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Ágora*
Guido Mora
En Costa Rica, la Ley de Tránsito prohíbe, entre otras cosas: que los motociclistas conduzcan sin usar sus cascos protectores; que los vehículos automotores adelanten por la derecha; que los vehículos de cualquier naturaleza, adelanten en doble raya amarilla; que los vehículos; autos y motos, se detengan cuando la luz del semáforo está en rojo; que los vehículos tengan sus luces delanteras y traseras quemadas, para que sean visibles; que las motocicletas y los vehículos no tengan emanaciones contaminantes de gases; que no se conduzca a más de 20 kilómetros por hora, sobre la velocidad establecida en cada una de las carreteras; que los vehículos controlen la emisión de ruidos; que los vehículos no tengan parabrisas traseros y delanteros polarizados; que los vehículos cualquiera que sea, no se estacionen en las calles de San José; que los conductores operen sus vehículos sin tener el respectivo permiso de funcionamiento.
Las leyes ambientales, prohíben tirar basura en lotes baldíos o ríos; construir en las márgenes de los ríos; contaminar zonas verdes con desechos orgánicos o inorgánicos.
Las leyes laborales prohíben contratar personas por debajo del salario mínimo establecido; dejar de pagar las cargas sociales; contratar extranjeros sin que cuenten con los permisos establecidos.
En materia de derecho de familia, entre otras cosas, condenan la agresión de un cónyuge para con el otro; el abandono de los niños; la falta de pago de pensiones, para velar económicamente por sus familiares.
En materia penal, entre otras cosas, condenan el asesinato, los robos, el lavado de dinero, las estafas.
En materia electoral, prohíben y castigan el uso del dinero público para beneficio personal, establecen parámetros de gasto para los partidos políticos, norman las opciones para destinar el dinero de la deuda política, a actividades establecidas, para que no caigan en manos de los aprovechados, que nunca faltan en una organización.
En materia de contratación pública, condenan el ofrecimiento y la recepción de comisiones y sobornos a los funcionarios públicos, para lograr favorecerse de su posición; obtener un beneficio o para premiarlo por un favor.
Puedo seguir mencionando la cantidad de leyes que pretenden normar el funcionamiento de nuestra sociedad, en cada área del quehacer humano; en cada actividad social, económica o política; en cada una de las acciones que realizamos todos los días en el ámbito público y privado. Estas son innumerables…
Todas, sin embargo, tienen un común denominador: muchos ciudadanos, aunque las conocen, no las respetan.
Lo vemos cada día en nuestras calles: conductores irresponsables violentando la luz roja del semáforo; vehículos escandalosos; autos con luces quemadas; motociclistas “kamikazes”; asaltos; robos; apropiaciones indebidas de recursos en manos de funcionarios públicos o políticos; atropellos, choques; uso indebido de la deuda política, por parte de los partidos políticos, etc, etc, etc…
Nuestra Asamblea Legislativa ha aprobado muchas leyes, ha construido en el tiempo la estructura jurídica que sostiene nuestra Nación, pero no hay un compromiso serio de las autoridades para hacerlas cumplir: Los oficiales son testigos silenciosos de las violaciones a la legislación de tránsito: son permisivos y algunos corruptos. Lo mismo sucede con algunos Jueces, con el Ministerio Público, con los jefes en las oficinas del sector público y en muchas otras instancias, cuya razón de existir es velar por el cumplimiento de la normativa legal, tarea a la que han renunciado por temor o por cálculo.
Costa Rica es un país en donde abundan las leyes, pero escasea la autoridad. No hay en realidad, quien haga cumplir la ley.
De esta ausencia de autoridad adolece no sólo la sociedad costarricense, sino que está presente en el Estado.
El Presidente no manda sobre nada y sobre nadie, lo mismo pasa con los Ministros o los Diputados.
Esta realidad ha sido puesta en evidencia en algunos estudios de opinión en que los costarricenses se han manifestado a favor de la presencia de un liderazgo fuerte, para tomar decisiones y lo más importante, hacerlas cumplir.
Incluso sobre temas tan sensibles como es el de la reelección presidencial, las instancias tradicionales de ejercicio del poder, no pudieron tomar una decisión y, por miedo o por cálculo político, cedieron su imperio a la Sala Constitucional, quien fue en definitiva la que zanjó las diferencias sobre el tema.
Algo similar sucedió recientemente con el tema de la fertilización “in vitro”, en donde la falta de liderazgo, las discusiones vanas y las posiciones de fundamentalistas religiosos provocaron que fuera, no la Sala Constitucional, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la instancia que finalmente resolvió sobre el fondo de un tema, del que no fuimos capaces de decidir como sociedad.
Las posiciones timoratas, los fundamentalistas religiosos, el extremismo político de derecha o de izquierda y el simple cálculo político, han causado que las estructuras políticas prolonguen las discusiones y aplacen las decisiones sobre temas claves, sobre los que necesita resolver, de manera urgente la sociedad costarricense, si desea superar los problemas cotidianos, los de mediano y largo plazo, los coyunturales y los estructurales.
Costa Rica urge que se acabe la indefinición y la postergación en el proceso de toma de decisiones. No es discursos sonoros y demagógicos; con ceños fruncidos ante el público y las negociaciones oscuras en privado; no es con poses políticas teatrales con las que va a salir nuestro país, del bache histórico en que se encuentra.
Costa Rica necesita de decisiones y definiciones, para asumir los retos que le presenta la sociedad globalizada. Nuestro futuro como Nación depende de este cambio de actitud.
Dejemos el palanganeo y decidamos, de una vez por todas, a tomar el toro por los cuernos.
* El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas.
