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William Hayden
Me dije: bueno, al fin el presidente está reconociendo la buena labor de la Contralora General de la República, está pidiendo cacao y fumando la pipa de la paz, pero al ratito se dio cuenta de que había metido las patas, se le cruzaron los cables y el aplauso era para Marta Esquivel, la presidenta Ejecutiva de la Caja.
Qué bochorno, que pelada. La tiene tan odiada que su recuerdo y figura (la de la Contralora) habitan en su mente, consciente e inconscientemente. El presidente es un caso típico de los pacientes de Freud.
El alegrón de burro se me transformó en una profunda tristeza y preocupación cuando ese mismo día en la conferencia de prensa al acusar al Fiscal General de autoritarismo por el arresto el lunes 23 de Marta Esquivel y siete miembros de los altos mandos de la Caja (directores, gerente y exdirectores) por el presunto sobreprecio por ¢12.4100 millones anuales en la adjudicación a cinco cooperativas para administrar 138 Ebais por 10 años, dijo furioso, fuera de sus cabales y en tono amenazante: “Estén listos, porque Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar. Yo y mi gabinete estamos dando la cara y vamos a poner el pecho, ¿qué va a hacer usted compatriota? ¿No ve lo que está pasando?» Y llamó a la ciudadanía “a estar lista en caso de que sea necesario”.
El caso del Barrenador como lo bautizaron, no es un autoritarismo ni una invención de la fiscalía general. La propia Auditoría Interna de la Caja en un extenso estudio advirtió a la Junta Directiva y a Marta Esquivel, la presidente, del sobre precio en las licitaciones y de otras anomalías, la Junta de Adquisiciones también se pronunció en contra, y la Junta Directiva de la Caja no hizo caso de estas dos instancias serias y responsables.
En cambio, y en especial los representantes del Poder Ejecutivo nombrados por el Consejo de Gobierno, asumiendo funciones administrativas que no les corresponden, comenzaron a involucrarse, manosear y redactar artículos importantes del cartel de licitación para favorecer a ciertas cooperativas. Fueron juez y parte.
La Contraloría General de la República -advertida de esta situación- realizó sus investigaciones y llegó a la misma conclusión de la Auditoria y advirtió a la Fiscalía de esas anomalías y el daño que se le iba a hacer a la Hacienda Pública con contratos por la suma de ¢471.000 millones con precios excesivos en más de un 33% del costo razonable. Además, extendieron el plazo de la contratación que suele ser de un máximo de 4 a 10 años.
Aquí no hay persecución contra nadie, aquí lo que hay es un presunto, tremendo y nauseabundo CHORIZO de la Junta Directiva en favorecer bajo la figura de tráfico de influencias a ciertas cooperativas y con toda seguridad eso no lo hicieron a lo Maria Teresa de Calcuta, ni por altruismo, y de alguna forma que desconocemos, es de esperar el cobro de una comisión o gratificación por esas adjudicaciones.
Esta puede ser la realidad y no una persecución autoritaria de la fiscalía general. Este es el reflejo de cómo quiere manejar el presidente las licitaciones, brincándose todos los procedimientos de contratación, clamando porque no haya controles, también como pretendía con Ciudad Gobierno, que lo dejen hacer y repartir y desde luego se presume cobrar por esos favores.
Es probablemente la corrupción campante y galopante de funcionarios públicos de un gobierno que se comprometió a combatir esa corrupción, reconociendo el impacto tan perjudicial que representa en el buen funcionamiento de las instituciones y que socaba la credibilidad y la legitimidad de nuestro sistema democrático e institucional.
La corrupción, es el peor rostro de nuestra democracia. Pero descaradamente ciertos funcionarios públicos lo siguen haciendo.
Se quejan de brutalismo porque metieron en la perrera a Marta Esquivel y a otros de los presuntos delincuentes. Que eso nos es humano, atenta contra los derechos de las personas. Puede ser. Pero se les olvida que a Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República y exsecretario de la OEA, el fiscal de ese entonces, Francisco Dall´Anese, lo arrestó a la salida del aeropuerto y lo metió en la perrera judicial. Y nada de caritas.
En la edad media, en la ciudad de Barcelona, a los delincuentes, confesos o no, los amarraban de espaldas a un burro, y ponían al animal a caminar por un sendero lleno de gente a ambos lados de la vereda armados con garrotes para apalearlos en las espaldas como castigo.
Ahora hay que contratar limusinas o autos de alta gama para llevarlos a las cárceles.
“Estén listos, porque Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar” Esto es delito de sedición (incitar al alzamiento colectivo y violento contra la autoridad y el orden público).
El presidente está irrespetando el orden constitucional e institucional del país, está incitando a parte de la ciudadanía que lo sigue dócil y ciegamente a que lo acuerpen, posiblemente, para darse un auto golpe de Estado en el que él se perpetué como dictador en el poder, rompa el orden constitucional e institucional del país, le ponga candados al Poder Legislativo y Judicial, a la Sala Cuarta y desaparezca, como lo pretendía con la Ley Jaguar, a la Contraloría, para hacer sin control lo que le dé la gana, posiblemente en su favorecimiento y el de su camarilla.
El presidente Chaves el 1° de mayo del 2022 en la Asamblea Legislativa en la investidura de la banda presidencia, leyó su discurso que título: “COSTA RICA. LO MEJOR ESTA POR VENIR”.
Se equivocó, debió titularlo: “Costa Rica lo peor está por venir”, y comenzó a llegar desde el 8 de mayo del 2022, cual si fuera una triste premonición del libro: “1884” de George Orwell, una distopia del control gubernamental, la vigilancia, la manipulación de la información, la distorsión del lenguaje con el fin de imponer el miedo y usurpar el poder.
Cierro con una cita de Edmund Burke: (padre del liberalismo ingles). “Lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada”. Yo protesto y no me callo.
– Economista y escritor.
