Gremialización del Estado costarricense

Ágora*

Guido Mora
guidomoracr@gmail.com

Hemos percibido, desde nuestra posición de observadores, la transformación del Estado costarricense, que con el tiempo se ha convertido más en servidor de sus empleados, que en prestatario de buenos servicios para los ciudadanos.

A muchos costarricenses nos ha dejado sin palabras el monto de los salarios que devengan Gerentes, Sub-Gerentes, Auditores y muchos otros empleados del sector público.

En un país donde parte mayoritaria de la población labora en el sector privado y recibe remuneraciones cercanas a lo establecido por el Decreto de Salarios Mínimos, los empleados del sector público reciben en promedio un salario 150% por encima al que reciben los empleados del sector privado. Según datos publicados el día de ayer por el Semanario El Financiero: “El 84% de los empleados públicos pertenece al 40% de los trabajadores mejor pagados del país. Sin embargo, solamente el 30% de los empleados del sector privado se ubican dentro de ese 40% (…) Por otra parte, el 20% mejor pagado de los trabajadores costarricenses, que recibe un salario superior al millón de colones, registra un 57% del total de empleados públicos; y solamente 11,5% de los trabajadores del sector privado”.

Los salarios de muchos millones de colones, recibidos por algunos funcionarios públicos nos han dejado con la boca abierta: 17 millones la Gerencia del Banco Nacional, casi 10 millones las de otros bancos, entre 5 y 7 millones para los Auditores, entre 1 y 3 millones funcionarios que se desempeñan como guardas, secretarias o personal administrativo en algunas instituciones autónomas.

Buena parte de estos dineros representan pluses salariales que los trabajadores del sector público han negociado con jerarcas insensatos, quienes han cedido a las exigencias de los gremios, en buena parte motivados por impulsar el clientelismo político. Representantes del Partido Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana son los responsables de esta penosa situación.

Según algunos datos, el sector público paga hasta 97 tipos diferentes de incentivos a sus trabajadores.
Por otra parte, según datos de la Contraloría General de la República, las remuneraciones pasaron de representar un 24,2% del gasto total en el 2010, a un 26,3% en el presupuesto del 2016.

No podemos afirmar si estos funcionarios se merecen o no ese salario, esa es otra discusión.

Sin embargo muchas veces, cuando nos vemos en la obligación de realizar trámites o gestiones en algunas instituciones públicas, tenemos la impresión de que los funcionarios nos atienden, como quien hace un favor, no con la responsabilidad de quien está en la obligación de prestar un buen servicio, a cambio del salario que recibe: el desgano, la pereza, el ausentismo y el mal trato, son actitudes comunes en muchos burócratas, pues atiendan bien o no a los ciudadanos, igual reciben su remuneración económica, hagan o no bien su trabajo, igual reciben su salario.
La situación señalada ha derivado en que, lejos de que las instituciones públicas estén al servicio de los ciudadanos, éstas se han transformado en cotos de caza para funcionarios que han visto en estas instancias, tierra de nadie para demandar pluses salariales y prebendas económicas.

Hoy los funcionarios bancarios son los dueños de los bancos; los del Instituto Costarricense de Electricidad, actúan como sus propietarios; médicos, enfermeras y administrativos se han apropiado de los hospitales, ni que decir de lo que ocurre en las Universidades, en donde el mayor ingreso se concentra entre los administrativos, afiliados a los sindicatos e intocables funcionarios que aunque cometan faltas a las normas que los regulan, no pueden ser sancionados.

Por último, lo que nos faltaba y para demostrarnos hasta dónde puede llegar esta lamentable situación, recientemente los miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional se autonombraron en las Juntas Directivas de las Subsidiarias de esta institución teniendo posteriormente que renunciar, por violentar las normas del gobierno corporativo.
La gremialización y el interés de servirse con “cuchara grande” no sólo se observa entre los funcionarios públicos de menor nivel, sino también en los nombrados políticamente.

Esta actitud vergonzosa e inmoral también la hemos observado en muchos políticos que han llegado al ejercicio del gobierno en no pocas ocasiones, a beneficiarse personal o “gremialmente” y no a cumplir con el sagrado deber de servir a la Patria y a los ciudadanos que la integran.

Lo cierto del caso es que el tiempo ha demostrado desde la perspectiva de las finanzas; de la ética y del funcionamiento del aparato estatal, que Costa Rica no puede sostener esos niveles salariales, ni prolongar la prevalencia de esa actitud displicente.

Es indispensable transformar la realidad en ambos campos.

Como país debemos detener la desigualdad salarial y el despilfarro de los recursos públicos; luchar por el mejoramiento de los servicios que presta el Estado, la atención de los requerimientos de los ciudadanos en general y en particular, de los más necesitados.

Como sociedad tenemos el derecho y la obligación de evaluar el funcionamiento de los funcionarios públicos: políticos, administrativos, profesionales, policías o educadores.

Nuestro compromiso como país consiste en, tal como hicieron nuestros ancestros, poder legarle a los costarricenses del futuro una sociedad más próspera, más solidaria e igualitaria.

El estado de cosas prevaleciente no nos permite lograr ese objetivo.

Para lograrlo debemos asumir el reto y tener las agallas de concretar grandes transformaciones políticas, económicas y sociales que nadie más vendrá a consumar por nosotros.

* El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas.