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Rodrigo Arias Sánchez
Presidente Asamblea Legislativa
Discurso 2 de mayo 2024
Señoras y señores, buenas tardes.
Señor Presidente, este año conmemoramos el setenta y cinco aniversario de nuestra Constitución Política. Conviene recordar el mandato contenido en el artículo 11 que dice:
“Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.”
Ese principio de sujeción a la ley, que nos ata a usted, a mí y a todos los que hemos de servir a la patria, ha estado presente en nuestras diversas Cartas Fundamentales desde el Pacto de Concordia, aprobado en el nacimiento de nuestra independencia, hace más de 200 años.
Defender, respetar y promover la institucionalidad costarricense y nuestro Estado de Derecho, es una obligación ineludible, que trae consigo la evaluación permanente de nuestros actos en el ejercicio del mandato constitucional. Razón que nos congrega hoy
en este recinto.
Hemos escuchado sus palabras con el respeto que se merece su alta investidura y la atención debida que corresponde al acto supremo de la democracia representativa que da cuenta de la marcha de la República confiada en sus manos por la voluntad popular.
De nuevo, en los albores de su tercer año de mandato reitero la valoración que siempre hemos otorgado al diálogo, porque sin importar los tonos, a veces desabridos, nuestras convicciones democráticas nos obligan a la escucha respetuosa del contrario, buscando espacios para un entendimiento productivo y razonable.
Señor Presidente, reconozco y felicito el esfuerzo de su gobierno para erradicar trámites innecesarios que atentan contra el crecimiento y la recuperación económica de la nación. Esas iniciativas, que benefician tanto a emprendedores, empresarios y ciudadanos, se enrumban en la dirección correcta.
También le agradezco, señor Presidente, su participación activa en la comisión interinstitucional que creamos los presidentes de los tres Poderes de la República en noviembre del año anterior, para contribuir al esfuerzo de combatir la inseguridad ciudadana.
Confío en que la legislación que hemos aprobado, y aquella que aprobaremos, contribuya de forma significativa para reforzar a las fuerzas del orden.
Igualmente, me permito reconocer y aplaudir la diligencia debida de su administración, en el equilibrio macroeconómico de las finanzas del Estado. Eso ha merecido para Costa Rica un sensible mejoramiento de las condiciones de riesgo país y una mejor calificación de las emisiones soberanas de deuda pública para obtener condiciones financieras más atractivas para la inversión pública y privada.
Bajo la conducción de su mandato, siguen rindiendo frutos los resultados de la reforma fiscal de la pasada administración, resultado de un proceso de negociación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, donde privaron los intereses del país más que los partidarios y eso es de celebrar.
Poco a poco, se ha ido soltando la soga asfixiante de la deuda pública y el déficit fiscal.
Sin embargo, gobernar es siempre caminar en equilibrio en una cuerda floja, con fuerzas opuestas que nos empujan de un lado a otro, con el constante peligro de moverse hacia extremos que empujan al abismo.
Por una parte, lo social sin sustento fiscal es insostenible y, por otra, el equilibrio fiscal, sin inversión social, es peligroso, además de inhumano.
Y aquí, debo señalarle que divergen nuestras visiones. En el complejo balance de las rectificaciones fiscales jamás debemos encerrarnos solo en los números y equilibrios macroeconómicos.
Jamás podemos permitirnos alejar nuestra mirada solidaria, de la proyección humana en que se asienta la sostenibilidad histórica y política de un pueblo. Jamás sacrificar la inversión social en el altar de un malentendido ahorro meramente económico.
Y es que en la política se siembra el futuro y lo sembramos de cizaña o de esperanza. Lo sembramos de discordia o de entendimiento.
Señor Presidente, si bien reconozco varios de los logros económicos de su gestión, es igualmente mi deber señalarle, con enorme preocupación, que los principales indicadores sociales han desmejorado.
El Estado de la Nación ha venido señalando la creciente desconexión entre crecimiento económico y bienestar social, sobre todo entre los más vulnerables. Así no somos nosotros, así no queremos ser nosotros. Va en contra de todo lo más sagrado del costarricense, la cohesión social fundada en la solidaridad.
Es tan dramática esta situación, que de acuerdo con las mismas estadísticas oficiales de la OCDE que usted menciona, hoy somos vergonzosamente el primer país dentro de dicha organización con el mayor nivel de su población en pobreza y con la mayor desigualdad en la distribución de sus ingresos.
Los datos nacionales señalan con un doloroso dedo de reproche a una inmisericorde ausencia de prioridad social, en las políticas económicas de su gobierno.
Primero, resalta la educación, que, si en el 2017 tenía destinada un insuficiente 7.36% del PIB; en este año apenas llega al 5.49%, cada vez más lejos del deber cívico de asegurar a los hogares una educación de calidad.
Programas claves como Avancemos han sufrido el impacto de los recortes. Datos del IMAS nos dicen que el año pasado recibieron apoyo de Avancemos menos de 300 mil estudiantes, cuando en 2022 se apoyó a casi 400 mil.
En pocos años, esa estadística nos reventará en la cara. Casi 100 mil jóvenes menos apoyados para que estudien, harán más inseguras nuestras calles.
Señor Presidente, no tenemos que repetir y volver a repetir la importancia de la educación para el desarrollo nacional, para la economía del país, para la formación cívica de las personas, para la incorporación productiva de la gente a la vida nacional.
Frente a nosotros, en materia de educación solo se abre un panorama sombrío.
El daño que sufrirán las nuevas generaciones, si no se cambia de rumbo, es incalculable.
El país, señor Presidente, le pide hacer algo con urgencia.
En segundo lugar, no existe argumento alguno que pudiera justificar que la red de cuido se haya estancado, que cada vez cubra menos hogares, y que, además, -y aquí el dolor indigna-, que recortaron el 16% de los recursos para cada menor atendido.
Estos recortes en la Red Nacional de Cuido rompen el instante de oportunidad para la atención debida de los menores, así como la oportunidad laboral de la familia más humilde y más necesitada de apoyo. Esa es la familia de mujeres jefas de hogar.
En tercer lugar, cada vez menos costarricenses que sueñan con tener una vivienda, tienen acceso a un techo digno. Ha caído el número de viviendas construidas.
Mientras en el 2019 se beneficiaron casi 13 mil familias, en el 2023, tan solo se llegó a una cifra cercana a las 8 mil viviendas.
Es un descenso en picada hacia el precarismo donde el crimen y el narcotráfico encuentran el mejor terreno de cultivo.
En cuarto lugar, vierto mi mirada dolida a las 30 mil personas en listas de espera para obtener una pensión del Régimen No Contributivo.
No podemos permitirnos que eso continúe así. Si no hacemos algo, la pobreza total y extrema en la vejez se cuadriplicará para la mitad del siglo.
La mayor demanda insatisfecha de adultos mayores en desamparo dibujará un panorama nacional sombrío.
En quinto lugar, existe un aspecto de la vida pública en la que desembocan todas las miserias presupuestarias que nacen cuando la función pública se aísla del sufrimiento humano. Ese es el espacio de la seguridad ciudadana.
No en vano, los pueblos más seguros del mundo son aquellos en los que se disfruta de atención pública y se goza de equidad distributiva.
La inversión social es la forma preventiva de combatir el delito. El debido financiamiento de las fuerzas del orden y de su respaldo judicial e investigativo, son la forma inmediata de enfrentar la delincuencia activa.
Para eso se necesita reforzar el marco legal contra el delito y esta Asamblea Legislativa, en pleno, se ha abocado a la tarea de tramitar y aprobar los proyectos que han sido encomendados por la comisión de autoridades, así como la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
En sexto lugar, no olvidemos que el primer programa social es asegurar el empleo de nuestra población, especialmente la de la mano de obra no calificada en zonas rurales, lo cual está totalmente determinado por la salud competitiva de nuestras empresas.
Una política monetaria y cambiaria desequilibrada pone en peligro la sostenibilidad de nuestro tejido productivo nacional y amenaza al país con mayor desempleo y cierre de empresas, en su mayoría, micro, pequeñas y medianas, especialmente en las zonas rurales del país.
Señor presidente, además de los puntos anteriormente señalados, me veo en la obligación de referirme a su pretensión de utilizar el referéndum para someter a la consulta popular una serie de iniciativas de su interés.
Créame que conozco bien la figura del referéndum, pues soy quizás la única persona presente en este salón que ha negociado de forma exitosa con la Asamblea Legislativa la llamada a una consulta popular.
En abril de 2007 indiqué mi satisfacción de que el parlamento aprobara su convocatoria, porque aquello reforzaba la institucionalidad desde los Poderes de la República.
El uso del referéndum debe hacerse siempre según lo dispuesto en nuestra Constitución, en la ley y bajo el espíritu democrático por el cual fue creado.
Sin embargo, procurar el uso del referéndum como un mecanismo caprichoso y vengativo para ir contra los Poderes de la República y contra nuestra institucionalidad, es una vana pretensión que no encontrará terreno fértil en este congreso.
Señoras y señores:
Le repito, señor Presidente, esta nave, así no llega a puerto.
Usted ha sido el capitán designado por el voto popular y es su responsabilidad dejarnos más cerca de nuestros sueños de bienestar.
Por eso no está fuera de lugar entender que la barca en que todos navegamos se encuentra en alta mar.
Arriesgamos naufragar sino se gobierna con brújula y la proa avante. Sembramos esperanzas o cosecharemos tempestades.
Desde la Asamblea Legislativa, reiteradamente le extendí mi mano para construir ventanas de esperanza.
Sin embargo, su incesante e innecesario discurso confrontativo contra esta Asamblea Legislativa, contra el Poder Judicial, contra el Tribunal Supremo de Elecciones, contra la Contraloría General y contra cualquier otra institución o persona que no comparta su visión, no hace más que acercar a nuestra democracia hacia el despeñadero.
Este parlamento no va a permitir que nadie socave nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia.
Por eso le digo, señor Presidente: ¡rectifique! Tener diferencias de visiones es sólo natural.
Pero lo que no es costarricense es dejar que nuestras diferencias nos impidan acercarnos a una ruta de entendimiento.
Yo, señor Presidente, no he permitido que las diferencias me impidan la escucha respetuosa y llegar a acuerdos por el bien común.
En el inicio del tercer año de gestión, sigo abierto al diálogo y le extiendo, a pesar de todo, una vez más, mi mano.
¡Muchas Gracias!
