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Enero 3, 2024
Ken Bredemeier
La Corte Suprema de Estados Unidos desempeñará en las próximas semanas un papel clave en el destino político del principal candidato republicano a la presidencia, Donald Trump.
Dentro de diez meses, los votantes estadounidenses volverán a elegir a un presidente, pero antes de que acudan a las urnas, la Corte Suprema de Estados Unidos podría desempeñar, en las próximas semanas, un papel fundamental en el destino político del principal candidato republicano, el expresidente Donald Trump.
Más de tres años después de perder su intento de reelección, Trump enfrenta una serie de obstáculos para recuperar la Casa Blanca, sobre los que el tribunal más alto del país, de nueve miembros, podría tener la última palabra, ya sea en detrimento o beneficio de Trump.
El exmandatario reclama inmunidad judicial por cuatro acusaciones penales sin precedentes que abarcan 91 cargos por los que podría ser juzgado en los próximos meses.
También está luchando contra las decisiones de dos estados de mantenerlo fuera de las boletas de las elecciones primarias presidenciales republicanas de 2024 por su papel en la supuesta incitación a una insurrección de sus partidarios en el Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando intentaron, sin éxito, evitar que el Congreso certificara que Joe Biden lo había derrotado en las elecciones presidenciales.
Actualmente, la Corte Suprema no está lista para considerar las impugnaciones de Trump a los fallos en su contra, pero eso podría cambiar rápidamente a medida que los tribunales inferiores escuchen los casos, y Trump, los fiscales del gobierno y otros seguramente apelen cualquier fallo adverso en su contra ante la Corte Suprema.
El alto tribunal ya acordó revisar el caso de un oficial de policía acusado de obstruir un procedimiento oficial del Congreso (la certificación de la victoria de Biden en el Colegio Electoral) que también podría afectar a Trump. El policía sostuvo que los fiscales utilizaron erróneamente un estatuto de fraude corporativo generalmente reservado para personas que manipulan documentos y pruebas.
Los fiscales han aplicado la ley para acusar a más de 300 alborotadores del Capitolio, y constituye la base de dos cargos contra Trump en un caso de Washington presentado por el fiscal especial Jack Smith, que lo acusa de conspirar ilegalmente para revertir su derrota electoral de 2020 ante Biden, su oponente demócrata.
El tribunal escuchará el caso del policía en su mandato actual y podría anunciar su fallo en algún momento de junio, mucho después del inicio programado para el 4 de marzo del caso de fraude electoral en Washington.
En términos más generales, Trump está haciendo la audaz afirmación de que tiene inmunidad absoluta contra el enjuiciamiento porque cualquier acción relacionada con las elecciones que tomó ocurrió mientras aún era presidente a fines de 2020 y principios de 2021.
Es el marco de tiempo en el que los fiscales alegan que conspiró con socios clave para socavar ilegalmente la voluntad de la mayoría que favoreció a Biden en varios estados clave en disputa política para que pudiera anular la votación en esos estados para permanecer en el poder por otros cuatro años.
En Estados Unidos, los presidentes no son elegidos por el voto popular nacional, que Biden ganó por 7 millones de votos en 2020. Más bien, los presidentes de Estados Unidos, y sus compañeros de fórmula vicepresidenciales, son elegidos a través de la votación en 50 elecciones Estado por Estado, y los estados más poblados tienen la mayor cantidad de votos electorales en el Colegio Electoral.
Unos 2.000 partidarios de Trump retrasaron la eventual certificación del Congreso de la victoria de Biden en el conteo de votos del Colegio Electoral hace tres años cuando irrumpieron en el Capitolio, peleando con la policía y saqueando algunas oficinas del Congreso.
El fiscal especial Smith argumenta que nadie está por encima de la ley y es inmune al enjuiciamiento, ni siquiera un expresidente como Trump, el primer líder estadounidense acusado de delitos penales. La jueza federal Tanya Chutkan, que preside el caso de fraude electoral, estuvo de acuerdo con el fiscal y dictaminó que Trump no tiene derecho a un «pase para salir de la cárcel».
También está en cuestión la afirmación de Trump de que no puede ser procesado por ningún papel en los disturbios del 6 de enero en el Capitolio porque la Cámara de Representantes lo acusó por sus acciones antes de que terminara su mandato presidencial, aunque el Senado lo absolvió más tarde a principios de 2021 después de que dejara el cargo.
Trump sostiene ampliamente que no puede ser procesado penalmente ahora en relación con el caos del 6 de enero porque el Senado ya lo absolvió en un procedimiento político.
Smith pidió a la Corte Suprema que acelerara una decisión sobre el reclamo de inmunidad de Trump de enjuiciamiento, pero los jueces se negaron y devolvieron el caso a un tribunal federal de apelaciones en Washington.
El tribunal de apelaciones ha programado una audiencia sobre la disputa para el 9 de enero y podría fallar relativamente poco después, lo que establece la probabilidad de una pronta apelación ante la Corte Suprema por parte de la parte perdedora.
La Corte Suprema podría entonces dejar que el fallo de apelación se mantenga o decidir escuchar los argumentos legales en el caso y emitir su propio fallo, tal vez, pero no con certeza, a tiempo para permitir que el juicio por fraude electoral comience en marzo.
La Corte Suprema incluye a tres jueces nombrados por Trump, pero en casos anteriores relacionados con las elecciones de 2020 ha fallado en contra del expresidente.
Es probable que el tribunal se enfrente a un nuevo caso directamente relacionado con las elecciones de 2024 después de que la Corte Suprema de Colorado, en el oeste de Estados Unidos, excluyera a Trump de la boleta de las elecciones primarias republicanas en el Estado debido a una disposición constitucional de Estados Unidos que prohíbe a cualquier persona ocupar un cargo público que participe en una insurrección para derrocar al gobierno.
Algunos grupos activistas y críticos de Trump han acusado a Trump de ser un insurrecto al instar a sus partidarios a «luchar como demonios» para bloquear la certificación del Congreso de la victoria de Biden en el Colegio Electoral. Con el mismo razonamiento que en Colorado, un funcionario electoral en el estado nororiental de Maine también sacó a Trump de la boleta electoral allí.
Con las apelaciones ya en curso, la Corte Suprema podría tener que tomar una decisión rápida a nivel nacional sobre la elegibilidad electoral de Trump. La primera votación presidencial comienza con asambleas electorales en el Estado de Iowa, en el Medio Oeste, el 15 de enero, y las elecciones primarias están programadas en todo el país en las semanas siguientes.
«Tenemos plena confianza en que la Corte Suprema de Estados Unidos fallará rápidamente a nuestro favor y finalmente pondrá fin a estas demandas antiestadounidenses», dijo el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung.
Trump ha denunciado los enjuiciamientos en su contra, calificando a Smith de trastornado y diciendo que las acusaciones equivalen a una «caza de brujas política» por parte de la Casa Blanca de Biden para evitar que vuelva a ganar la presidencia. Trump ha negado haber actuado mal.
Smith, el fiscal del Departamento de Justicia, también acusó a Trump de manejar mal documentos clasificados de seguridad nacional de Estados Unidos al acumularlos en su propiedad junto al mar de Mar-a-Lago, en el Estado sureño de Florida, después de dejar la Casa Blanca.
Un fiscal estatal en el Estado sureño de Georgia lo acusó de fraude electoral de 2020 en ese Estado y un fiscal de Nueva York lo acusó de falsificar registros comerciales en el conglomerado inmobiliario de su familia para ocultar pagos de dinero por silencio a una estrella de cine porno antes de su exitosa candidatura a la presidencia en 2016.
Voz de América
