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Amy Goodman y Denis Moynihan
Donald Trump se convertirá nuevamente en presidente de Estados Unidos el lunes 20 de enero de 2025. Hasta entonces, sin embargo, el presidente Joe Biden seguirá ocupando el Despacho Oval de la Casa Blanca. En un discurso que pronunció el jueves en el Jardín de las Rosas ante su gabinete y su equipo de gobierno, Biden dijo: “Ahora tenemos 74 días para terminar el mandato, nuestro mandato. Hagamos que cada día cuente. Esa es la responsabilidad que tenemos ante el pueblo estadounidense”. Muchas cosas puede y debe hacer Biden en esta recta final de su presidencia, antes de desaparecer en el horizonte en un último viaje a bordo del helicóptero presidencial, el Marine One —a menos que, como lo hizo a lo largo de su carrera como senador, prefiera viajar a su residencia del estado de Delaware en tren—. El actual presidente de Estados Unidos dispone de un tiempo limitado para actuar, en el cual aún podría implementar muchas acciones positivas, como enmendar algunos de sus propios errores y contrarrestar algunas de las políticas que Donald Trump ha prometido poner en marcha desde su primer día en el cargo.
Primero y ante todo, Biden debería suspender todos los envíos de armas a Israel. Y punto. Ni una bomba más, ni una bala más. La masacre de civiles que Israel está cometiendo en Gaza está siendo descrita cada vez con más frecuencia como un auténtico genocidio transmitido en directo. Las fuerzas armadas israelíes están ahora obligando a toda la población del norte de la Franja de Gaza a marcharse hacia el sur. Esto se produce tras la publicación del llamado “Plan de los generales”, un plan redactado por oficiales militares israelíes retirados que propone denegar de manera sistemática toda ayuda humanitaria en el norte del enclave palestino, una estrategia que ha sido calificada de limpieza étnica. El periódico israelí Haaretz informó esta semana: “El Ejército [de Israel] ha comenzado la etapa de limpieza total del norte de la Franja de Gaza, a la vez que se prepara para mantener la zona bajo ocupción durante un largo tiempo”.
Israel está utilizando armas financiadas por los contribuyentes estadounidenses para exterminar a los palestinos en Gaza, en una clara violación de las leyes de Estados Unidos y del derecho internacional. Los gazatíes se encuentran atrapados, bajo un implacable asedio, rodeados por el ejército y la marina israelíes, al tiempo que drones armados, helicópteros y aviones de combate sobrevuelan su territorio. Están siendo expulsados de sus hogares, los someten al hambre, los bombardean, los atacan con francotiradores, los matan con proyectiles de tanques y se los obliga a vivir sin agua potable, sin saneamiento, sin hospitales operativos y sin los elementos básicos para sobrevivir. Todos los aspectos de la vida social, así como su cultura y su historia, están siendo borrados por los incesantes bombardeos israelíes y por las brigadas de demolición de las Fuerzas de Defensa de Israel, cuyos miembros sonríen mientras se toman selfis en el terreno. Nada de esto habría sido posible sin el apoyo de Biden.
El periódico Haaretz informó también, a principios de septiembre, que un “alto funcionario de la Fuerza Aérea le señaló al periódico que, sin el suministro de armas de Estados Unidos a las Fuerzas de Defensa de Israel, sobre todo a su fuerza aérea, Israel habría tenido serias dificultades para sostener su guerra más allá de unos pocos meses”.
Recientemente se filtró una carta que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, enviaron a las autoridades israelíes. En ella, los funcionarios advierten que si Israel no permite el ingreso inmediato de ayuda humanitaria estadounidense a Gaza, Estados Unidos detendrá el envío de armas a Israel. Se le dio a Israel plazo hasta el 13 de noviembre para cumplir con esa exigencia. Sin embargo, las leyes estadounidenses que regulan los envíos de armas no contemplan un período de gracia, por lo que el cese del suministro de armamento debería haberse efectuado de inmediato. A medida que se acerca la fecha límite, y con la situación en el norte de Gaza cada día más catastrófica, parece que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu —un firme aliado de Trump—, no tiene intención alguna de permitir la entrada de ayuda humanitaria al enclave ocupado.
En el ámbito interno, Biden tiene la posibilidad de evitar parte de la violencia que se anticipa que se desatará con el regreso de Trump a la presidencia.
Biden prometió poner fin a la pena de muerte a nivel federal durante su campaña electoral de 2020, después de que el entonces presidente Trump ordenara la ejecución, en sus últimos seis meses en el cargo, de 13 presos federales condenados a muerte. Con un simple trazo, Biden podría conmutar por cadena perpetua las sentencias de los 40 presos federales que actualmente enfrentan la pena capital. La lista de condenados a muerte a nivel federal quedaría vacía con esta medida y se le negaría así a Trump la posibilidad de emprender otra ola de ejecuciones. Biden también podría conmutar las sentencias de los cuatro prisioneros que están a la espera de ejecución por parte del sistema de justicia militar del Ejército de Estados Unidos.
Por otro lado, el actual presidente podría incidir sobre la deportación en masa de migrantes que Trump prometió llevar a cabo, uno de los pilares de su campaña electoral. Peter Markowitz y Lindsay Nash son profesores de derecho en la Facultad de Derecho Benjamín Cardozo de la Universidad Yeshiva, una universidad privada de Nueva York. Ambos docentes han retomado una línea argumental que varias organizaciones activistas habían impulsado en los últimos días de la presidencia de Barack Obama. La argumentación sostiene que “el presidente cuenta con la facultad constitucional para indultar a una amplia gama de inmigrantes que han cometido infracciones civiles de las leyes migratorias y proporcionarles así una protección duradera y permanente contra la deportación”.
Biden podría basarse en esta teoría jurídica verdaderamente innovadora para proteger a millones de inmigrantes indocumentados de las innumerables injusticias, en muchos casos ejercidas con violencia, derivadas de las ineficaces políticas migratorias de Estados Unidos. Una medida de este tipo probablemente sería impugnada en los tribunales, pero podría demorar lo que casi con certeza será un intento atroz de Donald Trump de deportar hasta 12 millones de residentes de Estados Unidos.
En estos días, mucha gente se está organizando para ver cómo hacer frente al nuevo mandato de Trump. Biden podría sumarse a esta resistencia, mediante las facultades constitucionales que le confiere su cargo como presidente de Estados Unidos, el cargo más poderoso del planeta.
© 2024 Amy Goodman
Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
