera) se dividan en sumas pequeñas a fin de que se depositen en cuentas bancarias o se destinen a la compra de otros instrumentos como cheques, transferencias y giros; así como con el contrabando de efectivo o los llamados cruces hormiga. 2. Ocultamiento, se hace a través de movimientos y conversiones dentro del mismo sistema a fin de alejarlo lo más posible de su origen. 3. Integración, mediante el cual regresan los fondos al país de origen, lo que se consigue usualmente a través de la compra de bienes raíces, artículos de lujo, o con la adquisición de negocios o acciones”.

Se estima que el comercio de drogas ilícitas, es el responsable de, al menos, la mitad de todos los ingresos de la delincuencia organizada transnacional y de una quinta parte de todas las ganancias obtenidas por todas las organizaciones criminales.

El caso de Costa Rica:

Para el caso concreto de nuestro país, de acuerdo a lo expuesto por el informe elaborado por la organización Global Financial Integrity, intitulado «Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013»  durante los 10 años que analiza el documento, el flujo de dinero ilícito desde Costa Rica superó los $11 mil millones, esto es unos $1.100 millones al año. 

Ya para el año 2015, según datos expuestos en el portal centralamericadata.com, y suministrados por la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), en Costa Rica se “lavan” USD $4,200 millones al año, aproximadamente el 22% del PIB nacional.

Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América: 

“Cada vez crece el número de organizaciones criminales transnacionales que utilizan a Costa Rica como una base de operaciones para cometer delitos financieros, incluido el blanqueo de dinero, como consecuencia de su ubicación geográfica y la poca capacidad de ejecución del país…, que ha pasado de ser un punto de tránsito a una base de operaciones para las organizaciones regionales de tráfico de narcóticos, y esto ha aumentado las actividades ilícitas como el blanqueo de capitales”. 

Al igual que ocurre con otros países de Centro América, “el tráfico internacional de narcóticos representa la mayor fuente de activos blanqueados en Costa Rica, a pesar de que la trata de personas, el fraude financiero, la corrupción y el contrabando también generan ingresos ilícitos”.

Finalmente señala el Departamento de Estado, que “gran parte del lavado de dinero en Costa Rica se canaliza a través de la naciente industria de la construcción. Otros sectores han sido identificados como vulnerables… son el Estado y las instituciones financieras privadas. Servicios de transferencia de dinero, la industria de los casinos, y el sector inmobiliario también son particularmente susceptibles. En este grupo se incluyen diversas operaciones de juegos en línea con sede en Costa Rica y (…), también se han detectado, con menos frecuencia, esquemas de lavado de dinero basado en el comercio. Hasta el momento, no hay señales de procesamientos relacionados con la financiación del terrorismo, ni medidas para detectar, investigar y enjuiciar este tipo de financiación (Sic)”.

Las repercusiones económicas del lavado de dinero:

Los efectos del lavado de dinero son perceptibles tanto en la macro, como en la micro economía.

A nivel microeconómico, la inserción de dineros ilícitos en la economía, en el sector privado, busca mezclar las utilidades de los negocios lícitos, con los provenientes del blanqueo de capitales, ofreciendo productos por debajo de los costos reales, pues la verdadera utilidad no se circunscribe al negocio legítimo, sino a la actividad ilícita. Esta situación genera competencia desleal y desaparición paulatina de los negocios lícitos, que deben enfrentar a otros similares, pero con los costos reales de producción. Esta ventaja competitiva de los negocios ilícitos, termina arruinando las actividades legales y posicionando a las compañías que sirven como fachada al delito económico.

A nivel macroeconómico, el delito del lavado de dinero tiende a debilitar la integridad de los mercados financieros, pues en la mayoría de los casos, se trata de capitales golondrina, que se mueven de un lugar a otro, con el afán único de especular, generando pérdida de liquidez y pánico bancario.

Michael Camdessus, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional señala también que los volúmenes de recursos que maneja el negocio ilícito, pueden conducir a la pérdida del control de la política económica de las economías nacionales o la economía internacional, acaparando actividades económicas o monopolizando economías pequeñas.

El lavado de dinero afecta también el valor de las monedas y las tasas de interés, amenazando la estabilidad monetaria, pues el volumen de recursos puede ocasionar una distorsión artificial del costo de los bienes y productos.

En el campo social, la compra de conciencias, puede constituirse en un mecanismo que permite a los delincuentes, ampliar sus operaciones delictivas con el respaldo de los sectores sociales que se puedan ver beneficiados por “sus bondades”.

Siendo las cosas de esta forma, y conociendo en detalle las repercusiones que tiene para los diversos agentes económicos, el ilícito del lavado de dinero, no entiende uno cómo, algunos sectores económicos y políticos, se han opuesto y se oponen a las medidas legales, impulsadas por el Gobierno de la República, destinadas a eliminar la opacidad en las actividades económicas de diversos actores económicos.

La oposición a conocer la lista de propietarios de acciones de las empresas nacionales e internacionales, promovida por algunos diputados, podría interpretarse como el interés de proteger “bajo argumentos ideológicos”, actividades de grupos o sectores que podrían estar vinculados a algunas actividades ilícitas a nivel nacional e internacional.

Lo mismo aplica para el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que pretende, bajo un procedimiento jurídico bien establecido, expropiar bienes cuya procedencia no pueda ser legítimamente comprobada.

Como bien señalan los Organismos Internacionales, el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia, nacionales e internacionales, el Gobierno de Costa Rica requiere más y mejores instrumentos, para luchar contra el ilícito del lavado de dinero, la corrupción, el narcotráfico y la economía oscura que promueven estas mafias organizadas.

Por eso es indispensable que la sociedad civil se manifieste y presione, de todas las formas posibles, para aprobar estas y otras iniciativas, que constituyen una forma activa y enérgica, para luchar, contra la amenaza del narcotráfico, la violencia y la compra de conciencias que promueven estas organizaciones criminales.

Pero se debe ir más allá. Hay que facilitarle al Gobierno más y mejores instrumentos que permitan ganar esta lucha.

Las recomendaciones de Joseph Stiglitz y Mark Pieth:

En este esquema, recojo algunas de las propuestas de Joseph Stiglitz y Mark Pieth, expuestas en el documento “Para derrotar a la economía en las sombras”, que surge de su participación de estos intelectuales, en el Comité de Expertos Independientes que designó el presidente panameño en 2016, tras el escándalo de los «Panamá Papers», con el fin de evaluar y recomendar reformas legales e institucionales para luchar contra la elusión y la evasión fiscal, la corrupción y el lavado de dinero.

Cito algunas de ellas:

En el marco de las condiciones de la cooperación internacional, los autores proponen:

Prohibir que los ciudadanos de los países «cooperantes» tengan cuentas en jurisdicciones no cooperativas.

Prohibir que los individuos o las empresas de un país cooperativo sean accionistas, directores o fideicomisarios de cualesquiera fideicomisos, empresas o fundaciones con sede en países no cooperantes.

Prohibir que los bancos establezcan relaciones corresponsales o interactúen de cualquier otra manera con las instituciones financieras de las jurisdicciones no cooperativas.

Argumentan que el castigo por la violación de estas leyes debe ser severo. “Un banco u otra institución financiera que viole estos principios debe perder su licencia para operar; un abogado u otro proveedor de servicios profesionales que viole estos principios debe perder su licencia para ejercer la profesión; una entidad inscripta en registros públicos que no declare anualmente su información relativa a impuestos y beneficiarios finales debe ser suprimida”.

Para Stiglitz y Pieth las buenas prácticas económicas deben de regirse por una serie de principios:

1. El secretismo debe ser atacado en todo el mundo, tanto en las jurisdicciones extraterritoriales (offshore) como en las territoriales o convencionales (onshore). No pueden quedar escondites en pie.

2. La recolección y el intercambio de datos relacionados con la tributación, la propiedad de las empresas y las actividades ilícitas son una responsabilidad mundial compartida.

3. Aunque los guardianes tradicionales de esta información son las instituciones financieras, la lucha contra el secretismo requiere enfrentar a toda la industria que lo facilita, incluidos los estudios jurídicos que han desempeñado un papel clave en la creación de las redes de empresas.

4. El conocimiento de los beneficiarios finales de las empresas y las cuentas bancarias es fundamental, tanto para garantizar la tributación como para prevenir la delincuencia y aplicarle todo el peso de la ley.

5. Los regímenes tributarios preferenciales no son un derecho sino un privilegio. Los territorios libres de impuestos brindan oportunidades para el lavado de dinero, de modo que quienes operan en esas zonas deben atenerse a las normas más estrictas.

6. Las empresas, los fideicomisos y las fundaciones son creaciones del Estado: como tales, carecen de derechos inalienables. Se crean con el propósito de facilitar el bienestar de la sociedad y, para garantizar que lo hagan, es preciso someterlas a una regulación global: una regulación que asegure el pleno conocimiento de los beneficiarios finales y el pleno acatamiento de todas las leyes impositivas.

7. La complejidad favorece la falta de transparencia. Quienes buscan el secretismo entienden esto, e ipso facto crean redes de empresas y fideicomisos con el propósito de dificultar a los organismos encargados de aplicar la ley la tarea de rastrear los fondos ilícitos e identificar a los beneficiarios reales de las actividades ilícitas. De aquí se infieren dos conclusiones: (a) la comunidad internacional debe hacer todo lo que esté a su alcance para impedir la creación de tales redes complejas; y (b) la lucha eficaz por la transparencia –la detección de los beneficiarios finales reales– demanda recursos superiores a los que se encuentran a disposición de los organismos encargados de aplicar la ley.

8. La transparencia es un bien público global que requiere esfuerzos globales. Para facilitarlos, todos los países deben mantener registros de acceso público donde figuren los beneficiarios finales de cada corporación, fideicomiso, fundación u otras entidades.

9. Los centros financieros –tanto extraterritoriales (offshore) como territoriales o convencionales (onshore)– son creaciones de la globalización y deben tener vedado el arbitraje regulatorio y fiscal. Estas prácticas atentan contra los efectos positivos de la globalización. Si las guaridas del secretismo sirven de centros para la elusión y la evasión fiscal o facilitan de cualquier manera la corrupción y las actividades ilícitas, actúan como parásitos y deben ser amputadas de la comunidad financiera global.

10. No se trata solo de aprobar leyes y regulaciones, sino de aplicarlas y garantizar su cumplimiento. El tiempo urge: aunque no sea posible lograr de inmediato el marco óptimo, podemos y debemos dar pasos intermedios. En este informe, hemos tomado partido indeclinable por las sanciones «duras», por la simple razón de que sobran fuertes incentivos para la laxitud. Quienes se benefician del secretismo y la aplicación laxa de las regulaciones concebidas en aras de promover la transparencia presionarán a los gobiernos para que no apliquen esas regulaciones. La presión es asimétrica: por inmensos que sean los beneficios de la transparencia para la sociedad, no existe un grupo natural de presión en favor de la transparencia, y menos aún un grupo de presión con los recursos que poseen quienes presionan en favor de la aplicación laxa.

Como vemos, falta mucho camino por recorrer y no es válido que personas, con intereses poco transparentes se opongan a las medidas que nos permitan ganar en esta batalla, en que la globalización del delito vuela con lo último de la tecnología y los instrumentos de los Gobiernos y las economías nacionales, van por el camino de las carretas.

Tal como terminan expresando en su informe Stiglitz y Pieth, si queremos frenar el delito, a los delincuentes y a este lucrativo e infame negocio que atenta contra la salud de las economías, “tenemos que saber quién hace qué y eliminar los colosales incentivos financieros existentes para quienes se embarcan en ellas. Las guaridas del secretismo permiten que los delincuentes disfruten del botín que obtuvieron gracias a su mala conducta y, por ende, sigan adelante con mayores bríos. Y las guaridas del secretismo nos impiden prácticamente por completo penetrar la red de malos actores. Cuando se descubre quién es el titular de una cuenta bancaria donde se depositaron fondos ilícitos, pero resulta ser una empresa constituida en otra guarida confidencial, tanto los encargados de aplicar las leyes como los periodistas de investigación se topan con un punto muerto”.

Para triunfar en esta lucha, tenemos que eliminar la opacidad, que alimenta y perpetúa estas actividades criminales y entender que, quienes financian los cientos de asesinatos que se producen en nuestros pueblos, son quienes están detrás de este delito económico.

* El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas.