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Circunloquio
Yayo Vicente
Justicia Pronta y Cumplida
“No hay ningún sistema procesal en el mundo que sea perfecto”, nos recuerda el chileno Claudio Pérez García. El costo de los errores del sistema judicial es altísimo, porque eventualmente personas inocentes pueden terminar en la cárcel. En el mundo, los que estudian el tema, nos dicen que los errores judiciales están entre el 2,5% y el 4% de los casos que se juzgan. Es posible que esos datos no consideran a El Salvador de Nayib Bukele, que encarcela por tener un tatuaje y hace juicios masivos por ZOOM de hasta 900 personas de una sola vez, que según Naciones Unidas, “atentan contra las garantías del debido proceso” (El País, 27 de julio del 2023).
La sociedad costarricense buscó e implementó un sistema judicial garantista, es decir, que se decanta por las garantías constitucionales del ciudadano frente a posibles abusos por parte del poder público. En ese sentido, hemos aceptado el axioma donde “es mejor un culpable en libertad a un inocente preso”. En medicina diríamos que preferimos falsos negativos a los falsos positivos.
Encarcelar a un “falso positivo” o a un inocente, es gravísimo. No hay reparación alguna capaz de pagar el tiempo perdido de la persona que estuvo en la cárcel injustamente. Eso no tiene precio.
Hasta aquí pareciera que todos estamos de acuerdo, menos quienes abrazan la tiranía, los juicios sumarísimos, sin debido proceso, de los que hay muchos: desde quienes “jefean” grupos clandestinos hasta los dictadores confesos o disfrazados de democráticos. Así que son muchos a quienes les tiene sin cuidado encarcelar o matar inocentes.
“Los juicios ejemplarizantes, los programas televisivos exponiendo a los presuntos delincuentes y los actos de repudio, sean físicos o por las redes, deben cesar por tres razones fundamentales: no son éticos, no son legales, no son educativos”, nos señala el cubano Dagoberto Valdés Hernández y estamos de acuerdo con él y sus tres razones.
Tampoco podemos estar de acuerdo con juicios que se llevan una vida entera, con prácticas dilatorias y con invalidación de pruebas con leguleyadas. Cuando se dicta sentencia, ya el caso dejó de existir en la memoria colectiva. Eso nos acerca a la impunidad, que tampoco está bien y los juicios que se eternizan, buenos para los honorarios de los abogados, son malos para el acusado, que termina entregando muchos años de su vida a la incertidumbre de un resultado judicial.
“Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre”, nos decía la abuela Cotile, a quien le gustaba el justo medio. El derecho de justicia pronta y cumplida está establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de Costa Rica: […] todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación […] y en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo número 8 cita que: «Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente […].»
El sistema judicial de Costa Rica le debe al país los plazos, para que los juicios sean resueltos en un tiempo razonable, ajustado al caso en concreto y los factores que intervienen.
Linchamiento
El linchamiento es un acto de barbarie, irracionalidad y un retroceso civilizatorio. La justicia para-estatal desafía dos principios básicos: primero, el necesario sometimiento de los ciudadanos al sistema jurídico formal, y segundo, el monopolio legítimo del uso de la fuerza únicamente por parte del Estado.
La palabra posiblemente se origina en el vocablo inglés “lynching”, a partir del apellido irlandés Lynch. James Lynch Fitzstephen, alcalde de Galway (Irlanda) en el siglo XV, famoso porque en 1493 ahorcó a su propio hijo tras acusarlo de asesinato.
Un linchamiento es la ejecución por parte de una turba amotinada a un sospechoso, precedida de un arresto ciudadano, para aplicar la justicia pronta, sin esperar al proceso legal. Es ilegal, inhumano, y criminal.
Honor
El honor es un tema delicado, hace poco tiempo fue motivo principal de “duelos”, nuestra Constitución Política no destaca al honor como derecho fundamental, aunque el Código Penal si tipifica la injuria, la calumnia y la infamia. La inmaterialidad y la intangibilidad del derecho al honor lo rodea de un “halo” especial, de un cierto “misterio” en torno a su definición y a su significado. “El bien jurídico honor es el más sutil, el más difícil de aprehender con los torpes guantes del Derecho Penal y, por ello, el bien jurídico que goza de la protección menos eficaz de nuestro sistema de Derecho Penal”, nos explican los maestros Friedrich-Chr, Schroeder Ratisbona y Manfred Maiwald.
Mi abuela Cotile nos contaba el cuento del confesado que le confiesa a su confesor el haber obrado en contra del honor de alguien y solicita penitencia y absolución. El confesor le ordena romper una almohada de plumas en lo alto del campanario, para luego bajar a juntarlas y armar nuevamente a la almohada. El daño al honor es irreparable.
Vivimos en la sociedad de la información, a la prensa escrita se le sumó la radio y la televisión y luego se agregó INTERNET y las redes sociales, que atentan a los derechos de la personalidad, al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Con los teléfonos inteligentes, todos andamos una cámara y una filmadora y a un “click” de publicar datos de carácter personal.
Es cierto que al mismo tiempo se abren espacios para el ejercicio de la libertad de expresión, sin duda algo bueno y un triunfo, pero no olvidemos las amenazas a los derechos tan personales como el honor, la intimidad y la propia imagen. El acelerado progreso lleva un equilibrio inestable que deja atrás al bloque de legalidad y la gestión judicial.
Esa realidad no nos debe animar para hacer linchamientos mediáticos y en redes sociales y afectar para siempre el honor de las personas. No defiendo a Luis Amador (“Dios no lo quiera”, me diría mi abuela Cotile), pero al despedirlo le pusieron ese perfume con tufo de corrupción, lo enviaron al circo romano para ser comido por los leones. Un linchamiento grosero, altanero y sin consideración alguna. No debe ser porque no es ético, no es legal y tampoco educativo, como nos lo recuerda el cubano Dagoberto Valdés Hernández.
Morbo
Hablar mal del prójimo se ha convertido en un deporte nacional. Hemos normalizado una conducta que de ninguna forma se justifica o nos dignifica. El progreso moral lo podemos evaluar por las pasiones fundamentales que determinan el comportamiento de las personas y se puede determinar combinando solo dos conceptos:
- Lo “PROPIO” y su contraparte, lo “AJENO”
- La “ALEGRÍA” y su contraparte, la “TRISTEZA”
Cuando se combinan en una tabla tetracórica (o de doble entrada), se obtienen cuatro sentimientos distintos. Dos POSITIVOS y dos NEGATIVOS.
Es la cultura y el refinamiento espiritual de cada sociedad, la que permite que predominen los POSITIVOS, o por el contrario, los NEGATIVOS.
El comportamiento en colectividad de las personas se rige por dos “motores” del PROGRESO MORAL y dos son “frenos” de su progreso y avance. El “morbo” es la raíz de la resistencia al Progreso Moral. Alegrarse del mal ajeno, complacerse de la desgracia del otro. Es un sentimiento negativo que impide cualquier mejora. Busca que los demás estén mal, para poder estar bien.
Lleguemos al final de este CIRCUNLOQUIO, el linchamiento no debe verse como algo aceptable, el morbo no debe ser guía de conducta, mucho del cambio para mayor progreso moral, está en nosotros mismos, la otra parte la tiene el Poder Judicial que debe poner plazos a su gestión y dejar de darnos a los ciudadanos la sensación de impunidad, el grillete de juicios eternos y la salida al equivocado linchamiento contra el honor sagrado de cada uno de nosotros.
CIRCUNLOQUIO. Viene del latín circumloquium. El Diccionario de Real Academia Española lo define como: “Rodeo de palabras para dar a entender algo que hubiera podido expresarse más brevemente”.
