Welmer Ramos González
Decir que para prestarle a una persona pobre hay que cobrarle 70% u 80% no es inclusión financiera: es extorsión pura, es robo con contrato. Ninguna persona sin capacidad de pago debería recibir crédito, porque eso solo la empuja a la morosidad, le mancha el récord y la expulsa del sistema financiero. Eso lo sabe cualquier economista serio.
La prueba es brutal y está a la vista: más de 715 mil cobros judiciales. Personas a las que el propio sistema financiero les prestó a tasas tan abusivas que las cuotas se volvieron impagables. Primero los exprimen, luego los manchan y después tienen el cinismo de decir que el problema es la ley. No: el problema es la usura.
Esos ciudadanos excluidos no llegan al sistema informal por gusto; los empujaron. El orden es claro: usura legal → quiebra personal → mancha crediticia → gota a gota. No al revés.
En Europa, Japón y países serios, las tasas máximas rondan el 24% y no hay exclusión financiera. Aquí al trabajador le pagan 4,5% por sus fondos de pensiones y con esa misma plata le prestan al 51%, y todavía reclaman el derecho de cobrar 70%. Eso no es riesgo, no es mercado. Eso es saqueo. Y el que lo defiende no defiende a los pobres: defiende su cruel negocio. Hasta la derecha de Estados Unidos ha reaccionado contra la estafa de la usura.
– Economista.
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