Déficit fiscal un problema en crecimiento

José Francisco Bolaños Arquín

Recientemente, las calificadoras de riesgo entre ellas, la Standard & Poor´s, degradó la calificación de la deuda costarricense de Largo Plazo a BB- en donde se pone de manifiesto la dificultad que existe entre el Gobierno, la Asamblea Legislativa y los distintos sectores, para lograr acuerdos que solucionen la problemática del déficit fiscal. Ante esta preocupante situación, se requiere de un verdadero y efectivo acuerdo nacional, como una salida viable para revertir ese proceso, que de no solucionarse se podría agravar en un futuro muy cercano.

El déficit fiscal en Costa Rica en 2015 fue del 5,9% del PIB y para cubrir ese desequilibrio financiero, el Gobierno optó por préstamos para hacerle frente a sus obligaciones, alcanzando un endeudamiento público en 41,5% del PIB. Lo preocupante es que parte de esa deuda se destinó a gasto corriente como salarios. El presupuesto del 2016 es de aproximadamente ₵8 billones de colones y por ello, el país deberá endeudarse nuevamente en ₵3.6 billones de colones para cubrir esa diferencia.

Debemos tener presente que la evasión fiscal es del 8,2% del PIB, el contrabando se estima en un 3,5% del PIB y además están vigentes más de 1.000 tipos de exoneraciones que representan alrededor del 5% del PIB, situación que requiere de toma de decisiones y acciones eficaces.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el ajuste debe rondar el 3.75% del PIB y deberá lograrse a través de un aumento de la recaudación de impuestos de un 2.5% y 1.5% producto de una rebaja de los gastos. De no tomar las acciones necesarias, el déficit fiscal para este año podría ser superior al 6.5%; principal riesgo que afecta el crecimiento y nos podría conducir a perder la “relativa” estabilidad económica y financiera por la que atraviesa nuestro país.

Costa Rica necesita con urgencia de una reforma fiscal y de una legislación tributaria moderna. Es necesario lograr una mejora en el control, contención y calidad del gasto público (consultorías, alquileres, altos salarios, pluses desmedidos y pensiones de lujo, para nombrar algunas), aumentar la necesaria inversión en infraestructura, sanear las finanzas de la CCSS, mayor control de los servicios, una disminución del costo de la electricidad entre otras medidas.

Muestro país cuenta con unas 300 entidades públicas, que ameritan una restructuración y modernización, con el propósito de crear un Estado más ágil y eficiente. En la actualidad prevalecen los trámites lentos, engorrosos y de marcada duplicidad de funciones.

Se debe propiciar un ambiente más favorable para la atracción de inversión extranjera directa que en el 2015 alcanzó los $2.200 millones de dólares, un 1% mayor que al año anterior. Se debe fomentar el uso de las energías renovables y así propiciar un crecimiento más limpio y seguro que genere una mayor calidad de vida para los ciudadanos.

Es necesario impulsar con mayor firmeza y políticas bien dirigidas al emprendedurismo, propiciando la creación de buenas micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) como un medio válido para generar empleo y disminuir la pobreza. Lo anterior se puede lograr con una mayor apertura y flexibilidad en las garantías de los buenos proyectos, con adecuados intereses y así facilitar el acceso a un crédito oportuno. Las instituciones públicas y privadas creadas con este propósito deben orientar sus programas en el desarrollo de conocimientos, destrezas y habilidades para la creación de sus propios negocios o hacer sólidos los ya existentes.

También ha venido en aumento del sector informal que está afectando a unas 942.000 mil trabajadores, un 45% del total de la fuerza laboral que no cuenta con seguro social en perjuicio de un mayor porcentaje de jóvenes y adultos mayores de 45 años, principalmente de mujeres. Situación que requieren de análisis y toma de acertadas decisiones.

Nuestro país debe alcanzar una sólida y permanente estabilidad económica, política y social, contamos con todos los elementos para lograrlo. El crecimiento en el 2015 fue de 2,8% y la meta para los próximos años deberá rondar entre 7 y 8% anual y así crear las condiciones reales para disminuir el desempleo que en la actualidad es de un 9,7% y la pobreza de un 22%. Cifras que se mantienen estables y con pocas variaciones en las últimas dos décadas.

– Administrador de Negocios