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Desde mi perspectiva
José Francisco Bolaños Arquín
El cese de operaciones de INCOFER en junio de 1995, fue el desenlace de una situación que se venía acumulando varias décadas atrás, cuando los distintos gobiernos decidieron no invertir en el tren y en su lugar dirigieron sus políticas al transporte carretero.
Una Institución con un sistema ferroviario obsoleto y poco competitivo que ofrecía el servicio de transporte de carga; banano en la zona atlántica para una sola compañía y a unas cinco empresas entre Caldera a San José, operación en un solo sentido, lo que incrementaba los costos de operación.
En 1996, dos compañías especializadas, la TRADE Developmente Agency y la ICF Kaiser en conjunto con el Gobierno, realizaron una serie de estudios de transporte público y la propuesta fue la de instalar un tren ligero, eléctrico, moderno y urbano, utilizando el valioso derecho de vía entre San José – Cartago y San José – Heredia y Alajuela.
El propósito era buscar una solución viable para enfrentar el creciente ingreso de vehículos que provocarían un problema de la congestión vehicular en la Gran Área Metropolitana; como el que estamos sufriendo en la actualidad; donde unos 1.500.000 vehículos transitan por nuestras estrechas calles y con un crecimiento promedio en los últimos años de 55.000 vehículos.
Un ingeniero ferroviario jubilado, de origen alemán que visitaba nuestro país en esos años, en algunas oportunidades pasaba a mi oficina a conversar, solía recordarme que contábamos con un valioso derecho de vía, que debería actuarse con prontitud para poner en marcha un tren moderno. Ya han pasado más de 20 años y son pocos los avances logrados.
En octubre de 1997, se creó la Comisión de Desarrollo del Gran Área Metropolitana, mediante Decreto Ejecutivo # 26291 (CODEGAN), cuyos principales objetivos eran: 1) “Definir y coordinar las políticas, programas y proyectos en materia de desarrollo urbano, el transporte y el medio ambiente”. 2) “Evaluar, sugerir y recomendar las acciones técnicas de seguimiento que las dependencias y entidades de la Administración Pública deban emprender en forma integral a favor de dichos objetivos”.
El Consejo Superior de CODEGAN estaba constituido por los ministros de la Presidencia, de Obras Públicas y Transportes, del Ambiente y Energía y de Vivienda y Asentamientos Humanos.
Se creó un Comité Coordinador con los vice ministros de esas carteras incluyendo al Viceministro de Planificación, el Gerente General de la CNFL y los Presidentes Ejecutivos de: INCOFER, RECOPE, INVU y un Ejecutivo Municipal por cada provincia. Entre los proyectos para analizar estaban: a) El transporte y calidad del aire, b) El transporte eléctrico y c) El reordenamiento urbano.
En octubre de 1997, al ser un año electoral, se realizaron pocas reuniones y ya para mayo de 1998, con un nuevo gobierno no se continuó con el proyecto.
En el Gobierno de don Abel Pacheco, se inició la rehabilitación del tren urbano, con un meritorio esfuerzo. Sin embargo, la Institución ha continuado operando con pocos recursos, con la misma infraestructura, el mismo equipo desde hace décadas y la compra de coches con muchos años de uso a España.
El INCOFER necesita contar con los recursos necesarios para invertir en infraestructura, equipo tractivo y rodante y así poder brindar una mayor seguridad a los usuarios. Además, de una modernización de su estructura organizacional y operativa para enfrentar con mayor solidez, este nuevo proceso que deberá realizarse en el corto plazo.
El 26 de abril de 2016, se aprobó la ley fortalecimiento de INCOFER, lo cual contempla un fideicomiso por $40 millones de dólares con el Banco de Costa Rica para compra de trenes y mejoras en infraestructura entre otros. Sin embargo la Institución solo puede endeudarse hasta por el 40% del valor de sus activos. Ha transcurrido un año y la administración de INCOFER, no ha concluido con la elaboración del reglamento para la aplicación de la Ley.
De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Investigación y Capacitación de la Universidad de Costa Rica, los activos fijos del INCOFER tienen un valor de $1.020 millones de dólares. Sin embargo este análisis contempló entre otros: los derechos de vía que son inalienables y edificios, de los cuales algunos fueron declarados patrimonio cultural.
La modernización del sistema requiere de $1.600 millones de dólares y el Gobierno debe decidir si lo hace con los escasos recursos existentes en el país y que INCOFER tome en sus manos dicho proceso en su totalidad. La segunda opción, es a través de una alianza público-privada, donde el Estado en este tipo de negociación, es poseedor del 51% de las acciones y los inversionistas el 49%. Así las cosas, la Institución tendría en sus manos su administración y operación; situación que podría limitar las negociaciones. En estas dos primeras opciones se deberá contar con un personal altamente calificado, ya que se trata de un sistema que presenta una alta tecnología.
La tercera alternativa es a través de una licitación pública por concesión con participación de compañías especializadas que se encarguen de todos los procesos: estudios, financiamiento, construcción y operación por un determinado período.
Una vez que se tome la decisión para poner en marcha un tren moderno y para un mayor éxito, es necesario implementar la sectorización para ordenar el transporte público, se cuenta con los estudios respectivos. Consisten en dividir las zonas metropolitanas de San José, Heredia, Alajuela y Cartago en sectores, con el fin de que cada una opere en su área geográfica definida técnicamente.
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