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Un jurado de EE.UU. ordena a la compañía Chiquita pagar reparaciones por haber financiado escuadrones de la muerte colombianos
Amy Goodman y Denis Moynihan
“Trabajo toda la noche con una copa de ron
La luz del día llega y me quiero ir a casa
Apilo bananas hasta que llegue la mañana
La luz del día llega y me quiero ir a casa
Vamos, señor contador, cuente mis bananas
La luz del día llega y me quiero ir a casa”
Esta semana, un jurado de un tribunal federal de Miami ordenó a la multinacional Chiquita Brands International pagar 38 millones de dólares por haber financiado a un grupo paramilitar de extrema derecha que mató a trabajadores de la industria bananera en Colombia. Miles de trabajadores bananeros han muerto en ese país a lo largo del último siglo, pero este caso, que se abrió paso a través del sistema judicial federal de Estados Unidos durante más de 17 años, representa el primer veredicto de un jurado que aborda específicamente el asesinato de ocho trabajadores.
Marco Simons, director jurídico de la organización EarthRights International, formó parte del equipo legal que representó a las familias de los trabajadores asesinados. Durante una conversación que mantuvo con Democracy Now! luego del fallo, Simons expresó: “El jurado dictaminó que Chiquita financió a los escuadrones de la muerte del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante un período de al menos siete años”. Las AUC, o Autodefensas Unidas de Colombia, eran un violento grupo paramilitar que Estados Unidos designó como organización terrorista. Simons continuó: “Básicamente, Chiquita se asoció con los [grupos] paramilitares. Financiaron voluntariamente a estos grupos con el fin de proteger a Chiquita de las organizaciones guerrilleras de izquierda y poder operar sin conflictos en la región bananera de Colombia. […] Estas ocho muertes representan solo el comienzo, y no el final, de la posible responsabilidad penal de Chiquita por sus acciones. Estas muertes suponen menos del 1% de las demandas por asesinatos que se han presentado contra Chiquita en los tribunales estadounidenses. Se han interpuesto miles de demandas”.
Esta no es la primera vez que la multinacional comparece ante los tribunales por financiar a grupos paramilitares que asesinaron a trabajadores de las bananeras. Simons explicó al respecto: “En 2007, Chiquita fue declarada culpable de un delito federal por haber realizado transacciones financieras con una organización terrorista, las Autodefensas Unidas de Colombia, lo cual contravenía la ley federal de Estados Unidos. Pagaron una multa de 25 millones de dólares en ese momento, pero ninguna parte de ese dinero fue a parar a las víctimas de sus acciones”.
Chiquita es la corporación multinacional que surgió de la tristemente célebre United Fruit Company, una enorme empresa que ejerció dominio económico en varios países de América Central y del Sur, entre ellos Colombia, durante años. La United Fruit Company apoyó a gobiernos autoritarios en toda la región y presionó con éxito al Gobierno de Estados Unidos para que derrocara, en 1954, al presidente de Guatemala elegido democráticamente Jacobo Arbenz, después de que este implementara varias reformas laborales y agrarias destinadas a mejorar las condiciones de los trabajadores en el país. El entonces secretario de Estado estadounidense, John Foster Dulles, se había desempeñado como abogado de la United Fruit, y su hermano, Allen Dulles, dirigía la CIA. United Fruit Company operó desde 1899 hasta 1984, cuando el empresario multimillonario Carl Lindner Jr., oriundo de la ciudad de Cincinnati, estado de Ohio, cambió el nombre de la empresa a “Chiquita”.
El negocio de la comercialización de bananas genera enormes riquezas. En 2022, Estados Unidos importó bananas de Guatemala, Honduras, Costa Rica, México, Ecuador y Colombia por valor de 2.800 millones de dólares. Sin embargo, los trabajadores que cultivan, cosechan, transportan y “apilan” las bananas, como reza la canción, obtienen una parte sumamente pequeña de los ingresos.
Alistair Smith es coordinador internacional de Banana Link, una organización que promueve el comercio justo de bananas. En un artículo de opinión publicado en abril en la revista británica The Grocer, Smith expresó: “’Hay que aceptar la realidad’ fue el mensaje central de la gran mayoría de los miembros de la industria del banano en la conferencia del Foro Mundial Bananero que se celebró este mes en Roma. En un mundo en el que los precios de la fruta los fijan los supermercados, el mensaje enviado es claro: los precios que estos pagan a sus proveedores deben aumentar y la era de los precios súper baratos del plátano para los consumidores debe llegar a su fin”, escribió Smith. Smith lleva mucho tiempo abogando por salarios justos y condiciones laborales seguras y humanas para los trabajadores del sector bananero. En otro fragmento del artículo, Smith escribe: “Los precios deben ser lo suficientemente altos como para garantizar un salario digno para los productores de bananas. […] La migración masiva a Estados Unidos y España se debe a la falta de oportunidades económicas en los países productores de bananas”.
Las corporaciones multinacionales como Chiquita rara vez realizan mejoras en sus prácticas a menos que se vean obligadas a hacerlo. En la entrevista que mantuvo con Democracy Now, Marco Simons agregó: “El veredicto del jurado en este caso es una señal para las corporaciones estadounidenses de que no pueden considerar las vidas de las personas de los países en los que operan como un costo necesario para llevar a cabo sus negocios. Eso fue lo que hizo Chiquita en Colombia […] para producir bananas al precio más bajo posible. Y eso provocó la muerte de miles de personas, entre ellas las personas incluidas en esta demanda”.
Gracias al veredicto del jurado, la “luz del día” se ha asomado y ha expuesto las prácticas violentas que se esconden detrás de la etiqueta azul de cada racimo de bananas de Chiquita.
© 2024 Amy Goodman
Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
