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Por Mauricio Álvarez M.
¿Energía limpia porque barre ambientalistas, arrasa con comunidades, limpia las arcas del estado y elimina lo que queda de Naturaleza y por tanto lo que queda de bienes públicos?. Limpia no puede ser la energía generada por Proyectos Hidroeléctricos (PHs) en su mayoría para la minería y maquilas transnacionales en México, Centroamérica y Colombia, denunciados por organizaciones y comunidades por haber pasado encima de la vida de miles de afectados y más de 50 activistas asesinados entre el 2000 y 2016[1].
En México, en menos de una década, han muerto nueve ecologistas de la resistencia anti hidroeléctrica. En 2014 el PH Los Picachos le costó la vida a Octavio Atilano Román Tirado y el PH Cuamono para Antonio Esteban Cruz. El año 2013 significó la muerte para Noe Vásquez Ortiz por el PH El Naranjal y el 2010 para Carlos Zamora por el PH Cerro de Oro. El PH La Parota cuenta una historia de horror, le costó la vida a Benito Cruz Jacinto (2007), Eduardo Maya Manrique (2006) y a Tomás Cruz Zamora (2005). En 2005 el PH El Cajón significó el deceso de Jaime Bracamontes Arias.
Al sur de la frontera, en Guatemala, 2016 contabiliza una de las víctimas más recientes, el PH Petén le costó la vida a Walter Manfredo Méndez Barrios. Dos años antes, en 2014, fueron asesinados Víctor Juc Maaz, Sebastián Rax Caal, Luciano Can Cujub y Oscar Chen Quej, activos dirigentes índígenas de la resistencia contra el PH Hidro Santa Rita, y se le suman los homicidios de David Eduardo Pacay Maas y Ageo Issac Guitz, en 2013. Ese mismo año, el PH Caparja termina con la vida de Carlos Hernández Mendoza y fue ultimado Daniel Pedro Mateo quien junto con Andrés Francisco Miguel, asesinado en 2012, se oponían al PH Canbalam.
También en Guatemala las muertes de Octavio Roblero y Evelinda Ramírez Reyes en 2010 y la de Víctor Gálvez en 2009 se han relacionado con su resistencia a Unión FENOSA, así como los cuatro asesinatos en 2010: Carlos Noel Maldonado Barrios, Leandro Maldonado, Santiago Gamboa y Ana María Lorenzo Escobar quienes lucharon por nacionalización de la energía de tierras chapinas.
En Honduras, la compañera Lesbia Yaneth fue una destacada lideresa comunitaria y activista en contra del PH Aurora I, asesinada el recién pasado mes de julio, apenas unos meses después que la emblemática coordinadora del COPINH, Berta Cáceres. Berta ícono de la defensa de los pueblos indígenas y de la Naturaleza y de la lucha contra el PH Agua Zarca -financiado por el BCIE, FINNFUND y FMO-, que también le había costado la vida a Irene Meza Williams, Jacobo Rodríguez Maycol y Ariel Rodríguez García en 2014 y a Tomás García en 2013. Para la lucha comunitaria 2015 también había sido año de luto, el PH Los Encinos arrebató la vida de Silvestre Manuel Gómez, Javier Vásquez, Selvin Darío Orellana, Domingo Martínez y Juan Francisco Martínez.
En 2014 fueron asesinados dos ecologistas en tierras catrachas: el PH Las Minitas carga con la muerte de Pedro Pérez y el PH Aurora con la de Justo Soto. En 2012 fue ultimado Santos Alberto Domínguez Benítez, dirigente de la resistencia contra el PH Agua Blanca y en 2003 Carlos Arturo Reyes, activista que se oponía al PH Babilonia.
En el Salvador el PH El Cimarrón le costó la vida a Jerson Roberto Albayero Granados en 2007 y en Panamá fueron asesinados los ecologistas Onésimo Rodríguez (2013), Gerónimo Rodríguez Tugri y Mauricio Méndez (2012), todos vinculados a la resistencia contra el PH Barro Blanco.
Esta ola de asesinatos contra activistas se extiende hasta Colombia. En 2014 fue abatido Eduardo Caballero Toscano, dirigente de la lucha contra PH Hidrosogamoso, así como Horacio Llorente Meréndez (2009). En 2013 Nelson Giraldo y Robinson David Mazo opuestos al PH Hidroituango y Luciano Romero opuesto a PH Los Besotes (2005). En 2001 será recordado como el año en que fue asesinado el reconocido compañero Kimy Pernía Domicó, indígena opuesto al PH Urrá I.
Estas muertes son sólo la «punta del iceberg» de una dinámica de impunidad y terror que envuelve a cada una de las comunidades detrás de estos nombres que viven en violenta represión. Se han instaurado las prácticas de estigmatización, judicialización, acoso, torturas, desapariciones y otros instrumentos para evitar que las comunidades hagan valer sus derechos de acceso y decisión sobre los recursos naturales y sobre todo, de llevar adelante su resistencia y oposición a la realización de los proyectos hidroeléctricos en cuestión.
Se ha instaurado así una dinámica terrorista sostenida por una élite dominante que podría llamarse como «hidrogarquía» al hallar un nicho de negocio multimillonario en la venta de energía, primordialmente a transnacionales extractivistas.
Estos son los costos reales de la imposición de lógicas brutales de muerte bajo la consigna del «desarrollo», sobre los pueblos indígenas y campesinos de la región. ¿Puede ser limpia la energía de estos proyectos con tanta sangre derramada? ¿será posible que ya tengan contemplado en sus fórmulas operacionales y de costos el promedio de 3 o 4 asesinatos por represa?
La sociedad debe hacer su propio análisis ético de cuánta sangre, costos sociales, culturales y ambientales cuesta la energía. Para quien escribe, es inadmisible considerar “limpio” algo que se impone con altísimo costo humano y ambiental.
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Cargando...– Presidente FECON y profesor Kioscos Socioambientales UCR
