Ágora*
Guido Mora
A lo largo de más de veinte los años, los principales medios de comunicación han señalado y generalizado acciones y actos de corrupción que se han presentado en el Estado Costarricense.
La estrategia conservadora, encabezada por el Diario La Nación y por Canal 7, ha divulgado hasta la saciedad, delitos a la hacienda pública en los que se han visto involucrados representantes de los partidos políticos costarricenses, conduciendo a un lamentable desencanto por la política y lo político, llevando a los costarricenses a la conclusión de que todo el político y lo político, está corrupto.
Los partidos políticos, lejos de tomar las medidas disciplinarias o blindarse para evitar que estas situaciones se repitan, han ocultado, permitido y defendido a algunos de sus militantes, que han sido inculpados en ciertos de estos delitos, reforzando ante la opinión pública costarricense, con esta actitud, la concepción que los medios de comunicación han divulgado.
Lamentablemente, el fenómeno de la corrupción no es una realidad que se presente sólo en Costa Rica. Esta pandemia es propia de muchos países desarrollados y no desarrollados y constituye un problema que ha prevalecido a lo largo de la historia de la humanidad.
Tampoco es exclusivo del sector público y de la política. Es un problema que se genera también en el sector privado: las recientes denuncias contra el Diario La Nación y Canal 7, por evasión fiscal, para citar sólo dos casos recientes, así lo demuestran.
Obviamente estos actos no son divulgados con la misma fuerza ni ocupan los espacios en los medios de comunicación, quienes son los que deciden “qué es lo que la opinión pública debe conocer o que temas son los que desean que se conozcan”. Son éstos –los medios de comunicación-, quienes establecen la agenda mediática. La escuela de la Mass Communication Research y la teoría de los “Gate Keepers” en la sociología de la comunicación así lo analiza y lo fundamenta.
Desde esta perspectiva, reviste fundamental importancia el esfuerzo que está conduciendo el Directorio Político Nacional y el Comité de Ética y disciplina del Partido Liberación Nacional, librando una lucha interna, pero de conocimiento público, para “descarrilar” las pretensiones políticas de candidatos a puestos de elección popular, sobre quienes pesan dudas o presunciones de actos indebidos, ilegales o de corrupción.
Hay que reconocer que la reciente Asamblea Nacional evito la ratificación, la mayor de las veces justificada, de militantes sobre quienes prevalecía la acusación de nepotismo, la duda sobre su honestidad en la función pública o el desempeño privado de su profesión.
A pesar de este esfuerzo, los medios de comunicación elaboraron la noticia con connotaciones negativas, señalando el Diario La Nación en su edición del 4 de octubre, por ejemplo, que “PLN sacrifica candidato a la alcaldía de Limón”. Obviamente, si se hubiera ratificado ésta candidatura, posiblemente el titular de este Diario hubiera sido “PLN ratifica candidato a la alcaldía de Limón, a pesar de cuestionamientos morales”.
En todo caso y a pesar del Diario La Nación, hay que reconocer la lucha que se está librando, en el entendido de que los partidos políticos tienen la obligación de velar por la calidad, integridad, honestidad e idoneidad de los candidatos que presentan ante el electorado costarricense, para ocupar puestos de elección popular.
Lamentablemente este esfuerzo aunque loable, no es suficiente.
El Partido Liberación Nacional, si desea ser consecuente con esta concepción ética, debería de igual manera pronunciarse, como lo hizo en el proceso de ratificación de las papeletas de Alcalde y Regidores Municipales, contra el nepotismo y la corrupción en todas sus manifestaciones.
De nada sirve que se haya dado esta manifestación en la Asamblea del Partido, si no se lleva hasta las últimas consecuencias la investigación del el nombramiento por ocho meses de la hija de un diputado, como funcionaria de su despacho; o sobre la elección de un funcionario legislativo, esposo de una diputada miembro del Directorio Legislativo, para que asistiera a una actividad de capacitación un mes a China.
Tal como afirma José María Figueres, estas acciones también perjudican la imagen del Partido Liberación Nacional y tienden a reforzar la concepción sobre la corrupción que pesa sobre las agrupaciones políticas.
La preocupación por la selección de los mejores para ocupar puestos de elección popular, es una señal indispensable para fortalecer la democracia costarricense. El comportamiento ético de los candidatos y las autoridades que se elijan en los procesos por venir, debería de convertirse en el inicio de una lucha inclaudicable por eliminar comportamientos indebidos y acciones corruptas en la función pública.
Llevado hasta sus últimas consecuencias, esta posición podría incluso conducir, según las últimas encuestas de opinión pública, al retiro de las aspiraciones político-electorales de algunos miembros del Directorio Político Nacional, pues sobre ellos aún pesa la sombra de la duda, no por algún delito que hayan cometido, sino por acciones que al día de hoy, la opinión pública identifica como poco éticas.
Veremos si las autoridades liberacionistas toman el camino del fortalecimiento de la democracia que es lo que requiere Costa Rica, o se desvían por el rumbo de la satisfacción de egos o intereses personales, dejando el tema ético en manos de los medios de comunicación colectiva, que sólo defienden intereses de los sectores políticos conservadores.
El reto está planteado y son ellos quienes han puesto en la palestra la agenda de lo ético en la política.
* El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas.