Romaric Godin
En una columna publicada el martes 17 de septiembre de 2024, varios intelectuales de todo el mundo se pronunciaron a favor de Brasil en su enfrentamiento con X, anteriormente Twitter, la plataforma de Elon Musk. Lo que está en juego no es solo el enfrentamiento entre el multimillonario californiano y el presidente brasileño, sino, según la columna, la «soberanía» de los Estados frente a las grandes empresas tecnológicas, comúnmente conocidas como las «Big Tech».
Tras esta noción de soberanía están la democracia y el Estado de derecho. Un Estado democrático toma decisiones y establece un marco legal para la libertad de expresión, y es precisamente esto lo que X y, de manera más general, las Big Tech están atacando de diversas maneras.
Recordemos rápidamente la situación en Brasil. El principal juez de la Corte Suprema del país, Alexandre de Moraes, decidió a finales de agosto bloquear X en el territorio brasileño, donde la plataforma contaría con unos 40 millones de suscriptores. Con la sentencia se trataba de obligar al grupo de Elon Musk a nombrar un representante legal para responder a ciertas acusaciones, como la difusión de noticias falsas, discursos de odio y declaraciones antidemocráticas.
Para el juez brasileño, lo que X intentó hacer fue «escapar al control jurisdiccional» del país. Por una razón evidente: imponer una agenda política en un país profundamente dividido y amenazado por la extrema derecha. X logró, al menos temporalmente, volver a las redes brasileñas el miércoles 18 de septiembre, a través de un sitio de terceros, Cloudflare, que Brasil tendría dificultades para bloquear, ya que permite dirigir el tráfico de millones de sitios web.
Avasallar a los Estados
Para los autores de la columna, la cuestión no se limita a la política interna de Brasil. Lo que Elon Musk busca imponer es, sobre todo, un gobierno favorable a sus intereses, es decir, un gobierno que acepte la sumisión a las lógicas de depredación de las grandes empresas digitales. En este sentido, el caso brasileño va mucho más allá de Brasil.
Los intelectuales firmantes de la columna piden que «las Big Tech cesen sus intentos de sabotear las iniciativas brasileñas destinadas a crear capacidades independientes en inteligencia artificial, infraestructura pública digital, gestión de datos y tecnología en la nube». Según Cédric Durand, economista de la Universidad de Ginebra y autor de Techno-féodalisme (La Découverte, 2020), Brasil intenta desarrollar tecnologías en el campo de la inteligencia artificial médica y lingüística, pero se enfrenta a los monopolios de facto de los grandes grupos, especialmente en servicios de almacenamiento de datos en la nube.
El duelo entre Brasil y X es solo la punta del iceberg en una relación cada vez más compleja entre los Estados y los gigantes digitales. «La intención de reducir la asimetría de la economía digital es inalcanzable para un país como Brasil, lo que significa que este tema concierne a todos los países del mundo, excepto quizás China y Estados Unidos», explica Durand.
Retomando la perspectiva del tecno-feudalismo, los Estados estarían siendo avasallados por las Big Tech; es decir, se verían obligados a someterse a las condiciones establecidas por sus «señores feudales» para acceder a servicios esenciales, que, con la inteligencia artificial, serán cada vez más indispensables. Entre estas condiciones se incluyen elementos cruciales como el acceso a recursos naturales, materias primas y electricidad.
El desafío es considerable: se trata de determinar cuál será el margen de maniobra de los Estados frente a este poder. Y precisamente, lo que Musk busca evitar a toda costa es cualquier forma de autonomía del Estado respecto a este poder digital. Su apoyo a la extrema derecha puede ser ideológico, pero también es, sin duda, un apoyo al bando que aceptará este avasallamiento.
El libertarismo digital
Aquí, la cuestión de la libertad de expresión se cruza con la del avasallamiento. Musk y la extrema derecha estadounidense se indignaron ante la prohibición de X en Brasil, considerándola como «censura» y un ataque a la «libertad de expresión». Pero su visión del free speech es la de sus referentes libertarios, como Murray Rothbard. Una breve incursión en su pensamiento es interesante porque sitúa la «libertad de expresión» por encima incluso de la democracia, una noción que desprecia. Si la libertad de expresión destruye la democracia porque es «lo mejor», entonces la democracia debe desaparecer sin más. La libertad de expresión libertaria puede parecer atractiva porque pretende no tener límites, pero en realidad es la aprobación de las relaciones social preexistentes.
Cuando una empresa tiene la capacidad de almacenar, controlar y poseer los términos del debate público, como es el caso de X, Google o Apple, la democracia ya no es «libre»; está bajo la tutela de quienes instrumentalizan la «libertad de expresión» para imponer sus propias decisiones y determinar el acceso efectivo al espacio público. Por supuesto, todo el mundo puede ser formalmente libre para expresarse, pero lo que contará, lo que tendrá peso, lo que prevalecerá, lo elegirán en realidad los gigantes digitales.
La alianza entre estos gigantes y la extrema derecha libertaria, cada vez más estrecha, es lógica: permite eludir las garantías democráticas, debilitar a los Estados en beneficio de intereses privados y crear un entorno desfavorable a los intentos de recuperar el control del espacio mediático, instrumentalizando cuestiones raciales y migratorias. El objetivo final es reducir al Estado a un simple actor privado, eliminando cualquier forma de soberanía.
Los gobiernos de extrema derecha están encantados de compartir el poder con los gigantes digitales. Aceptan de buen grado este sometimiento, que de facto adopta la forma de una creciente privatización de las funciones del Estado. Por eso no es de extrañar que el presidente argentino, Javier Milei, proclamado libertario y admirador de Murray Rothbard, fuera uno de los principales críticos de la decisión de Brasil. «Sólo un tirano podría tomar una decisión tan opresiva», dijo, provocando una protesta oficial de Brasilia, que calificó sus comentarios de inaceptables. Pero es cierto que el modelo de Milei para Argentina es Irlanda, precisamente el ejemplo de un país tan avasallado por las Big Tech que, durante años, rechazó el dinero que le debía Apple…
Detrás de la guerra de trincheras entre X y Brasil se esconde, pues, la introducción de una nueva forma de «control» estatal que recuerda a la «disciplina de mercado» impuesta a los países por el FMI y los mercados financieros. Además, los defensores de esta disciplina de mercado, como Javier Milei, son también defensores de la dominación digital. El objetivo último, pues, es reducir el Estado a un mero actor privado aniquilando toda forma de soberanía.
La respuesta: el servicio público global
Cédric Durand resalta que esta presión de las Big Tech es más fuerte que la de los mercados financieros. «Los mercados financieros usan el chantaje contra los Estados, pero las empresas digitales pueden obligarlos directamente», señala. En la Amazonia, el servicio de comunicación satelital Starlink, propiedad de Musk, es el único medio de conexión a Internet para decenas de miles de personas, lo cual representa una herramienta de presión significativa. Sin embargo, el multimillonario estadounidense no utilizó esta táctica de presión, aunque Brasilia utilizó los fondos de Starlink para pagar las multas de X… Pero está claro que los gigantes digitales tienen formas de responder que no se pueden ignorar.
¿Existe una alternativa a este avasallamiento? Cédric Durand explica que el objetivo de la columna no es sólo alertar del peligro de esta dependencia, sino también establecer «un frente internacional a favor del servicio público» de la tecnología digital. Puesto que nadie parece poder escapar a la necesidad de estas tecnologías, es esencial liberarse de este dominio para desarrollar el acceso del mayor número posible de personas en condiciones democráticamente validadas. En resumen, un servicio público. Sin embargo, como señala Cédric Durand, las soluciones nacionales son ineficaces frente a los gigantes digitales. «Plantear la cuestión del acceso a los servicios públicos digitales sólo puede hacerse en el marco de una alianza internacional», añade. En otras palabras: defender la soberanía de un país requiere cooperación internacional.
Esto puede sonar utópico, pero no lo es tanto como parece. La Unión Postal Universal, por ejemplo, fundada en 1874, demuestra que ha sido posible establecer sistemas de compatibilidad y cooperación entre servicios públicos internacionales. La escala es obviamente diferente, pero el caso brasileño y varios otros ejemplos de tensiones entre Big Tech y gobiernos muestran que no se puede descartar una resistencia a la apisonadora digital privada. «Por primera vez, parece posible plantear la cuestión de un servicio público mundial», afirma Cédric Durand. Esto es precisamente lo que ha hecho Brasil al decidir recortar la X.
Romaric Godin es periodista desde 2000. Se incorporó a La Tribune en 2002 en su página web, luego en el departamento de mercados. Corresponsal en Alemania desde Frankfurt entre 2008 y 2011, fue redactor jefe adjunto del departamento de macroeconomía a cargo de Europa hasta 2017. Se incorporó a Mediapart en mayo de 2017, donde sigue la macroeconomía, en particular la francesa. Ha publicado, entre otros, La monnaie pourra-t-elle changer le monde Vers une économie écologique et solidaire, 10/18, 2022 y La guerre sociale en France. Aux sources économiques de la démocratie autoritaire, La Découverte, 2019.
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