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Pensión, confianza y dignidad en la vejez
Welmer Ramos González
Existe hoy un movimiento social que presiona con fuerza para que quienes ya se pensionaron, o se pensionen de aquí al año 2030, puedan retirar el 100% de su ROP. No se trata de devolverlo a todos los trabajadores, sino únicamente a quienes alcancen la jubilación en ese periodo.
Este planteamiento no surge de la nada. Hasta el año 2020, a prácticamente todas las personas que se pensionaban se les entregaba la totalidad de los fondos del ROP. La razón era conocida: el régimen aún no había alcanzado la madurez necesaria para funcionar como una verdadera pensión complementaria. Se decía, de forma reiterada, que sería alrededor del 2030 cuando el ROP permitiría complementar entre un 10% y un 20% la pensión del régimen solidario. Sin embargo, una reforma legal cerró abruptamente ese portillo.
Quienes se oponen a entregar el ROP en un solo monto, señalan que, eso compromete seriamente la seguridad económica del pensionado, pues aumenta el riesgo de que esos recursos se agoten en poco tiempo. Que las personas tienen debilidades para la administración de fondos; y en cambio, un pago mensual garantiza un ingreso estable, reduce la posibilidad de agotamiento prematuro y protege la vejez ante gastos imprevistos. Con lo que se cumple el verdadero propósito del sistema: complementar la pensión básica con estabilidad a largo plazo, no entregar un capital fácilmente dilapidable.
El problema es que las personas que hoy llegan a la edad de retiro enfrentan una realidad económica dura, ante la cual la sociedad ha ofrecido pocas respuestas solidarias. Al jubilarse, el ingreso mensual cae cerca de un 40%. Las posibilidades de encontrar un trabajo remunerado son casi nulas para los adultos mayores. El sobreendeudamiento que viven es alto y caro. El acceso al crédito bancario para emprender prácticamente desaparece por razón de edad. Al mismo tiempo, las necesidades de salud aumentan, mientras se deterioran los servicios de la CCSS y se insiste en la supuesta insostenibilidad del sistema de pensiones solidarias.
La jubilación, que debería ser una etapa de descanso y tranquilidad, se ha convertido en una fuente de zozobra social y personal.
A esta situación se suman otros factores que alimentan la desconfianza. Las pérdidas recientes en los fondos del ROP, la escasa rendición de cuentas accesible y entendible para las personas cotizantes y pensionadas, la excesiva asociatividad entre operadoras de pensiones, y en algunos casos la cercanía a grandes grupos financieros genera preocupación en la sociedad.
En la génesis del ROP se prometió, que estos recursos se invertirían en el país, en proyectos de largo plazo y bajo riesgo: carreteras, generación eléctrica, esquemas BOT(1) con el Estado, vivienda y desarrollo del mercado de capitales. Se dijo que esto abarataría el costo de vida, impulsaría el desarrollo nacional y protegería a los cotizantes. La realidad es que el sistema financiero, incluidos los entes supervisores, ha hecho poco para cumplir esas promesas. Han optado por la comodidad de administrar e intermediar grandes volúmenes de dinero sin realizar los cambios estructurales anunciados. Luego se argumenta que en Costa Rica no hay suficientes opciones de inversión y se envía una porción importante de los recursos al exterior, asumiendo riesgos elevados, como lo demuestran las pérdidas de los últimos años.
Tampoco es cierto que la devolución del ROP a quienes se jubilan implique la desaparición de los fondos. Con apenas 2,0 puntos porcentuales de la rentabilidad anual podría financiarse esa devolución, sin provocar desbalances en el mercado financiero nacional ni reducir de forma significativa la masa total de recursos.
Según cifras de la SUPEN, la rentabilidad a tres años del ROP ronda entre el 3,5 % y el 4,5 %. Esto genera situaciones difíciles de justificar. Una persona con una deuda de ¢20 millones en tarjetas al 30% paga alrededor de ¢6 millones anuales en intereses, mientras su ahorro en el ROP le genera apenas ¢900.000 al año. Incluso puede estar ocurriendo que su propio dinero financie su deuda. Se afirma que la diferencia se justifica por el riesgo y porque la pensión es inembargable. Sin embargo, esto es una verdad a medias: los bienes del pensionado sí pueden ser embargados, al igual que los fiadores.
El dilema también está ligado a la voracidad del sistema financiero, que ha sobreendeudado masivamente a la población, y a la desidia del sistema político para crear salidas humanas, decentes y solidarias frente a este problema. No es casual que existan más de 715.500 casos de cobro judicial. En ese contexto, muchas personas buscarán sobrevivir con los recursos que tengan a mano.
En el fondo de esta disputa hay un problema de credibilidad. Quienes se oponen a la devolución del ROP y quienes la defienden chocan en el terreno del interés público y de las valoraciones normativas. El debate no se resuelve explicando únicamente qué es una pensión y cuáles son sus virtudes. Existe una complejidad social mayor, con ganadores y perdedores, donde valores como justicia, equidad, transparencia y conveniencia social son plenamente válidos. El sistema de pensiones debería priorizar el bienestar de las personas sobre la comodidad del sistema financiero.
Finalmente, existen dos posiciones claras. Unos advierten que devolver el ROP puede llevar a que muchas personas lo dilapiden rápidamente y queden sin un ingreso complementario a largo plazo. Otros sostienen que esos recursos permitirían pagar deudas abusivas, emprender pequeños negocios o, al menos, vivir con mayor dignidad.
Mientras no se reconstruya la credibilidad del sistema y no se atiendan las condiciones reales que enfrentan quienes se jubilan, cualquier respuesta será incompleta. Pensar el ROP exige ir más allá del miedo al despilfarro o de la defensa del status quo, y colocar en el centro la dignidad, la justicia y el bienestar de las personas.
1. BOT es una modalidad de concesión usada para desarrollar infraestructura pública con participación privada.
– Economista
