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La seriedad de la política en broma y con fisga
William Hayden Quintero
Este lucrativo negocio comenzó con la reforma al artículo 96 de la Constitución obligando al Estado a financiar a los partidos políticos que participan en las elecciones. Antes el Estado no tenía vela en el entierro, cada partido se rascaba con sus propias uñas, con dineros de los dirigentes, aspirantes a un puesto de elección, donaciones de simpatizantes, pero como los procesos eran muy caros (organización política, mantenimiento de las estructuras partidarias, capacitación a los militantes, gastos electorales, liquidación administrativa del proceso electoral, etc), los partidos pasaron a depender de grandes aportes de ricachones, cafetaleros (es histórico como estos en el Club Unión escogían al presidente), empresarios, medios de prensa, y como no hay almuerzos gratis se tenían que pagar las facturas con favores tales como puestos de contribuyentes y parientes en el gabinete, embajadas, organismos internacionales, participación en negocios (licitaciones públicas), concesiones, exenciones y exoneraciones fiscales, todo lo cual propiciaba la pérdida de objetividad, alta dependencia, y conflictos de interés en el ejercicio del gobierno y en las legislaturas.
Para evitar esto y como constitucionalmente (artículo 93) el sufragio es una función cívica primordial y obligatoria se consideró que el Estado debería participar en el financiamiento del sufragio y en este sentido el 18 de julio de 1956 con la Ley N°2036 se le introdujo 4 reformas al artículo 96 en el siguiente sentido: a) la contribución del Estado sería del dos por ciento (2.0%) del promedio del presupuesto de la República en los tres últimos años, b) cada partido recibiría una cantidad tal, que esté en estricta proporción con los votos recibidos, c) para participar en la contribución los partidos en escala provincial o nacional deberían tener una votación igual al 10% de los votos totales y d) para recibir la contribución deberían comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremos de Elecciones (TSE).
Pero como al apetito por la contribución estatal crece golosamente los partidos políticos con diputados en el Congreso (los ratones cuidando su queso) mediante ley N°7675 de 2 de julio de 1997 se modificó otra vez este artículo para que la contribución del Estado sea del cero diecinueve por ciento (0.19%) del producto interno bruto del año tras anterior (en realidad ha sido del 0.11%) y dicha contribución es para cubrir sus gastos en el proceso de elecciones y satisfacer sus necesidades de capacitación y organización política, y les dio la libertad a que sean ellos los que fijen los porcentajes correspondientes a estos rubros. Pero hay más. Como el requisito del 10% de la votación era muy alto se bajó al cuatro por ciento (4.0%) de los votos emitidos a escala nacional o los inscritos a escala provincial que obtuvieran como mínimo ese porcentaje en la provincia o eligieran, por los menos, un Diputado. Pero sigue habiendo más, el que tiene más galillo traga más pinol. También los partidos con sus diputados lograron modificar dicho artículo para recibir adelantos de la contribución estatal.
Así comenzó a operar el negocio electoral y nació el Multipartidismo. Los vivillos se dieron cuenta de que era un buen negocio hacer un partido político, con cualquier ideología, eso es lo de menos (de por sí ya no sirven), llenar el manual de cien páginas del TSE para constitución de partidos, inventase los estatutos o copiarlos, reunir 50 militantes nacionales y tener lista la agrupación para participar en las elecciones con la esperanza de comerse parte del queque de la contribución estatal o alquilarlo como taxi a algún aventurero con ínfulas presidenciales.
Lo grave de esta historia es que no se terminó con lo que se quería evitar. Los partidos y sus candidatos siguen recibiendo a escondidas donaciones y contribuciones privadas en efectivo, ya no es en cheque ni en Sinpe para no dejar huella, que las ocultan al TSE. Algunas de estas donaciones se las deja el candidato y no pasan a la tesorería del partido, por esto hay quienes repiten y repiten, para tener cada cuatro años una buchaquita. En el pasado hubo muchos financiamientos con capitales internacionales, de iglesias evangélicas y se pusieron de moda los fideicomisos para ocultar nombres y armar financiamientos paralelos, se hacen chanchullos con facturas de gastos no realizados, y los infractores siguen participando en las elecciones. Ahora los carteles de la droga participan dando donaciones. ¿Estarán comprando partidos para lavar dinero? Quizás, quizás, como cantaba el pianista Nat King Cole.
El Partido Pueblo Soberano del movimiento chavista se inventó otro negocio, cobrarle a los que quieren ser diputados 750.000 colones por el derecho de inscripción y 1.500.000 colones de participación, en total 2.250.000 colones. Se apuntaron como cien buchones dejando en las arcas de alguien 225 millones de colones. Ya le pusieron un recurso de amparo por el abuso. Además, Laura Fernández tuvo que pagar casi cuatro millones para ser candidata. Le salió muy barato porque Carlos Hidalgo en el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) tuvo que pagar 40.0 millones, no él sino 22 financistas. Con el platal de la deuda política que recibió el Partido Liberación Nacional (PLN) de las elecciones del 2022, la bicoca suma de 5.990 millones de colones se dio el tupe de cobrarle 20.0 millones de colones a los cinco precandidatos. Así recogió otros cien millones.
Hay otro gran negocio la emisión de bonos deuda política. Solo Natalia Diaz del Partido Unidos Podemos (PUP) va a emitir ocho mil millones en bonos. En la campaña de Chaves, dicen qué él, pero de seguro Pilar y una familia Chaves y otros financistas compraron bonos con descuentos del 40% y se sacaron la lotería. Como Rodrigo ganó las elecciones se pagaron al 100%. Negocio legítimo.
Pero no todo es malo. El dinero de la deuda política que paga el estado (casi 25.000 millones de colones), más un estimado de 10.000 millones que aportan los candidatos, militantes y financistas de los partidos fluye hacia la economía. Se bañan de dinero, televisoras, medios de prensa escritos y digitales, influencers, troles nacionales y vietnamitas asesores políticos y de imagen, encuestadoras, hoteles, centros de convenciones, restaurantes, bares, cantinas, textilerías, empresas autobuseras, taxis, etc. Corre a raudales el dinero y los pobres siguen igual de pobres, se les usa en todos los discursos, en los planes de gobierno, en los debates con las promesas vacías, pero nada les llega del gran negocio electoral de cada cuatro años.
– Economista jubilado
