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Rodrigo Rivera Fournier
Dicha agenda, se compone de propuestas ajustadas al montaje de lo que en términos políticos se ha llegado a denominar, “autocracia electoral”. Esta sería una forma de gobierno en la que si bien las elecciones conservan su papel como vía para nombrar al gobernante legítimo, las reglas del juego se modifican de manera que las posibilidades futuras de ganar elecciones de la oposición se hacen más difíciles y hasta ilusorias y el mando se ejerce ignorando la pluralidad democrática y el respeto a los frenos y contrapesos propios del sistema de la democracia liberal representativa.
Así encontramos en la propuesta del extesorero, medidas de fortalecimiento de la figura y mando del presidente, el debilitamiento de la Asamblea Legislativa, medidas de disgregación de las organizaciones políticas y la apertura irrestricta de las vías de la democracia directa, que le son tan queridas a los populistas, mientras puedan apoyarse en las enormes y efectivas maquinarias de propaganda estatal que construyen.
De las medidas que propone, destaca la reelección continua por una vez del Presidente. Esto permitiría que el Presidente estuviera en su puesto al menos ocho años si no se modifica la duración del período presidencial. Otra medida que se propone es crear la posibilidad por parte del Poder Ejecutivo de disolver el Congreso, suponemos que a la manera de los sistemas parlamentarios, implicando una nueva elección de la totalidad de los diputados. Esto sin los correspondientes mecanismos parlamentarios de censurar al Ejecutivo y mandarlo para la casa.
Otra de las medidas pretende eliminar las limitaciones constitucionales y legales actuales para el referendo y crear mecanismos para que “el Pueblo” revoque nombramientos, tema éste que hay que suponer se haría respecto de diputados, contralor y magistrados dado que ya existe para los alcaldes. Dentro de las limitaciones que los incomodan, suponemos que podrían estar la exigencia de al menos un 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral para convocarlos o la participación de al menos un 30% o 40% dependiendo del asunto, de los ciudadanos inscritos para su validez, la prohibición de no poder convocar más de un referendo por año ni seis meses antes de las elecciones presidenciales, o las materias vedadas como la presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, y la aprobación de préstamos y contratos o la posibilidad de que una iniciativa de referendo propuesta por el Ejecutivo sea consultada a la Sala Constitucional o requiera como ahora de la aprobación legislativa para proceder.
Sin contrapesos, un mecanismo claramente emocional susceptible de ser manipulado mediante la más descarada propaganda como fue visto en Colombia, Reino Unido, Irlanda, Hungría y Tailandia recientemente, y en manos de populistas es más una ruleta rusa que una dosis de democracia.
Una medida más que se propone, consiste en derogar el requisito constitucional de que los candidatos a puestos de elección popular deban ser necesariamente postulados por un partido político. Esto, propuesto por la diputada Cisneros ya ha hecho sonar las alarmas por sus implicaciones sobre la democracia representativa, la vulnerabilidad ante el dinero ilegítimo y la dilución de la responsabilidad de los electos frente a la ciudadanía.
Otras medidas afectan a la Asamblea Legislativa debilitándola frente al Ejecutivo: establecer que a cada cantón le corresponde un diputado implicando la desaparición de cantones para que el número total sea de 57 y la desaparición de los diputados nacionales, resultando todos los diputados de naturaleza territorial y de elección unipersonal mayoritaria. Esto se complementaría con la obligada renovación de la mitad de la Asamblea a la mitad del período presidencial. Este sistema eliminaría a las minorías electorales de base nacional y pondría al Presidente en la capacidad de optar por aumentar sus diputados a medio período atacando a aquellos eventuales diputados provenientes de cantones ganados por la oposición.
Pero los mayores cambios se aplicarían al Poder Judicial, aparte de proponer el despido por ley a la salvadoreña de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones y abolir el sistema vigente de reelección de los magistrados, propone sacar a la Sala Constitucional del Poder Judicial, sacar al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y pasarlo al Ministerio de Seguridad y pasar la Fiscalía General y la Defensa Pública al Ministerio de Justicia. Implica la subordinación de los instrumentos de justicia al Ejecutivo y el despojo al Poder Judicial quitándole sus atribuciones de contrapeso y reduciéndolo a resolver pleitos comerciales y administrativos comunes.
Dentro de los proyectos, se habla de crear un sistema moderno y seguro de votación como si el existente hubiera demostrado fallos. Y también, la abolición del pago de la deuda política a los partidos. Sin duda independientemente de que sean necesarias mejoras en su distribución y control, la desaparición de la contribución estatal será un golpe a la participación de partidos sin raíces plutocráticas.
Otras propuestas como la revisión de la autonomía de las universidades estatales o derogar y proscribir las convenciones colectivas atentan contra el modelo de Estado que ha inspirado a los costarricenses desde la constituyente de 1949.
Al ver esta propuesta de agenda no es posible saber, si es simplemente la interpretación por un fanático de los odios del señor Presidente o si es el verdadero proyecto latente en la nueva autoproclamada nueva élite, una Costa Rica autocrática, no solidaria ni de paz, aunque con elecciones cada vez más condicionadas y sesgadas para alejar a las corrientes sociales de participar en las decisiones sobre temas colectivos que las afectan.
– Abogado
